En Uruguay el área de soja bajo riego alcanza unas “26.000 hectáreas”, donde los rendimientos se mantienen en “niveles altos” y en un “área creciente”, dijo el asesor técnico de Regadores Unidos de Uruguay (RUU), Gastón Sebben, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Señaló que dentro del grupo “la soja tiene tres segmentos, la temprana que se siembra en octubre con grupos muy cortos, la de primera sembrada en noviembre, en general con grupos de madurez seis y la soja de segunda”.
En el área total de Regadores, “el 20% es soja temprana, un 50% es soja de primera y en torno al 30% es soja de segunda”, indicó Sebben.
Afirmó que la superficie de segunda de soja “ha crecido también, por lo menos en el esquema de rotaciones del grupo, hace algunos años las sojas de segunda bajo riego eran muy poquitas y hoy ocupan un lugar también importante”.
En la reciente zafra de verano, “el rinde promedio de la oleaginosa bajo riego fue de 3.900 kilos por hectárea del total”, mientras que “las sojas tempranas registraron un rendimiento promedio de 4.800 kilos por hectárea”, con un “máximo de 5.800 kilos por hectárea”, destacó.
Sostuvo que el rinde promedio del total de la zafra pasada está “bastante bien ubicado”, si bien “no es el mejor” en comparación a años anteriores.
La productividad de las sojas tempranas bajo riego, que vienen ganando espacio dentro Regadores, representan unos 1.700 kilos más que la obtenida en secano, comparó.
La primera estimación de costos de soja de primera para la zafra 2025, elaborada por el Equipo Técnico de Sofoval, muestra una mejora respecto a agosto de 2024. En su informe, la institución vuelve a subrayar que los cultivos deben pensarse como parte de un sistema productivo, donde pesan tanto las decisiones de rotación, el manejo de malezas, las fechas de siembra, para alcanzar altos niveles de productividad y poder tener rentabilidad.
El cálculo de Sofoval no incluye la renta de la tierra y plantea tres niveles de rendimiento: 1.800, 2.500 y 3.000 kilos por hectárea. El costo total, sin arrendamiento, baja un 6,2% al pasar de US$ 663/ha en 2024 a US$ 622/ha en 2025. Este valor incluye US$ 13/ha en seguro (granizo e incendio) y US$ 30/ha en imprevistos.
Con un precio de soja proyectado de US$ 365 por tonelada para 2025 (vs US$ 360/t en 2024), los ingresos brutos se ubican en US$ 657, US$ 913 y US$ 1.095 por hectárea según el escenario de rinde, frente a US$ 648, US$ 900 y US$ 1.080 en 2024.
El margen antes de arrendamientos pasa de -US$ 15, US$ 193 y US$ 343 en 2024 a US$ 35, US$ 250 y US$ 405 en 2025. En consecuencia, el punto de equilibrio baja de 1.840–2.050 kg/ha en 2024 a 1.700–1.890 kg/ha en 2025.
Entre los insumos, la semilla se abarata de US$ 108/ha a US$ 100/ha (-7,4%). El fertilizante NPK (4-30-10+S) sube de US$ 77/ha a US$ 83/ha (+7,8%) y el fertilizante foliar de US$ 20/ha a US$ 23/ha. Pese a eso, el total de insumos baja de US$ 307/ha a US$ 279/ha (-9,1%), gracias a menores costos en herbicidas y fungicidas.
Las labores prácticamente no cambian (US$ 208 → US$ 207/ha), mientras que la logística poscosecha se reduce de US$ 104/ha a US$ 94/ha (-9,6%). Esto responde a la mejora en la relación gasoil/dólar: Sofoval marca un gasoil contado de $ 52 por litro en agosto 2024 frente a $ 48 por litro en agosto 2025, con un tipo de cambio de $ 41 por dólar y $ 40 por dólar, respectivamente. Así, el gasoil baja de US$ 1,29 por litro a US$ 1,19 por litro (-7,7%).
