La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revela los contrastes entre países desarrollados y exportadores del sur. Mientras Europa y China sostienen con fondos públicos buena parte de los ingresos agrícolas, potencias agroexportadoras como Brasil o Australia compiten con subsidios mínimos y mayor inversión en innovación, infraestructura y eficiencia productiva.
El Seguimiento y evaluación de la política agrícola 2025, publicado por la OCDE, analiza las políticas de apoyo a la agricultura en 54 países que representan más del 90% del valor mundial de la producción agropecuaria.
El estudio llega en un momento simbólico: el 30º aniversario del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se originó en el Acuerdo de Marrakech de 1994 y estableció el Acuerdo sobre la Agricultura (AsA) en 1995, que buscó limitar las distorsiones comerciales generadas por los subsidios agrícolas y los aranceles de los países desarrollados.
Después de 30 años los números muestran que el apoyo público a la agricultura no solo persiste, sino que sigue creciendo. El valor total del apoyo –sumando transferencias a productores, inversiones públicas y políticas de precios– alcanzó en promedio US$ 842.000 millones anuales entre 2022 y 2024, un aumento de 20% respecto del quinquenio anterior a la pandemia (2015-2019).
Sin embargo, el estudio también evidencia un cambio de enfoque: las políticas agrícolas actuales tienden a separar los subsidios del volumen producido o del precio de mercado, y a concentrarlos en ingresos, sostenibilidad y gestión de riesgos.
Aun así, la OCDE advierte que la mitad del apoyo total todavía adopta formas potencialmente distorsivas del comercio, como precios mínimos, ayudas por tonelada o pagos vinculados a la producción.
UE: el sistema más costoso y verde
La Unión Europea (UE) continúa siendo el bloque con mayor nivel de apoyo al agro. Según la OCDE, el apoyo al productor (PSE, por sus siglas en inglés) equivale en promedio a 18% del ingreso agrícola bruto, lo que representa 55.000 millones de euros anuales, canalizados a través de la Política Agrícola Común (PAC).
La PAC, que absorbe cerca de un tercio del presupuesto comunitario, mantiene su estructura tradicional de dos pilares. El Pilar I, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (EAGF), incluye pagos directos y medidas de mercado por unos 40.000 millones de euros anuales.
El Pilar II, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Eafrd), abarca programas de desarrollo rural, inversiones sostenibles e innovación por otros 15.000 millones de euros.
En conjunto, el gasto equivale al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de la UE, con un valor bruto de producción agrícola de 420.000 millones de euros por año. Esto significa que por cada euro generado en el campo europeo, 18 centavos provienen del presupuesto público.
El sistema evolucionó desde un modelo de precios mínimos y compras públicas –vigente hasta los años 90– hacia un enfoque basado en ingresos y sostenibilidad. Las reformas de 2003, 2013 y 2021 introdujeron los pagos desacoplados, que no dependen del nivel de producción, y la condicionalidad ambiental, que vincula las transferencias al cumplimiento de normas de manejo sostenible.
La PAC vigente desde 2023 se implementa mediante Planes Estratégicos Nacionales, adaptados a cada Estado miembro bajo supervisión de la Comisión Europea. Dentro de ellos destacan los ecoesquemas, que remuneran prácticas con beneficios ambientales: rotación de cultivos, cobertura vegetal, reducción del uso de fertilizantes y conservación de biodiversidad. Estos ecoesquemas representan ya entre 20% y 25% de los pagos directos.
A pesar del giro ambiental, la UE conserva mecanismos de intervención pública en productos sensibles, como lácteos, carne vacuna y azúcar, mediante compras de intervención o ayudas al almacenamiento privado. También mantiene una reserva de crisis de 450 millones de euros anuales, destinada a compensar pérdidas por conflictos o eventos sanitarios. Durante la última década, más de 2.500 millones de euros fueron destinados a medidas excepcionales frente a la pandemia o a la guerra en Ucrania.
La PAC se convirtió en el sistema de subsidios agrícolas más grande del mundo: la estructura mezcla estabilidad de ingresos, protección comercial –con aranceles agrícolas promedio de 10,8% frente al 4% de los bienes industriales– y objetivos ambientales de largo plazo.
China: autosuficiencia y control de precios
El caso de China es distinto, pero de magnitud similar. En 2024 el apoyo al productor alcanzó US$ 267.000 millones, equivalentes al 13,5% del ingreso agrícola bruto nacional. Aunque ese porcentaje es menor al de la UE, en valores absolutos coloca al país asiático como el mayor otorgante de subsidios agrícolas del planeta.
La política agrícola china se basa en tres grandes mecanismos. El primero es el Apoyo de Precios de Mercado (MPS, por sus siglas en inglés): el gobierno fija precios mínimos oficiales para trigo y arroz, y ordena a las empresas estatales –principalmente Sinograin– a comprar el grano cuando los precios caen por debajo del nivel de intervención. Los cupos anuales rondan las 37 millones de toneladas de trigo y 50 millones de toneladas de arroz, lo que otorga al Estado un rol determinante en la formación de precios.
