Este año los cultivos de invierno vienen evolucionando “muy bien” en cuanto a su desarrollo, ya que tras algunos meses con condiciones climáticas no tan favorables, en agosto y septiembre hubo “mucho sol, amplitud térmica, sin grandes heladas” y en los últimos tiempos se registró “casi una lluvia por semana”, dijo el asesor agrícola Néstor Leguisamo, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Comentó que “se ven cultivos muy buenos de colza y carinata”, incluidas “siembras tardías de junio que están floreciendo”, además “la cebada y el trigo que se implantaron en junio, están muy bien”.
De todos modos, señaló que Hubo “resiembra” de estos cultivos “en julio que se acomodaron, pero el potencial no es el mismo que los sembrados en junio”, indicó.
Leguisamo sostuvo que tanto las colzas como las carinatas tienen “muy buen potencial”, específicamente las sembradas en fecha, por lo que la expectativa es “alta”, considerando los precios favorables.
En tanto que en el caso de la cebada y el trigo los valores no generan mayores expectativas, al ubicarse por debajo de US$ 190 por tonelada de trigo, en la posición diciembre.
“Hay que pensar en 5.000 kilos” por hectárea de rendimiento para “empatar”, atendiendo también a los costos de los insumos, como los fertilizantes, señaló.
Acotó que ese rinde, si el clima sigue acompañando, “se puede alcanzar en varias chacras, pero no a nivel promedio” país en estos cultivos.
Paralelamente, agregó que la siembra de maíz está prácticamente finalizada en zonas de Soriano y Colonia, donde registra un aumento del área.
“Al día de hoy no veo necesidad” de establecer límites a la propiedad de corrales de engorde de ganado por parte de frigoríficos, señaló el vicepresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Leonardo Bove, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Esos comentarios se refieren al proyecto de ley impulsado por el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que prohíbe a los frigoríficos ser propietarios, gestores o controladores de sistemas de engorde a corral.
Bove anunció que este asunto será tratado en la Junta Directiva del INAC, y consideró que está bien “discutirlo y sacar conclusiones” y “es sano” tratar estas iniciativas.
No obstante, el vicepresidente de ese organismo opinó que en este momento “los corrales están cumpliendo una función importante”.
“Sabemos el papel que están jugando los corrales de engorde, para que la última etapa de la cadena esté empujando”, sostuvo.
Por otra parte, Bove comentó que INAC está “fortaleciendo” su presencia en China, donde tiene una gerencia y una oficina en Beijing y ahora está “sumando un nuevo funcionario en Shanghái”, lo cual permitirá atender los mercados del Sudeste Asiático.
El vicepresidente de INAC participó del Tercer Foro Internacional Pollos de Uruguay al mundo, realizado el martes 30 de septiembre en Torre Ejecutiva.
El precio de la leche al productor se mantendría en lo que queda de este año, como un objetivo a cumplir, reconoció el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Se puede decir que “no habrá variaciones” en el valor a pagar a los remitentes, afirmó. Este año la cooperativa realizó “varias reliquidaciones” y “mantuvo el valor de los sólidos” en el cálculo del precio de la leche “en valores razonables que podrían tener probabilidades altas de mantenerse”.
“La primavera está acompañando con muy buena producción” de leche, lo cual es “la mejor reliquidación y la cooperativa a apostar a eso”, sostuvo.
Actualmente, el volumen de remisión de leche a plantas de Conaprole es 5,6 millones de litros, lo cual es el “pico” de remisión y se prevé que 2025 cierre con un aumento de “100 millones de litros” respecto a 2024, estimó.
El artículo 468 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 propone incorporar un nuevo numeral al Título 11 del Texto Ordenado de la DGI, con el fin de incluir en el IMESI a las sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios de las categorías 1a y 1b según la clasificación toxicológica de la OMS. Según el Ministerio de Ambiente, la medida busca crear un “instrumento económico para reducir su uso y promover prácticas agrícolas sostenibles”, desincentivando los ingredientes tóxicos y fomentando el uso de bioinsumos.
El análisis jurídico del Dr. José Miguel Delpiazzo, elaborado para la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos del Uruguay (Camagro) y la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (Asiqur), al que accedió VERDE, concluye que el “bien” que se proyecta incluir en el IMESI comprende únicamente a la sustancia activa de alta peligrosidad, ya sea que su enajenación se haga de forma aislada como materia prima o que ya esté contenida en un producto fitosanitario.
