Marcos Soto: “Productividad, inclusión social e inserción internacional son los tres pilares clave”

Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, destacó que los agentes de inversión “han internalizado que en Uruguay los principales actores políticos, en algunos temas, han alcanzado consensos”.

Productividad para ser más competitivos; inclusión social para mitigar tensiones y aprovechar un crecimiento futuro; e inserción internacional para mejorar la colocación de productos y atraer inversiones, “deberían ser los pilares clave para Uruguay”, sostuvo el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, Marcos Soto. En entrevista con VERDE, el académico analizó que los agentes de inversión “han internalizado que en Uruguay los principales actores políticos en algunos temas han alcanzado consensos”. Señaló que algunos de esos temas son: los equilibrios macroeconómicos, la disciplina fiscal, el cuidado de los recursos públicos, el control de los niveles de deuda y su gestión, y el respeto a las reglas de juego para evitar incertidumbre o inestabilidad. “Esto explica por qué Uruguay ha tenido una trayectoria económica y social diferente de la región”, valoró.

En cuanto a la atracción de inversiones y a la generación de un clima de negocios razonable, consideró que Uruguay “tiene varios aspectos por mejorar”. A propósito, señaló que “muchas regulaciones han perdido vigencia y continúan generando distorsiones y sobrecostos”. Y que el país “debería priorizar la simplificación de trámites, evitar la duplicación de requisitos entre ministerios y avanzar en el uso de tecnología”. 

Soto también analizó los alcances de un impuesto global a la renta promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las economías desarrolladas. 

¿Cómo estuvo el clima de negocios en este año electoral?

Durante un proceso electoral siempre hay expectativas sobre lo que pueda suceder. Sin embargo, hemos comenzado a acostumbrarnos –y creo que es una buena costumbre– a que los agentes han internalizado que en Uruguay los principales actores políticos en algunos temas han alcanzado consensos, aunque no lo expresen abiertamente, porque necesitan diferenciarse para captar votos. Estos consensos implícitos se refieren principalmente a los equilibrios macroeconómicos, disciplina fiscal, al cuidado de los recursos públicos, al control de los niveles de deuda y su gestión, y el respeto a las reglas de juego para evitar incertidumbre o inestabilidad. Creo que estos consensos reflejan aprendizajes de los últimos 20 o 25 años, que explican en parte por qué Uruguay ha tenido una trayectoria económica y social diferente de la región. Esto también se alinea con las ideas de Daron Acemoğlu, reciente Premio Nobel de Economía, quien sostiene que el desarrollo económico y social está estrechamente vinculado con la calidad institucional. En tiempos en que a veces se cuestiona el valor de las instituciones republicanas y las democracias, es importante reivindicar los consensos entre los principales bloques ideológicos uruguayos. La alternancia en el poder y los acuerdos sobre el rol del Estado, donde a algunos eso les gustará más o menos, ha generado certezas sobre el marco en donde los inversores toman decisiones. 

¿Para el inversor hoy queda de lado el sesgo ideológico de quién esté al frente del gobierno?

Sí, creo que sí. Tanto los analistas como los formadores de opinión debemos transmitir tranquilidad a los agentes a partir de lo que ha ocurrido en la práctica durante los últimos años. Por supuesto, existen diferencias en énfasis, prioridades y formas de ejecución, ya que no todo es idéntico, y no creo que todo sea igual. Sin embargo, esos consensos generan estabilidad y certeza en el accionar del país.

¿Para los inversores el país viene haciendo los deberes para generar un marco interesante y fluido?

En cuanto a la atracción de inversiones y a la generación de un clima de negocios razonable, Uruguay tiene varios aspectos por mejorar. En el análisis los inversores suelen considerar varios niveles, por un lado está la estabilidad económica, jurídica y social, que es el pilar básico, y eso está garantizado en Uruguay. Un segundo escalón está vinculado con la carga tributaria, que siempre es un factor decisivo y afecta a cualquier plan de negocios. En ese aspecto podrían surgir novedades en el próximo quinquenio, debido a cambios y nuevas tendencias en el mundo, como el impuesto global corporativo mínimo del 15% a la renta, impulsado por la OCDE y los países desarrollados. Eso de algún modo hackea a aquellos países que han tenido a los beneficios tributarios como herramienta de promoción de inversiones. 

¿Este tipo de lineamientos llegan y hay que incorporarlos independientemente del gobierno de turno?

Sí, hay que incorporarlos. Incluso el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, que podría considerarse contrario a estas corrientes, ha modificado sustancialmente el régimen tributario uruguayo, que se basa en el principio de la fuente y territorialidad, gravando solo las actividades realizadas en el país por los activos localizados en Uruguay. Sin embargo, en este quinquenio, por presiones de la OCDE, esa idea se ha perforado y en algunos extremos las empresas quedan sujetas a impuesto a la renta aún por las actividades que realizan en el exterior. Así como llegó eso, también vendrán por este impuesto global.

