El sector agropecuario brasileño enfrenta un escenario complejo marcado por el aumento de la morosidad, una ola de solicitudes de recuperación judicial (RJ) y nuevas reglas contables que presionan al sistema financiero. El panorama se agrava pese a que las proyecciones productivas apuntan a una cosecha récord de maíz y a un incremento significativo en la soja para 2025.
La fase más aguda comenzó con la caída de los precios internacionales de las materias primas, que redujo los márgenes de productores ya muy apalancados tras haber accedido a créditos en los años de tasa Selic en mínimos históricos (2020 y 2021). A esto se sumaron los efectos de la Resolución 4.966 del Banco Central, que introdujo el concepto de “pérdida esperada” en las provisiones bancarias, y la reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar nuevos aranceles contra Brasil, lo que añade más incertidumbre al sector.
Con una participación de mercado cercana al 50% en el crédito agrícola, Banco do Brasil es la entidad más expuesta. Su tasa de morosidad trepó a 3,94%, desde 2,45% un año atrás y 0,96% a fines de 2023. La cartera asciende a R$404.900 millones (US$ 74.981 millones), con unos 20.000 clientes en mora, el 74% de ellos sin antecedentes de incumplimientos previos. Según el banco, el 52% de los impagos se concentra en el Centro-Oeste y el Sur, y la mitad corresponde a la producción de soja, maíz y ganado.
En Río de Janeiro, 808 clientes acumulan una cartera de R$5.400 millones (US$ 1.000 millones), aprovechando un fallo del Supremo Tribunal Federal que desde 2020 habilita a grandes productores a solicitar RJ como personas físicas. Banco do Brasil denuncia “litigios predatorios”, impulsados por bufetes que promueven campañas para atraer clientes, y evalúa medidas legales contra ellos.
El crédito rural totalizó en junio R$539.800 millones (US$ 99.963 millones) para personas físicas (7,5% más interanual) y R$99.300 millones (US$ 18.389 millones) para jurídicas (9,4% más). La morosidad en personas físicas pasó de 1,5% a 3,5% en un año.
Según Serasa Experian, las solicitudes de RJ en el agro fueron 389 en el primer trimestre, un alza de 21,5% frente al trimestre anterior y 44,6% respecto a inicios de 2024. “Muchos productores enfrentan altos costos, mayores exigencias de garantías y dificultades para renovar deudas, lo que presiona el flujo de caja”, señaló Marcelo Pimenta, director agrícola de la consultora.
Entre los bancos privados, Santander cuenta con una cartera de R$22.400 millones (US$ 4.148 millones) en líneas de crédito rural. Su director general, Mario Leão, admitió que la morosidad seguirá bajo presión durante algunos trimestres.
Itaú, con más de R$130.000 millones (US$ 24.074 millones) en cartera agropecuaria, destacó que solo un 5% de sus clientes figura en solicitudes de RJ gracias a una gestión más diversificada y con garantías sólidas. “Es la parte más difícil del ciclo agrícola, pero en algún momento se revertirá”, afirmó Milton Maluhy Filho, director general. En tanto, Bradesco aseguró que su exposición está controlada, con líneas rurales por R$79.400 millones (US$ 14.704 millones).
En el sistema cooperativo, Sicredi confirmó un aumento de la morosidad, con distinta intensidad según la región, y advirtió sobre el uso estratégico de la RJ que puede “perjudicar la cadena de producción y la disponibilidad de crédito”.
El gobierno anunció que el Plan Zafra 2025/26 tendrá un valor de R$594.400 millones (US$ 110.074 millones), con R$516.200 millones (US$ 95.593 millones) destinados a medianos y grandes productores y R$78.800 millones (US$ 14.593 millones) a la agricultura familiar. El incremento frente a la zafra anterior es de apenas 1,69%, dado que en 2024/25 fue de R$584.500 millones (US$ 108.241 millones), lo que analistas consideran insuficiente frente a la alta deuda y las tasas de interés.
El director agrícola de Santander, Carlos Aguiar, advirtió que la situación fiscal afecta la política de compensación en un momento crítico para el mercado endeudado. Además, el retraso en el lanzamiento del Plan Cosecha 2024/25 genera que muchas operaciones venzan entre julio y septiembre, manteniendo la presión sobre los índices de morosidad en el tercer trimestre.
Ante este contexto, Banco do Brasil endureció su estrategia: reemplazó garantías tradicionales (como prendas e hipotecas) por transferencias fiduciarias de ejecución más rápida, reforzó su cartera de cobros y aumentó los procesos judiciales. “El banco era conocido por no ejecutar garantías y buscar soluciones dialogadas; eso está cambiando”, reconoció su director financiero, Geovanne Tobias.
Fuente: Rafael Salomón – Globo Rural.
