Mattos: “Hay que saber por qué no existe un mayor ritmo de incorporación del riego”

Ante la demanda de subsidios y apoyos del Estado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, recordó que los ejercicios anteriores fueron positivos y “no podemos socializar pérdidas y concentrar ganancias”

Ruben Silvera
ruben@infoagro.com.uy

El impacto de la sequía en la producción y en la economía de Uruguay, las medidas de apoyo a los diferentes sectores por la emergencia agropecuaria, las posibilidades de importación de forraje desde los países vecinos, los seguros agrícolas, subsidios, riego y el mercado chino, fueron algunos de los temas de esta entrevista con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, para esta edición especial por los 15 años de VERDE.

¿Cómo planifican la salida de la sequía?

Primero tenemos que ver la profundidad de las consecuencias de la sequía. Esto no terminó, las lluvias se van corriendo semana a semana. Los productores vienen tomando decisiones cuando ya se constata la irreversibilidad de los efectos. Hay afectación en todos los rubros, tenemos una sequía en todo el país, es un proceso prolongado, la zafra de verano va a estar muy golpeada, principalmente los cultivos que no han recibido lluvias o que no tienen riego. Se están pastoreando, enfardando, micropicando cultivos. Hay una vuelta de hoja porque el proceso productivo no tiene reversión y esto tendrá un alto impacto en la economía de los productores que registran pérdidas, pero también en la economía del país. Una menor disponibilidad de granos, es menos materia prima, menos transporte, menos servicios, menos transformación, menos jornales, menos exportaciones, menos buques en el puerto. Hay una cadena de servicios, trabajos, procesamientos y divisas que tendrá la pérdida de la riqueza genuina. Es mucho el dinero que no va a circular en la economía. 

¿Cómo evalúan las pérdidas en agricultura?

Desde la primera estimación se han profundizado drásticamente. Yo diría que la producción de maíz llega a hoy (primera semana de marzo) con 100.000 hectáreas perdidas, que han pasado a forraje. Eso tiene un lado bueno, pero es la peor de las soluciones, porque no teníamos fibra. En el caso de la soja, si el promedio de cosecha del año pasado fue casi 3.000 kilos por hectárea, este año deberíamos estar por debajo de la mitad. Entonces tenemos, como mínimo, una caída de 1.500 kilos en el promedio nacional; se genera una pérdida que estará por encima de los US$ 700 millones de valor bruto. Además de todo el impacto en el proceso y el encadenamiento. Pero cada semana que pasa sin lluvias hace que las pérdidas se vayan incrementando, y serán superiores a las de la zafra 2017/18.

¿Qué medidas están evaluando?

En el sector agrícola quien saldrá airoso de está situación será el que riega, y el sector arrocero, porque se hace con riego por inundación. Los perjuicios por la falta de agua en las represas para el arroz no serán tan importantes frente a la proporción del área cultivada. Avanza la cosecha y los rendimientos son muy buenos. Y además encuentra un buen precio, porque Brasil está demandando, también todos los subproductos de la molinería del arroz tienen demanda y precio. Inclusive en función del incremento del valor del maíz, como cereal más utilizado en la industria de la nutrición, el arroz pasa a ser una opción. Estos elementos le aseguran al sector arrocero condiciones de precios  muy favorables en la exportación y en el mercado interno. La agricultura de secano venía de tres zafras muy positivas, y eso permitirá tener algo de espalda para poder sortear esta situación. Sin perjuicio de ello está el SIGA agropecuario, un instrumento para atender alguna situación que requiera mayor financiación por parte del productor. 

¿Se puede ampliar el SIGA?

Lo que se puede ampliar es el monto. Le hemos planteado al Ministerio de Economía el incremento del techo, porque la idea es atender a ese cliente medio, y en la agricultura se requerirá elevar el tope. Recordemos que los clientes de gran porte ya tienen sus propias líneas de crédito en los bancos. En la medida que tenga a su clientela atendida por los sistemas de garantía, también le permite al banco apalancar créditos de mayor dimensión. Además, ya está encaminada la decisión de extender el plazo del SIGA de 36 a 48 meses, lo que también es muy beneficioso para que podamos sortear esta etapa de falta de ingresos y sobrecostos diluyendo los vencimientos para más adelante.

¿Hay posibilidades de que los productores mantengan la categorización bancaria que tenían antes de esta situación? 

La categorización bancaria no se afectaría en este caso, por los corrimientos de los vencimientos por 180 días. 