La “alta peligrosidad” se determina en función de si el producto que contiene la sustancia, o para el cual será utilizada como materia prima, encuadra en las categorías 1a o 1b. El impuesto se determinaría en función de la cantidad de sustancia activa por litro o kilogramo, con un valor máximo de 25 unidades indexadas fijado por el Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos más críticos del dictamen es la delegación prevista en la parte final del primer inciso del artículo 468, que habilita al Poder Ejecutivo a incluir otras sustancias activas “en otros productos no comprendidos” en las categorías 1a y 1b, previa evaluación técnica. Delpiazzo advierte que esta habilitación “violenta el principio de legalidad”, ya que faculta a la Administración a ampliar el aspecto material del impuesto mediante resolución administrativa, lo que podría ser impugnado por los contribuyentes afectados.
El informe sostiene que el segundo inciso resulta “confuso o, al menos, redundante”, ya que “agrega como bien gravado a los productos que contengan la sustancia activa de alta peligrosidad, cuando el resto de la disposición es clara en cuanto a que se grava solo a la sustancia activa y no al producto”.
De ese modo, “la norma no es clara en cuanto a si se procura ampliar el gravamen a la enajenación del producto, o si se limita a las sustancias activas peligrosas contenidas en el producto”. Esta falta de precisión puede generar problemas de seguridad jurídica y eventualmente doble imposición, gravando tanto la afectación al uso interno de la sustancia activa como el producto final que la contenga.
También considera que la redacción de la exoneración del inciso cuarto es ambigua y que puede entrar en contradicción con la parte final del inciso quinto, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar montos diferenciales para las sustancias activas utilizadas como materia prima para la formulación de productos a nivel nacional.
El dictamen recuerda que la creación de este gravamen constituye un nuevo impuesto, lo que exige la aprobación por ley con mayoría absoluta de ambas Cámaras. Además, subraya que la inclusión de un tributo en la ley de Presupuesto es considerada inconstitucional por la doctrina constitucional y tributaria dominante, ya que viola el artículo 216 de la Constitución, aunque esta práctica ha sido validada por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia en el pasado.
Delpiazzo recomienda delimitar con mayor precisión el bien alcanzado por la norma, reformular o suprimir el inciso segundo, clarificar el alcance de las exoneraciones y limitar las delegaciones al Poder Ejecutivo, para evitar que se erosione el principio de legalidad y reducir el riesgo de futuras impugnaciones por inconstitucionalidad.
A partir de este análisis, Camagro y la Comisión de Fitosanitarios de Asiqur manifestaron a sus socios su profunda preocupación por el artículo 468. Recordaron que el impuesto propuesto aplicaría hasta un máximo de 25 UI por litro de ingrediente activo, lo que equivale a unos 4 dólares por litro, y alertaron que se deja abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda ampliar este impuesto a otros productos fitosanitarios.
Subrayaron que el informe jurídico confirma la inconstitucionalidad de la redacción tal como está planteada, ya que otorga al Ejecutivo la potestad de modificar el alcance del impuesto sin intervención del Parlamento.
Además, destacaron que el artículo contiene contradicciones y una redacción confusa, que no es clara en cuanto a si se procura ampliar el gravamen a la enajenación del producto o si se limita a la sustancia activa contenida en él, y que las exoneraciones propuestas resultan poco precisas. Ambas gremiales advirtieron que esta medida “agrega costos al sistema productivo que serán absorbidos por los productores” y que la amplitud de la delegación al Ejecutivo genera incertidumbre para el sector.
También recordaron que la Dirección General de Servicios Agrícolas ya realiza evaluaciones técnicas que ponderan la peligrosidad de los productos, su necesidad en el sistema productivo y exportador y las alternativas disponibles, aplicando los mecanismos de control correspondientes, como las recetas profesionales.
Para Camagro y Asiqur, si un producto genera riesgo y existen alternativas, debe ser prohibido o limitado en su uso, pero “un impuesto no va a ser una medida que incida en el uso de los productos”. En su visión, esta iniciativa parece tener un fin recaudatorio más que de protección ambiental.