El segundo mecanismo son los subsidios presupuestales y compensaciones regionales, que otorgan pagos directos a los productores de algodón, soja y maíz para cubrir parte de la brecha entre precios internos e internacionales. Además, los productores reciben ayudas complementarias para insumos, semillas y mecanización.
El tercer componente es la inversión en infraestructura, riego y modernización tecnológica, con fuertes incentivos a la consolidación de tierras y la adquisición de maquinaria.
Desde 2014 Pekín viene reduciendo gradualmente los precios mínimos y reemplazando los programas de almacenamiento estatal por pagos compensatorios, pero la autosuficiencia alimentaria sigue siendo un objetivo estratégico.
El giro más reciente, reflejado en el “Documento Central N.º 1” de 2024, incorpora el concepto de “agricultura verde”, con medidas para reducir el uso de fertilizantes, reciclar nutrientes, controlar la contaminación de suelos y limitar antibióticos en ganadería. El país mantiene además el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola Sostenible 2015-2030, orientado a disminuir las emisiones del agro y mejorar la trazabilidad.
Estados Unidos: el Estado como asegurador
El modelo de Estados Unidos combina una larga tradición de apoyo público con una estructura moderna, centrada en la gestión de riesgos y la sostenibilidad ambiental. En total, el gasto agrícola estadounidense ronda los US$ 40.000 millones a US$ 45.000 millones anuales, equivalentes al 7% del ingreso agrícola.
El principal instrumento es el seguro federal de cultivos, administrado por el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés). El gobierno subsidia entre 60% y 65% del valor de las primas y cubre parte de los costos administrativos de las aseguradoras privadas, con un gasto de US$ 11.000 millones a US$ 13.000 millones al año.
A esto se suman los programas Cobertura de pérdida de precio (PLC) y Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC, por sus siglas en inglés), que compensan al productor cuando los precios o los ingresos caen por debajo de niveles de referencia. En conjunto movilizan entre US$ 5.000 millones y US$ 6.000 millones anuales.
El tercer componente son los programas ambientales y de conservación, como el Programa de Reserva de Conservación (CRP), que paga por retirar tierras frágiles de la producción, y el Programa de Incentivos a la Calidad Ambiental (EQIP), que financia mejoras en manejo de suelos y agua. Ambos suponen entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones por año.
Además, cuando ocurren desastres naturales o emergencias sanitarias, el Congreso aprueba asignaciones extraordinarias: la American Relief Act (Ley de ayuda estadounidense, en inglés) de 2025 destinó más de US$ 30.000 millones en compensaciones.
La OCDE subraya que Estados Unidos ya no subsidia precios, salvo excepciones como el azúcar. Pero subsidia el riesgo, asegurando ingresos mínimos y estabilidad del sistema productivo. Esta orientación, menos distorsiva para el comercio, explica por qué el agro estadounidense mantiene alta competitividad pese a un apoyo moderado en términos relativos.
Brasil: crédito rural y ciencia aplicada
El agro brasileño, motor de exportaciones y crecimiento, opera con un nivel de apoyo de 5% del ingreso agrícola bruto, entre US$ 8.000 millones y US$ 10.000 millones anuales. La OCDE considera que Brasil combina un bajo nivel de subsidios directos con una fuerte presencia del Estado en crédito, innovación y sanidad.
El instrumento principal es el Plan Zafra, que define cada año las líneas de crédito subsidiado para siembra, comercialización e inversión. En la zafra 2024-2025 movilizó 435.000 millones de reales (US$ 85.000 millones), aunque solo 10% corresponde a bonificaciones de tasa cubiertas por el Tesoro.
El seguro rural recibe apoyo público por US$ 400 millones a US$ 600 millones anuales, pero aún cubre menos del 20% del área agrícola. A su vez, el gasto en servicios generales al sector alcanza 14% del apoyo total, uno de los niveles más altos entre los países analizados. En ese rubro se incluyen la investigación e innovación de Embrapa, la infraestructura logística, los programas de sanidad y la extensión técnica.
Los programas de precios mínimos (PGPM) y las compras de la Conab (Compañía Nacional de Abastecimiento) hoy representan menos del 1% del valor de la producción, reflejando una transición hacia mecanismos de mercado.
Para la OCDE este modelo de bajo subsidio directo y alto gasto en conocimiento y logística explica gran parte de la productividad brasileña y su liderazgo exportador. Aun así, el organismo recomienda fortalecer la política de seguros y focalizar los subsidios en pequeños y medianos productores.
Australia: libre mercado y resiliencia
El agro australiano funciona con uno de los niveles de apoyo más bajos del mundo: menos del 3% del ingreso agrícola, equivalentes a US$ 1.500 millones anuales sobre una producción total superior a US$ 60.000 millones.