¿Pero no se puede ampliar?

La recategorización está vinculada a los balances, no es un tema inmediato, hay tiempo para trabajarlo. Los balances cierran el 30 de junio, pero al 30 de octubre vencen las líneas del sector agropecuario. Seguramente lo que va a haber es un gran contraste entre el resultado del ejercicio pasado y el cierre de este ejercicio. Son normativas del Banco Central y llegado el momento conversaremos. Pero no debiéramos anticiparnos, está bien tenerlo en el radar, porque puede ser un factor de encarecimiento del crédito de los productores.

El Banco de la República busca amortiguar la suba de tasas internacionales. ¿El MGAP tiene alguna novedad adicional?

Es una decisión del Banco República (BROU). Sé que el directorio tiene ese espíritu de no traspasar toda la referencia de elevación de tasas internacionales al crédito doméstico. De alguna manera creo que el BROU ha dado alguna señal de ajuste a la baja. En este caso, con el SIGA, hay acceso al crédito al 5,5%, y el propio banco absorbe la tasa de comisión del fideicomiso del 0,6%.  

¿Qué medidas está tomando Uruguay para facilitar la importación de granos?

Lo vamos a abordar en el Consejo de Sanidad Vegetal (Cosave), asesor del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), donde los ministros de la región analizaremos la sequía. El objetivo es ver de qué manera podemos facilitar el tránsito de forraje. El gobierno ha resuelto bajar la tasa consular de una serie de nomenclaturas de distintos productos, lo que significa una resignación de US$ 6 millones de recaudación, porque entendemos que habrá un incremento de las solicitudes de importación de forraje. La región, a pesar de los problemas climáticos, tiene abastecimiento, fundamentalmente Argentina. Brasil también tiene disponibilidad de granos. Hay que facilitar el tránsito y que vengan directamente al productor. Se va a requerir agilidad por la necesidad de importación de mayor volumen. En el caso de Argentina juega en contra el encarecimiento del flete, lo estamos conversando en el gabinete. Los importadores nos transmiten que ese encarecimiento es de US$ 30 a US$ 40 por tonelada, y eso me parece que es totalmente inoportuno, especialmente en esta circunstancia.

¿Cómo sigue el trabajo con los seguros agrícolas que lleva adelante el MGAP?

Este será un año de resultados muy negativos para las aseguradoras. Quien contrató un seguro hizo una cobertura adecuada, pero las aseguradoras van a tener que pagar premios muy importantes y probablemente se elevará el factor de riesgo Uruguay. De los últimos seis años, en cuatro han pasado circunstancias climáticas adversas, las compañías, como cualquiera, buscan obtener una ganancia y el uruguayo no es muy afecto al seguro. Entonces, para quien se aseguró está muy bien, pero es un mercado pequeño y acá se busca contratar el seguro solamente cuando la perspectiva es que no lloverá y cuando se prevé que llueva no se asegura. La estabilidad es importante. Hemos tratado de estimular al mercado con la generación de información a través del plan piloto, y creo que funcionó bien en materia de más seguridades. 

¿Y el SOA agrícola que en algún momento manifestó, puede tener andamiaje?

No vamos a ir en contra de lo que el sector quiere. No voy a llamarlo seguro obligatorio, porque es una palabra muy fuerte, pero sí que los actores nos pongamos de acuerdo en ensanchar mucho la base de estabilidad del seguro. Tal vez un seguro por varios años puede ser algo razonable para las aseguradoras. Porque esa contratación anual determina que la entrada y salida de actores dependa mucho de la perspectiva climática. El año pasado las aseguradoras salieron con buenos números, porque se anunciaba una Niña y después eso se revirtió. Este año, la gente temerosa de que pudiera tener un quebranto productivo, contrató la cobertura de un volumen de hectáreas importante. Si no hay una contratación de más largo plazo o si no hay una estabilidad en la contratación, Uruguay se transforma en una plaza poco atractiva para las compañías de seguros. Además, el país es chico geográficamente, y no hay muchas posibilidades de diluir ese riesgo.

¿Está sobre la mesa el costo de asegurar versus las pérdidas de una sequía?

Sí, evidentemente da la impresión de que deberíamos conversar más con los actores de la agricultura. Hay que trabajar más en tratar de generarle un negocio de mayor dimensión a las aseguradoras y mayor estabilidad. 

En algún momento se mencionó que el Estado pueda subsidiar parte de ese costo.