¿Qué impactos puede generar un impuesto global a la renta?

No es que haya que asustar a la gente, pero hay que analizar bien este tema. Que haya un impuesto global a las empresas no significa que Uruguay termine por amputar toda su política de beneficios tributarios y fiscales para promover la inversión. Hay que entender y comprender la tendencia global, aunque será muy difícil escaparle. Esta norma está diseñada para las grandes corporaciones y grupos multinacionales con un nivel de facturación muy elevado, por encima de los US$ 800 millones por año. Hay tres tipos de empresas. Las grandes multinacionales, que si bien están en Uruguay son las menos, a las cuales les podría caer este impuesto global y, por lo tanto, el país debería tener algún tipo de respuesta, por lo menos para poder capturar parte de esos recursos y que no sean tributados en la casa matriz. Luego están las empresas regionales, muchas de ellas no llegan al nivel de facturación requerido y quedarían por fuera del impuesto, por lo cual Uruguay podría mantener un sistema tributario flexible, donde los beneficios fiscales sean un motor o un incentivo a invertir. Y por último está el gran entramado empresarial uruguayo, que son las pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría de capitales nacionales, que también usufructúan los beneficios fiscales, pero tampoco les afectaría este impuesto. 

¿Esto puede llevar a una revisión de los beneficios tributarios que se aplican?

Ese cambio global efectivamente puede afectarnos y forzar una revisión de nuestros regímenes, pero hay que caminar despacio y entender bien el entramado empresarial que tiene Uruguay. También está el gasto tributario, que es la recaudación a la que el Estado está renunciando por los beneficios fiscales. Después es válida la discusión generada a partir de los beneficios fiscales, porque sin ellos no habría un alto nivel de inversión y, por lo tanto, de recaudación. Ese es un ejercicio que hace la DGI (Dirección General Impositiva). El 60% de las medidas que generan el gasto tributario tienen más de 30 años de vigencia, por lo tanto, marcar que Uruguay no tiene nada para revisar sobre el gasto tributario es al menos muy audaz. Posiblemente haya cosas para revisar, y posiblemente haya cosas que actualizar. Puede pasar que estemos incentivando actividades o sectores que ya no lo necesitan, y ese gasto tributario se puede redirigir para incentivar a otros que lo pueden estar necesitando. Hay que luchar contra algunos statu quo y revisarlos. Esta revisión no implica perjudicar a los sectores empresariales productivos, sino garantizar que los incentivos fiscales sean eficientes y estén alineados con las necesidades del país. Es un desafío administrar recursos limitados de manera estratégica y efectiva.

¿Qué velocidad pueden tomar estas tendencias globales en función de los cambios políticos que se están dando? Por ejemplo, con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En lo que respecta al impuesto global, el regreso de Trump no tendría un impacto directo, ya que su implementación está en marcha y no hay manera de frenarla. Existe un amplio consenso en la OCDE, y entre las economías desarrolladas para llevarlo adelante, y es difícil que se revierta. Es cierto que el gobierno de Trump está promoviendo una reducción significativa de impuestos corporativos, donde la tasa bajaría de 21% al 15%. Este cambio, que probablemente se apruebe debido a las mayorías en el Congreso, apunta a compensar el impacto que genera la suba de aranceles. La idea detrás de esta reforma es compensar los costos adicionales derivados de la mayor protección a ciertos sectores estratégicos, lo que puede generar sobrecostos para empresas y consumidores. Sin embargo, estas políticas no cambiarán la tendencia global hacia el impuesto mínimo corporativo que ya está vigente. De hecho, algunas empresas instaladas en Uruguay, particularmente en zonas francas, que usufructúan de la exoneración full de impuestos en el país, comenzarán a pagar impuestos en los países de origen por las rentas generadas aquí. Algunas de estas empresas ya están planteando la posibilidad de pagar algo de impuestos en Uruguay para evitar hacerlo en sus casas matrices. Este fenómeno afecta a un número reducido de empresas –entre 50 y 100 de las 120.000 registradas en Uruguay–, lo que permite un margen de diálogo al próximo gobierno para llegar a un consenso y aplicar las normativas de manera que sean funcionales a los intereses del Uruguay, sin amputarnos las piernas ni aislarnos del mundo. 

Hablaba de los escalones a la hora de evaluar el clima de inversiones, ¿qué tan competitivo es Uruguay?