Ambas gremiales señalaron que la aprobación de este impuesto podría impactar en la competitividad de la producción agrícola nacional, al encarecer insumos estratégicos y generar incertidumbre sobre la disponibilidad de tecnologías para el control de plagas y enfermedades. También advirtieron que, lejos de garantizar una transición ordenada hacia alternativas más seguras, la medida podría afectar la capacidad del país de sostener su sistema productivo y exportador en condiciones de eficiencia y rentabilidad.
El mercado internacional de la urea continúa con precios bajo presión por la abundante oferta y las entregas en curso hacia India. Más de 5,5 Mt arribarán a sus puertos entre setiembre y octubre, lo que retrasa una nueva licitación, señaló Andrés Bertotto, de Ingeniería en Fertilizantes, en el programa Punto de Equilibrio de Carve y en verdenews.com.uy.
Ese factor, sumado a que China mantiene inventarios altos y exportaciones con precios a la baja, puede estar marcando un “cambio de tendencia” en los valores de la urea, agregó.
Entre el 14 de agosto y el 24 de setiembre los precios internacionales de la urea registraron fuertes caídas en todos los orígenes relevados. El valor internacional FOB pasó de US$ 499 a US$ 414 por tonelada, lo que implica un descenso de US$ 85 por tonelada (-17%) en poco más de un mes.
Osvaldo “Tono” Alberti, director de Agroinsumos Carmelo, conoce de primera mano la historia de la producción agrícola, repasó su trayectoria y analizó los actuales desafíos.
A sus 72 años el empresario Osvaldo “Tono” Alberti, director de Agroinsumos Carmelo, ha trabajado con tres generaciones de agricultores en esa zona del país. Estima que su negocio atiende a unas 15.000 hectáreas de cultivos de invierno y un área similar de verano, ya que en esa región los sistemas son de doble cultivo, influenciados por el alto costo de la tierra. Durante este diálogo con VERDE, Alberti analizó la evolución de la agricultura en Uruguay, la actualidad del negocio y los desafíos a superar.
“Los últimos años han pasado volando, y eso que ahora estoy más tranquilo”, comentó en un momento de la charla. El empresario destacó especialmente el equipo de su empresa, con su hija Valeria liderando la administración, el personal que está en la sede de Agroinsumos Carmelo y los ingenieros agrónomos que asesoran a los productores. Pero Alberti también es agricultor, y de esa actividad se encargan su hijo y su nieto. “Toda la familia participa”, valoró.
Consultado sobre la actualidad del negocio agrícola, respondió: “lo veo ajustado”. Explicó que los precios son bajos y los costos para producir son altos. Analizó que en la pasada zafra de verano “la soja nos salvó, por los rindes que hubo”, pero afirmó que “no quedó mucho” en las cajas de las empresas agrícolas,
En cuanto a la actual zafra de invierno, dijo que “viene encaminada”, estimó que “aparentemente será una buena zafra” y valoró que las implantaciones de los cultivos “han sido buenas”. También destacó que el resultado positivo del pasado año agrícola, a pesar de los bajos precios, que permitió que muchos productores pudieran acomodar su situación económica. Pero advirtió por el alto precio de las rentas.
Precios de las rentas
“Veo que los valores de las rentas son altos. Entiendo que el dueño del campo se acostumbró a los buenos precios, y después es difícil volver atrás, pero estos números son muy apretados. En esta zona se habla de hasta US$ 500 por hectárea al año. La mayoría de los propietarios de campos ahora quieren que se les pague en dólares, ya no en kilos de producto”, explicó.
E insistió en que sería importante mantener el pago de las rentas en kilos de producto, “porque este es un negocio de ida y vuelta”, y si los mercados cambian y los precios suben, el precio que el propietario recibirá por la renta también subirá.
Planteó, a modo de ejemplo, que si el trigo se vende a US$ 200 o US$ 210 por tonelada, ese precio exige que tenga que rendir 5.000 kilos por hectárea en un campo arrendado para pagar los costos, “no te puede dar 4.000 y algo de kilos”, advirtió. Por otra parte, reconoció que la colza “puede dar más margen”, aunque “tuvimos un año con siembras tardías”, por las condiciones climáticas”.