Se piden muchos subsidios, exoneraciones tributarias, ayudas. Buena parte de las ayudas que hemos podido canalizar se dan por el ordenamiento de las cuentas públicas y una disciplina fiscal, que seguramente este año se va a deteriorar. En la rendición de cuentas del año pasado, que entró en vigencia a partir de este año, se expandió el gasto en cerca de US$ 270 millones. El presidente de la República, (Luis) Lacalle Pou anunció que los cambios en el IRPF tendrán a 60.000 beneficiarios, y el IASS otros 20.000, que suman US$ 150 millones. Toda esta renuncia fiscal es un compromiso del gobierno de aliviar la carga tributaria de la población. Ahora, incrementar subsidios al área de la producción, a un sector que le ha ido bastante bien desde el punto de vista de los resultados… No podemos socializar pérdidas y concentrar las ganancias sin una distribución adecuada. El sector agrícola, más allá de los sistemas tributarios, desde el punto de vista del IRAE tiene una cantidad de deducciones que le permiten salir bastante airoso. 

¿El mecanismo puede ir por las deducciones del IRAE?

Puede ser. Pero también algún beneficio de carácter financiero. Hay que hablarlo con la banca, y que todas aquellas empresas que adopten el seguro puedan tener una bonificación en la financiación, porque al banco también le sirve que el riesgo se reduzca. Todo eso debería estar en una especie de diálogo consensuado del sector, que apunte a ensanchar la base de la contratación de los seguros, si queremos que los seguros sean más baratos, sean más estables y que haya más compañías compitiendo. Cuando se desmonopolizaron  los seguros en el Uruguay el beneficio para el usuario fue enorme; hubo más compañías compitiendo y menores precios. En la agricultura es lo mismo. Si tenemos poca contratación en términos potenciales, pocas compañías disputando el mercado, vamos a tener un seguro caro. Tenemos que ensanchar la base y volver al diálogo. 

Más de una vez desde el MGAP se mencionó que sin información no hay posibilidades de avanzar en seguros, también que la adopción al plan piloto fue lenta; por otro lado muchas voces desde el sector productivo señalan que los seguros son clave. ¿Hay un contrasentido allí?

Parece que sí. El productor es poco afecto a generar información y a contratar seguros. No hay mucha cultura de seguro en el sector agropecuario. A pesar de que se está invirtiendo un volumen de dinero muy importante por hectárea, el seguro no está suficientemente arraigado. También es cierto que el productor saca la cuenta y muchas veces el autoseguro pasa a ser más importante. Y tal vez, sin querer afirmarlo –es una tesis que habrá que estudiarla y desarrollarla en profundidad– el Estado siempre está dando una mano para poder resolver los temas. Es razonable y es nuestra función tratar de encontrar las mejores soluciones. Pero claramente tenemos que partir por dos políticas para poder mitigar los impactos climáticos: las políticas de gestión del agua y de seguro, que tienen que ir de la mano. Y debemos tener alguna condición para generar una adhesión para estos instrumentos. 

¿Se va a crear un GACH en riego?

Vamos a convocar un grupo de expertos. No es para inventar la rueda, porque ya está inventada. El diagnóstico ya está. Hay mucha información disponible, hay que ordenarla y aterrizarla en políticas concretas, que lleven a identificar las restricciones, que son difusas. Hay que saber por qué no existe un mayor ritmo de incorporación del riego, cuando a las claras surge, especialmente en estos momentos, que la relación costo-beneficio es altamente positiva. La diferencia está entre cosechar 10.000 kilos de maíz por hectárea y no cosechar nada.  Debiéramos profundizar en identificar las restricciones de carácter agronómico, ambiental, de inversión, de estímulo tributario.

¿No está resuelto a través de la Comap?

La Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) ha sido un buen instrumento. Hay que preguntarse si es suficiente, porque también es cierto que atiende a los sistemas de mayor volumen. ¿Dónde queda el mediano en esa historia? ¿Cuánto tenemos de riego en ganadería?, ¿en pasturas?, ¿en lechería? Es muy poco. Son muy pocos los ejemplos y dicen que no hay más porque la cuenta no da. ¿Pero la cuenta no da o faltan estímulos para que pueda dar? Capaz que tenemos que hablar de un componente de subsidios. ¿Cuánto le va a costar esto al Uruguay? ¿No es más razonable que exista una política de apoyo, de estímulos? Me refiero al Prenader (Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego), porque fue el último ejemplo de política decidida a través del endeudamiento del Banco Mundial, que apoyó la construcción de reservorios de agua. Ojo, no digo que el Prenader haya sido la panacea. Fue una buena solución para muchos y para otros no. Tuvo problemas de diseño, de plazos, pero allí hubo un componente de subsidio, donde había una tasa de no retorno de la inversión. Hubo casos donde hasta el 50% era no reembolsable. En las obras multiprediales llegaba al 75% de subsidio. Algunos de estos sistemas siguen funcionando, otros no. Capaz que tenemos que tomar ese ejemplo y corregir errores. Pero fue la última gran iniciativa que impulsó reservorios y fuentes de agua en el país. Algunos son pozos de agua y son las fuentes de agua que están salvando a muchos productores más de 20 años después. Está claro que hubo muy buenas respuestas y muy buenos proyectos. Y puede haber otros, porque Uruguay tiene agua y topografía para embalsar. Tenemos que considerar los temas ambientales, pero también tenemos el agua y está mal distribuida. Hay que tratar de almacenar el agua para cuando falta, atajar todo aquello que se va al curso de los ríos y aplicar sistemas de distribución, porque no es solo acumular agua. Deben ser viables, se tiene que incorporar la sistematización, la profesionalización, la capacitación del personal. Es un cambio de enfoque del sistema productivo. 

Usted está en esa línea, también el BROU, UTE, muchos productores, otras autoridades, ¿qué está faltando para empezar?

 Falta un liderazgo, y por eso queremos que este grupo asesor nos haga un análisis completo de la situación. No es para salir a hacer diagnósticos costosos y largos, que ya están hechos, hay muy buenos trabajos. Es tomar esa información, procesarla e identificar cuáles son las restricciones para que haya una mayor adopción del riego. Por año se incorporan entre 6.000 y 7.000 hectáreas, y eso es absolutamente insuficiente para las necesidades. Uruguay tiene menos de 2% de la superficie productiva bajo riego, deberíamos tener como mínimo un 10%. Tenemos terreno y condiciones para hacerlo, y eso le daría al país una condición de adaptación al cambio climático y una resiliencia para no estar en el próximo episodio de sequía en la misma situación que tenemos ahora. Frente a un patrón climático que se ha modificado, debemos tener respuestas distintas.

¿Quiénes van a estar en ese grupo asesor?

Lo estamos definiendo. Puede haber más de un grupo, uno más técnico y otro más político. Y el técnico puede partir del área de la agronomía y del asesoramiento legal. Porque también hay que ver si las cuestiones constitucionales o la propia ley de riego tienen el impulso y la certeza que permitan avanzar. 

Varios actores mencionan a la política de Estado que tuvo la forestación como el ejemplo, ¿comparte esa visión?

Es un buen ejemplo de política de Estado exitosa. Después vinieron otras discusiones. La ley se promulgó en 1987, y el sector pasó de la nada a ser uno de los principales motores de las exportaciones de Uruguay y terminará siendo el principal rubro de exportación del país. ¿Qué se puede tomar como lección? Que haya un consenso. Por eso hay que llamar a un grupo asesor. Y no es solamente un tema técnico. Tiene que venir la discusión política y consensuar las distintas visiones de la sociedad, para construir una política de Estado consensuada de gestión del agua, que no es solo el riego. Es manejar en forma sostenible las fuentes de agua, defender nuestros acuíferos, aprovechar mejor el agua que escurre y se vierte sobre los ríos, para mejorar la producción y la calidad de vida de los uruguayos.  

¿También pueden avanzar los canales, como en el arroz? ¿Que en el litoral puedan salir del río Uruguay, por ejemplo?

Sí, claro, incluso desde el río De la Plata. El proyecto Neptuno tendrá como fuente al río De la Plata, y a través de un caño llegará agua potabilizada a Melilla. ¿Por qué no podemos tener un caño paralelo de agua bruta sobre el mismo trazado, que llegue a la zona de Melilla y que pueda abastecer o reponer el agua que le faltó a los granjeros de esa zona?