Muchos agentes tienden a medir la competitividad a través del tipo de cambio. Sin embargo, debemos entender que el tipo de cambio es solo un precio más en la economía, y no es un valor administrado. En Uruguay el Estado ha renunciado a intervenir de manera directa en el mercado cambiario, aunque hay intervenciones indirectas, como el manejo de la tasa de interés. Uruguay debe buscar la competitividad por fuera del tipo de cambio y eso es sano, porque es la competitividad de largo plazo que debe contemplar otros factores claves como alcanzar tarifas públicas más competitivas, que surjan de una gobernanza de las empresas públicas mucho más profesional y transparente. Contar con infraestructura acorde. Una política tributaria que sea consistente con un modelo productivo y exportador. Alcanzar una inserción internacional que permita colocar nuestra producción de forma eficiente. Poseer reglas de juego claras en torno a las relaciones laborales, así como la inversión en innovación y desarrollo. La innovación no debe percibirse como algo abstracto. En Uruguay ya hay sectores productivos y exportadores que han mejorado su competitividad al incorporar tecnología. Hay que bajar a tierra el concepto innovación para que no parezca humo, porque significa pasar a caminos diferentes mediante la automatización de procesos, la tecnificación y la profesionalización, que aporten más eficiencia y mejores resultados. Corrigiendo algunos de esos aspectos que engloban la competitividad de largo plazo, rápidamente se podría estar un escenario similar al de un dólar de $ 50, porque en ese contexto no importará el valor del dólar sino lo que queda al pasar raya y ver los números.

¿Se debe revisar la regulación en determinadas áreas, que generan sobrecostos y atentan contra la competitividad?

Sin duda. Muchas regulaciones han perdido vigencia y continúan generando distorsiones y sobrecostos. Algunas fueron justificadas en su momento y nadie cuestiona para qué se pusieron, y siguen hasta el día de hoy. Todo eso genera distorsiones, costos, pérdida de tiempo. Uruguay tiene la oportunidad de mejorar en este aspecto gracias a su tamaño y alto nivel de digitalización, algo en lo que ha hecho bastante. El país debería priorizar la simplificación de trámites, evitar la duplicación de requisitos entre ministerios y avanzar en el uso de tecnología. La digitalización no solo facilita la operativa, sino que reduce tiempos y costos para las empresas, mejorando la competitividad. Las regulaciones se definen con objetivos de contralor o estadísticos, sin embargo también pueden tener efectos colaterales, como beneficiar a unos pocos en detrimento de la economía en general. Por eso, es fundamental revisarlas y adaptarlas para fomentar un entorno más eficiente y productivo. 

¿Qué proyecta para Uruguay en los próximos cinco años?

Espero que Uruguay logre ser más productivo. Esto significa alcanzar mayores niveles de eficiencia en la producción, lo que requiere inversiones en innovación, tecnología y desarrollo. Por otro lado, Uruguay debe trabajar en generar una mayor inclusión social. Tenemos una sociedad fragmentada y cada vez más violenta, eso es algo que me preocupa profundamente. Además, el país debe esforzarse por abrirse al mundo, lo que implica movilizar las estructuras del Mercosur y aprovechar coyunturas regionales favorables. Es crucial impulsar cambios profundos en el bloque, que permitan su apertura. Productividad para ser más competitivos; inclusión social para mitigar tensiones y aprovechar un crecimiento futuro; e inserción internacional para mejorar la colocación de productos y atraer inversiones deberían ser los pilares clave para Uruguay. Cada uno de estos pilares requiere de un nivel de profundización. Por ejemplo, para abordar la fragmentación social es imprescindible enfocarse en la educación. Actualmente la tasa de egreso de la educación secundaria es muy baja, la mitad de la población no finaliza el liceo. Esto limita gravemente el nivel de desarrollo al que podemos aspirar, ya que una parte significativa de la fuerza laboral potencial tiene una formación insuficiente. El crecimiento económico se basa en agregar valor a los recursos, pero si una gran parte de la población no está adecuadamente formada, el desarrollo se vuelve muy difícil. Además, muchos niños nacen y crecen en situaciones complejas, lo que afecta etapas claves de su desarrollo intelectual y vital. Esto no solo fragmenta a la sociedad, sino que también condena a comunidades enteras a la exclusión y la pérdida de potencial. Uruguay también enfrenta un desafío demográfico, con una caída en la tasa de fecundidad que se traduce en una población cada vez menor. Esto implica menos niños, menos población activa en el futuro y, en consecuencia, menores niveles de mercado y desarrollo. Este desafío debe ser entendido y abordado como parte de una estrategia integral. Por eso, cada dimensión debe trabajarse en profundidad. Estos tres pilares constituyen un trípode esencial para el desarrollo del Uruguay.