El Ministerio de Ambiente abrió a consulta pública la propuesta técnica para la modificación del Decreto 253/79, referido a las “Normas reglamentarias para prevenir la contaminación ambiental mediante el control de las aguas”.
Uno de los puntos más novedosos de la modificación es la regulación directa sobre la producción agropecuaria. Tambos y encierros intensivos deberán contar con Autorización de Vertido y cumplir con estándares más exigentes que los actuales en el manejo de efluentes, al igual que viveros con tratamiento de semillas y emprendimientos de acuicultura.
En cuanto al uso de efluentes en suelos agrícolas, se fija un límite de 25 ppm de fósforo (P-Bray I en 0-15 cm), además de la obligación de aplicar balances de nutrientes y respetar una distancia mínima de 50 metros a cursos de agua.
También será obligatorio implementar planes de monitoreo de suelos y napas freáticas. A esto se suma la incorporación de plaguicidas y otras sustancias a la lista de contaminantes prioritarios que deberán ser declarados y monitoreados en aguas, lo que implica un nuevo nivel de control sobre su uso y manejo.
La propuesta también exige Autorización de Vertido a varias actividades vinculadas al agro que antes no estaban detalladas de manera explícita. Entre ellas se incluyen frigoríficos, plantas de silos, industrias de alimentos, lácteos y bebidas derivadas de la producción agropecuaria, así como lavaderos de camiones y contenedores que transporten sustancias peligrosas o insumos agrícolas.
Todas esas actividades deberán cumplir estándares de vertido más exigentes, con límites específicos de fósforo, nitrógeno, sólidos en suspensión, coliformes y metales pesados.
Otro aspecto clave es el uso de agua para riego de cultivos destinados a consumo humano. La propuesta introduce una categoría especial de protección para los cuerpos de agua que se utilicen con este fin. Si una fuente es declarada bajo esa categoría, tendrá objetivos de calidad más estrictos que los generales.
En lo que refiere a las aguas pluviales en predios agroindustriales, el decreto propuesto define que las aguas pluviales potencialmente contaminadas —por ejemplo, escurrimientos en predios con almacenamiento de granos, agroquímicos o insumos— deberán ser canalizadas y tratadas antes del vertido. Se establece la obligación de incorporar elementos de control de calidad y descarga que serán definidos en la autorización otorgada por el Ministerio de Ambiente.
También se introduce el principio de producción más limpia y eficiencia hídrica, con una lógica de economía circular en el uso del agua. Esto incluye el reúso de aguas residuales tratadas, la elaboración de balances hídricos en predios productivos y la definición de metas de mejora progresiva en la reducción del consumo de agua. Tales disposiciones alcanzan tanto a productores agropecuarios como a agroindustrias, como pueden ser lácteas, frigoríficos, molinos o arroceras.
El texto propone nuevas restricciones territoriales y para la protección de acuíferos. En zonas de recarga o alrededor de perforaciones de abastecimiento podrán limitarse nuevas actividades agropecuarias o agroindustriales, con el fin de preservar la calidad del agua subterránea.
Los plazos de adecuación son escalonados y varían según el tipo de actividad y la magnitud del impacto ambiental. Para los emprendimientos nuevos, las exigencias comenzarán a regir de inmediato una vez aprobado el decreto. En cambio, para las actividades ya existentes se establecen períodos de transición: entre 12 y 36 meses para adecuar sistemas de manejo de efluentes y vertidos, dependiendo de la complejidad de las instalaciones y la sensibilidad ambiental de la zona donde operan.
En particular, tambos, encierros y agroindustrias con efluentes líquidos tendrán un plazo máximo de dos años para presentar y ejecutar planes de adecuación, mientras que las industrias de mayor porte, como frigoríficos y plantas lácteas, podrán disponer de hasta tres años. En todos los casos, deberán presentar informes de avance y compromisos de inversión ante el Ministerio de Ambiente.