También señaló que si bien los agricultores de la zona tienen la ventaja de estar cerca del puerto de Nueva Palmira, y por eso el flete es un costo menor respecto a otras regiones, “esa ventaja hoy se la lleva la renta”, dijo Alberti.
Señaló que la renta promedio en la zona de Carmelo es de 1.000 kilos de soja por hectárea, pero insistió en que los propietarios están planteando volver a precios fijos en dólares, y llegan a pedir US$ 500 por hectárea. “Por menos de US$ 400 por hectárea no conseguís ningún campo por acá. Te piden US$ 400, US$ 450 y US$ 500. No sé quién que se anima, yo no lo hago”, comentó.
Analizó que quienes pagan esas rentas probablemente sean productores que incorporan áreas chicas que aparecen en la zona, y también aquellos que no quieren perder esos campos, porque “si querés pelear el precio de la renta, el dueño del campo sabe que hay 10 esperando para arrendarlo”, explicó.
También comentó que no muchos productores se han capitalizado comprando campos, y agregó que “tampoco hay muchos campos en venta, porque en esta zona valen bastante”.
Consultado sobre la nacionalidad de los productores que siembran en esa zona del país, Alberti respondió que “si bien hay algún argentino, la mayoría son uruguayos”.
El rol de distribuidor de insumos
Consultado sobre el actual momento del negocio de distribución de insumos agrícolas, Alberti respondió que “hoy los números también son muy apretados”, porque “hay mucha competencia, los márgenes son muy chicos y no podés errar en nada, porque sino quedás en el camino”.
Agregó que “hay mucha competencia. Todo el mundo quiere vender y cobrar. Ya no es como antes, había un respeto mayor por los clientes; salvo que vinieran a comprarme, yo no le iba a vender” al cliente de otra empresa.
Comentó que la clave para mantener a los clientes es prestar un buen servicio. “No me refiero solo a la atención del cliente, sino también al financiamiento, el trato con la gente, el respeto, el cumplir, tenemos ingenieros agrónomos que asisten a los productores. Tengo clientes que son la tercera generación trabajando con la empresa, hay una relación de muchos años, tengo la edad de los abuelos de muchos clientes jóvenes”, remarcó.
Productividad
El director de Agroinsumos Carmelo también destacó que “cada vez se produce más” en la agricultura uruguaya. “La tecnología que hay en Uruguay es de primer mundo. El productor apuesta a la tecnología, nos damos cuenta en un montón de cosas. Los productores apuestan a producir más kilos, porque es la única alternativa. Hasta hace pocos años el que producía 3.000 kilos de soja por hectárea era Gardel, pero ahora con 3.000 kilos no llegas a pagar los costos”, comentó.
En cuanto al cultivo de maíz, dijo que “es más dependiente de la lluvia” y que los demás cultivos “tienen buenos rendimientos”. Subrayó que en esa zona del país el año pasado “hubo gente que sacó más de 5.000 kilos de trigo y cebada por hectárea; 2.400 o 2.500 kilos de colza. Son niveles productivos de punta, pero se gasta mucho también”.
Sobre los maíces de segunda dijo que “andan muy bien”, corregido a seco se logran rindes de entre “7.000 y 9.000 kilos por hectárea”. Agregó que en la zafra anterior los maíces de primera rindieron menos, porque faltó la lluvia en “momentos claves”. De todos modos, indicó que “en general el maíz se posiciona como cultivo de segunda”.
“Este año se dio algo, que no fue normal: se sembró maíz de segunda, se cosechó grano húmedo para feedlot a fines de mayo, y todavía no se había sembrado la cebada. La demanda de granos de los feedlot es grande” y es la que sostiene el área del cultivo, comentó.
Sobre la productividad de la soja en el ciclo anterior dijo que “fue muy buena”, y estimó que en la zona de Carmelo superó los 3.000 kilos por hectárea. “Fue el mejor año en términos de productividad. Hubo chacras donde se cosecharon hasta 4.000 kilos por hectárea. Este año no escuché rindes de 2.500 kilos por hectárea, siempre fueron más de 3.000 kilos”, indicó.
Además, valoró que “la comercialización es muy buena, se vende y a los 15 días se cobra”. Y, a la vez, destacó que los productores invierten en los cultivos. “Más hoy en día, cuando hay malezas resistentes”, entre otras dificultades, que exigen inversión, de lo contrario no se logran los resultados, insistió.