Y minimizaría el impacto de precios de una sequía en productos de la granja

Eso le preocupa a todo el mundo. Para paliar la situación se piensa en abrir la importación, pero la importación tampoco es garantía de baja de precio. Porque si fuera así no debería haber producción en Uruguay. Pero acá hay un tema de seguridad alimentaria, de calidad, el producto fresco hace adecuada la nutrición de los conciudadanos, en una región donde está el 60% de la población del país. Creo que esas fuentes de agua alternativas, como el río De la Plata, el río Uruguay, que ya se utiliza en algún caso en la caña de azúcar, deben tener un avance. Inclusive tendrá que estar acompañado de más investigación, academia, proyectos, capacitación del personal técnico y subalterno. Hay que tener un cambio de cabeza, pero es un tema de política de Estado y llevará muchos años poder concretarla. Pero es necesario, por la vulnerabilidad climática que tiene el sistema productivo.  

¿Ese es su mayor objetivo como ministro?

Es uno de ellos. El mayor objetivo es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, que le llamamos Senda. Es la visión de políticas de Estado consensuadas sobre la visualización de nuestra agropecuaria en los próximos 30 años. Una de las partes que importa es tener una mayor resiliencia, más capacidad de enfrentar estos fenómenos climáticos que son desestabilizadores. En esta emergencia agropecuaria, si bien la propuesta del gobierno es dar una ayuda para que nadie quede por el camino, evidentemente hay gente que va a estar muy golpeada. Eso no es sólo económico, acá hay una afectación de la moral, se agotan las reservas de todo tipo. El proceso fue muy prolongado, hay productores que están en su cuarta sequía consecutiva y esto afecta la psiquis de cualquier productor, que se despierta y se acuesta con este panorama desolador.

Uruguay tiene una concentración de las exportaciones en China, ¿cómo se busca la diversificación de mercados?

La concentración en China se dio sola, por demanda, precio y conveniencia. Eso puede verse como un defecto, pero también encierra una virtud: el principal mercado demandante de carne del mundo eligió a Uruguay como una alternativa segura de aprovisionamiento. Vamos a ir a China este año, así que apostamos a que ese mercado se pueda ampliar y ensanchar aún más en cuanto a productos y mejoras de las condiciones de acceso. 

¿Va usted y el presidente también?

El presidente creo que tiene agendado ir este año, pero en este caso lo razonable es que los ministros vayan antes, para ir preparando esa visita presidencial. 

¿Puede ser el despegue para avanzar en las negociaciones por el TLC?

Yo dejaría el TLC (tratado de libre comercio) por otro carril, más allá de que se avanza y ahora la pelota está del lado de China para iniciar los procesos de negociación. Más allá del TLC hay muchos aspectos para negociar en la mejora de acceso de productos, como sorgo, carne aviar, mondongo, entre otros.

El sorgo tiene el protocolo fitosanitario, pero el cumplimiento es difícil, ¿es posible mejorar las condiciones de acceso?

No creo que sea difícil, el protocolo no es tan exigente como el de Argentina y ese país exporta 1 millón de toneladas. Falta que se concreten negocios, hay producciones que están en curso, las que se cosechen ya pueden ir a China. 

¿Cree que ese es un mercado interesante?

Muy interesante.

¿Para usted el protocolo no es limitante?

No, para nada. Uruguay está habilitado a exportar sorgo destinado al consumo humano y animal. Allí hay una preferencia del mercado chino, porque ellos hacen un licor muy apreciado por sus consumidores, que establece una seguridad de demanda que puede ser un factor de desarrollo de este cultivo en varias zonas del país. 

Cofco negocia con Corporación Navíos la venta de su participación en Terminales Graneleras Uruguayas (TGU) en el puerto de Nueva Palmira. ¿Al ser una concesión del MGAP, es su ministerio el que autoriza la operación? ¿Ya está definido?

Es toda una ecuación que hay que estudiar. Hay que ver si esa venta de participación de las empresas no genera un aspecto que pueda afectar la competencia en la operativa portuaria. Estamos haciendo las consultas pertinentes a efectos de expedirnos sobre esa solicitud. 

¿Y hay plazos previstos?

No, lo estamos trabajando.

Por otra parte, TGU aspira a extender la concesión en el puerto de Nueva Palmira ¿El MGAP ya se expidió al respecto?

Vamos a hablar con los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas para analizar esta situación en forma conjunta. 

TARJETA PERSONAL

Fernando Mattos es ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca desde junio de 2021. Fue presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) entre marzo de 2020 y junio de 2021. Entre 2004 y 2006 fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), además por casi 10 años fue representante de ARU en INAC. Es ingeniero agrónomo y productor agropecuario en los departamentos de Cerro Largo y Tacuarembó.

Nota de Revista Verde N°106 – Sección Al Grano. Edición Aniversario.