La propuesta fue elaborada en el ámbito del Grupo de Estandarización Técnica de Agua (Gesta Agua) de la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (Cotama).
El Gesta Agua, reactivado en marzo de 2025, trabajó de forma participativa entre abril y agosto de este año, con la participación de organismos del Estado —Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Salud Pública—, empresas públicas como OSE, UTE y Ancap, gobiernos departamentales, cámaras empresariales (Cámara de Industrias del Uruguay y Cusai), instituciones académicas y de investigación (UdelaR, UTEC, UCU, INIA, INAC e Inale), asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil. La consulta pública estará abierta entre el 18 de agosto y el 1º de septiembre de 2025.
“En todo momento pensamos que si la oferta de estas iniciativas privadas (fondos ganaderos) la hacían a nivel público, tratando de captar ahorro público, por medios masivos de comunicación, eso configuraba la intervención del Banco Central (BCU)”, señaló el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Recordó que eso el BCU “no lo interpretó de esa manera pero era una crítica importante, una falencia y un vacío”, lo que “hizo que no se descubrieran a tiempo las deficiencias de funcionamiento graves” que derivaron en “esta quiebra que abarcó tanto dinero y a tanta gente”.
Ahora, la regulación que hace el Banco Central en un proyecto de ley “va en la dirección correcta”, y cuando el instrumento sea vinculado al sector que sea y “se constituye con un llamado público al ahorro”, entonces “se deben cumplir los requisitos regulatorios”, dijo.
Urraburu aludió además a una denuncia que hizo la BVM en 2018 en el BCU, por la “competencia desleal” que suponían esos fondos ganaderos por tener “distintas condiciones” y “no cumplir ciertos requisitos”, y además hacían llamados públicos.
El titular de la BVM consideró que este caso de los fondos ganaderos “trasciende” al sector agropecuario porque “lo estamos notando cuando el ahorrista habla de títulos privados o del Estado que no tienen nada que ver con el agro ni con el accionar” de esos fondos”.
Por la “desconfianza que ahora está consolidada”, se “demorará un buen tiempo para recobrar la confianza”, sostuvo.
Aclaró que “los viejos contratos de capitalización de ganado no estarán, ni deben estar afectados por esta regulación del BCU”.
La siembra de maíz del ciclo 2025/26 “arrancó en el centro del país”, allí algunas empresas dieron el puntapié inicial con un adelanto de unos diez días frente a lo que sucede habitualmente, dijo el gerente comercial de Agroterra, Gonzalo Reynoso, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Señaló que las labores de siembra se generalizaran en los primeros días de septiembre en secano, y a mediados de ese mes en los primeros círculos de riego.
En el caso de la siembra de maíz de primera habrá un pequeño incremento respecto al año pasado, pero sí se prevé un aumento más importante en el área de segunda, específicamente al norte del río Negro, sostuvo.
Reynoso comentó que “el germoplasma Dekalb es el motor” de la propuesta de Agroterra, “cada año se lanzan híbridos nuevos, se mejora el anterior no solamente en el rinde sino en la estabilidad” en los ambientes.
En esa línea, destacó que la genética es acompañada con una propuesta integral que va más allá de la genética, donde aparecen las estrategias de fertilización, control de malezas, los productos biológicos y las herramientas digitales, entre otros.
En las aplicaciones de nitrógeno y la respuesta que tiene en los sistemas de secano, se suma el trabajo con “índices para hacer ajustes más tardíos de nitrógeno y de esa manera poder aprovechar el potencial que tiene el cultivo en ese momento”, sostuvo.
A la vez, advirtió que “en sistemas de riego la clave pasa por no agregar en exceso, lo cual tiene un impacto ambiental muy fuerte”, y “el nitrógeno es uno de los principales componentes en la huella de carbono”.