Los cambios
Alberti recordó que la exportación de granos significó “un antes y un después” para la agricultura uruguaya. Comentó que “antes el trigo valía, por ejemplo, US$ 200 por tonelada en invierno, y cuando se cosechaba valía US$ 90 o U$S 100”, y “mucha gente quedó por el camino por ese motivo”.
“Hubo momentos en que quedaron por el camino productores que no tendrían que haber quedado. Buena gente, trabajadora. Por crisis de precios y factores climáticos”, lamentó el empresario.
Dijo que si en Uruguay se plantaban 100.000 hectáreas de trigo “sobraba la producción, y éramos fundamentalmente trigueros, no se hacían cultivos de verano, solo algo de maíz y girasol” para el consumo interno.
Agregó que en los años 2000, con la exportación de girasol, “comenzó a darse un cambio grande y seguro en todo sentido”. Pero “el gran cambio ocurrió con la soja y las ventas anticipadas”, eso “generó otra cosa” en la agricultura, analizó.
El empresario también valoró que actualmente “hay precio para vender trigo a cosecha, te pagan US$ 210 por tonelada; si querés vender cebada, podés vender al precio del trigo en Chicago; y si querés vender soja del año que viene, ya podés vender. Con esa base ya podés cubrir tus costos”.
Analizó que “el gran cambio fue tener la posibilidad de hacer negocios de forma anticipada”, y eso “tracciona todo”.
Financiamiento
A propósito del aspecto financiero, el director de Agroinsumos Carmelo comentó que “hasta ahora el cumplimiento del productor ha sido bueno”. A propósito, agregó: “tratamos de cuidar los créditos. Así como hemos tenido años muy buenos, también hemos tenido años malos”. Por último, Alberti afirmó que “tenemos que buscarle la vuelta, si el año es malo y un buen cliente no pudo pagar, tenemos que esperarlo un poquito, porque tampoco podemos quedarnos sin productores”.
El 18 de setiembre de 2025, el senador del Partido Nacional Sergio Botana presentó en el Parlamento un proyecto de ley que prohíbe a los frigoríficos ser propietarios, gestores o controladores de sistemas de engorde a corral (feed lots).
La iniciativa fue elevada a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, junto con su exposición de motivos, en la que se plantea la necesidad de preservar un mercado ganadero “justo, competitivo y transparente” y evitar la concentración de poder de mercado.
El texto advierte que la integración vertical entre producción ganadera y faena industrial puede permitir la manipulación de precios de la hacienda en pie y reducir la competencia. “La coexistencia de roles de comprador y productor podría permitir al frigorífico la manipulación del precio de referencia del ganado en pie y reducir la transparencia del mercado”, señala la exposición.
El proyecto establece que los frigoríficos que actualmente cuentan con corrales podrán mantenerlos solo en la capacidad instalada al momento de entrada en vigencia de la ley, pero no podrán ampliarla. Además, limita que el ganado propio o de su grupo económico no supere el 25% de lo faenado semanalmente en cada planta (50% si es para Cuota 481).
La propuesta incluye:
Declaración jurada obligatoria ante el MGAP sobre la capacidad de encierro en un plazo de 90 días, con carácter público.
Habilitación y fijación de capacidad máxima a cargo del MGAP.
Control y fiscalización por MGAP y Defensa del Consumidor, con potestad de auditorías y verificaciones en campo.
Sanciones que incluyen multas equivalentes al doble del valor del novillo tipo para quienes superen el límite de animales habilitados.
Convenios de venta futura permitidos para frigoríficos con productores independientes, con el objetivo de brindar previsibilidad.
La exposición de motivos subraya que el feed-lot es un fenómeno “absolutamente positivo” para la producción de terneros y la mejora de la oferta exportable, pero advierte que es necesario evitar riesgos de concentración como los ocurridos en Estados Unidos, donde cuatro empresas controlan el 85% de la oferta de carne.
Según el texto, en Uruguay el engorde a corral pasó del 9% al 16% del total de cabezas faenadas y de los 370.000 animales de feed lot enviados a planta, 130.000 provienen de corrales que pertenecen a frigoríficos.