El gobierno argentino anunció la liberación de la circulación de bitrenes en la casi totalidad de la red vial nacional, una medida que apunta a reducir los costos logísticos de la producción. La Resolución 1196/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, habilita a los camiones de dos semirremolques articulados —con mayor capacidad de carga— a transitar sin restricciones previas.
Hasta ahora, los bitrenes de más de 25,5 metros podían circular únicamente en tramos específicos de rutas nacionales, que cubrían apenas un tercio del total. En la práctica, esto impedía que un vehículo de este tipo saliera desde Buenos Aires y llegara a 13 de las 23 provincias, incluso con desvíos. Además, cada unidad debía gestionar un permiso individual para circular, trámite que demoraba meses en aprobarse.
Con la nueva norma, la circulación se habilita de manera general en todo el país, salvo en 55 curvas muy pronunciadas de rutas montañosas en Salta, Jujuy, Tucumán y una en Chubut, donde los giros obligarían a interrumpir el tránsito. En el caso de los puentes, la condición será que el peso bruto no supere la capacidad máxima de la estructura, tal como ya rige para cualquier camión.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que el cambio implica “un giro conceptual de 180 grados” y permite avanzar en la reducción de los costos logísticos. “Más carga por viaje implica menos viajes y menos combustible por tonelada: transportar más con menos ahora es posible. Menores costos significan mayor productividad y libertad para crecer”, señaló en la red social X.
El funcionario remarcó que esta medida atiende un reclamo histórico del sector productivo y se enmarca en la agenda de desregulación que impulsa el presidente Javier Milei.
En julio de 2025, China importó 530.000 toneladas de carne y subproductos cárnicos (despojos), lo que representó una caída interanual de 1,2%. Sin embargo, el valor de esas compras ascendió a US$ 2.053 millones, con un incremento de 11,5% frente al mismo mes del año pasado, según datos publicados por la Administración General de Aduanas (GACC).
En los primeros siete meses del año, las importaciones totalizaron 3,74 millones de toneladas, un 2,5% menos que en igual período de 2024. En términos de valor, se registró una suba de 1,7%, al alcanzar US$ 13.609 millones, informó OIG+X.
Desempeño por tipo de carne
En julio, la carne vacuna se consolidó como el principal rubro:
Vacuno y subproductos bovinos: 250.000 toneladas por US$ 1.335 millones, con un alza interanual de 15,6% en volumen y 29% en valor. Dentro de este grupo, la carne vacuna sin subproductos sumó 200.000 toneladas por US$ 1.133 millones, con subas de 16,3% y 29,6% respectivamente.
Carne y subproductos porcinos: 190.000 toneladas por US$ 409 millones, con aumentos interanuales de 2,7% en volumen y 3,6% en valor. De ese total, la carne porcina fue 90.000 toneladas por US$ 364 millones, apenas 0,9% más en volumen y 0,3% en facturación.
Carne ovina: 26.259 toneladas por US$ 104 millones, con bajas de 11,8% en volumen y de 18,5% en valor.
Carne aviar: 18.898 toneladas por US$ 57 millones, con caídas muy marcadas de 54,4% en volumen y 48,5% en valor frente a julio de 2024.
Menos volumen, más valor
El comportamiento de julio confirmó una tendencia que se viene observando en el comercio exterior cárnico de China: menor volumen, pero mayor facturación. La combinación de factores internos y externos explica este fenómeno.
Por un lado, la recuperación de la producción porcina doméstica redujo la necesidad de importar grandes volúmenes de carne básica. Al mismo tiempo, el consumo en ascenso impulsó la demanda de carnes consideradas premium, con mayor valor agregado.
En el plano internacional, la presión de los costos logísticos, las fluctuaciones cambiarias y las limitaciones de oferta en países exportadores contribuyeron a elevar los precios internacionales.
Además, desde el propio gobierno chino se aplicaron políticas de intervención y regulación para estabilizar el mercado interno y promover una “optimización estructural” en las compras externas, con mayor peso de los cortes de mayor calidad.