Tras las reformas liberalizadoras de los años 80, Australia eliminó aranceles, precios mínimos y juntas estatales de comercialización. Desde entonces, su política se enfoca en competitividad, ciencia aplicada y adaptación al cambio climático.
La Política Nacional de Sequías, vigente desde 1992, marcó un cambio estructural: el riesgo climático es responsabilidad del productor, y el Estado actúa solo ante eventos extremos. Los apoyos consisten en subsidios a inversiones hídricas, reposición de ganado o reconstrucción de infraestructura, sin alterar los precios del mercado.
El gasto público se concentra en programas de investigación, manejo del agua, mitigación de sequías y extensión técnica. La OCDE destaca que el país redujo el uso de nitrógeno y fósforo por hectárea y bajó la participación del agro en las emisiones nacionales, de 17,5% en 2000 a 14,9% en 2023.
Australia mantiene, además, un alto nivel de eficiencia hídrica: aunque el agro utiliza 67% del agua del país, logró estabilizar sus extracciones y aumentar la productividad por unidad utilizada.
Con 3% de apoyo y ausencia total de distorsiones de precios, Australia figura, junto con Nueva Zelanda, entre los sistemas agropecuarios más competitivos y ambientalmente orientados del mundo.
Argentina: Potencial desaprovechado
En el extremo opuesto, Argentina es el único país de la OCDE con apoyo negativo al productor. Según el informe Estimación de soporte al productor fue en promedio de menos US$ 9.500 millones anuales, equivalentes a –11% del ingreso agrícola bruto.
El motivo es la incidencia de los derechos de exportación (retenciones), que reducen los precios internos de granos, carne y lácteos entre 15% y 20% frente a los valores internacionales. En términos prácticos, el productor transfiere recursos al Estado en lugar de recibirlos.
Los subsidios directos son escasos y se concentran en crédito rural, emergencias y el Fondo del Tabaco, que canaliza parte de un impuesto sobre cigarrillos a las provincias productoras.
El 60% del gasto público agrícola se destina a servicios generales, como sanidad e investigación, pero la OCDE advierte un deterioro de la inversión pública en innovación y de la capacidad operativa de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
A pesar de ello, el país mantiene un fuerte superávit comercial agroalimentario, con exportaciones de granos, carnes y alimentos procesados, que superan los US$ 30.000 millones anuales.
Dos modelos en tensión
El panorama global muestra un mundo agrícola dividido. Por un lado, Europa, Estados Unidos y China sostienen sistemas amplios de apoyo público, orientados a ingresos, sostenibilidad o seguridad alimentaria.
Por otro, Brasil, Australia y Nueva Zelanda apuestan a la competitividad estructural, la innovación y el libre mercado, con niveles de subsidios mucho menores.
Finalmente, Argentina mantiene un esquema fiscal regresivo, donde el agro financia al Estado mediante impuestos a la exportación.
La OCDE concluye que, aunque el nivel global de subsidios creció en términos absolutos, los países avanzan –a ritmos distintos– hacia formas de apoyo menos distorsivas y con mayor atención a la sostenibilidad. Pero también recuerda que la competencia internacional en alimentos sigue marcada por enormes asimetrías: mientras algunos productores reciben pagos por cumplir metas ambientales, otros enfrentan impuestos que reducen su precio de venta.
Después de 30 años del Acuerdo sobre la Agricultura, el comercio mundial de alimentos sigue lejos de jugar en igualdad de condiciones.
El maíz de segunda vuelve a posicionarse como una alternativa estratégica dentro de los sistemas agrícolas uruguayos, no solo por su aporte agronómico a la rotación, sino también por un contexto de precios que lo favorece frente a la carne, la leche y la soja. Así lo planteó Andrés Contatore, director de 4 Hojas, durante la jornada “Maíz de segunda: ¿cómo capitalizar la oportunidad?”, organizada por Procampo Semillas y Supra, en Nueva Helvecia.
Contatore destacó que el cultivo “tiene todavía mucho para avanzar en adopción de tecnología”, y que aporta beneficios claros a la diversificación productiva, al manejo del riesgo y a la estabilidad del sistema.
Subrayó que el maíz como antecesor de soja genera un plus productivo relevante: “cuando la soja va detrás de un maíz, se obtiene alrededor de un 13% más de rendimiento que cuando va detrás de otro cultivo”.
Desde el punto de vista de la rotación, señaló que los esquemas que incluyen maíz muestran márgenes más altos y menor volatilidad.
En cuanto al perfil de riesgo, diferenció entre maíz de primera y de segunda. El de segunda, si bien tiene algo menos de potencial de rinde, presenta una menor variabilidad productiva. A esto se suman los avances en genética, mejoras en la maquinaria, un manejo más fino de densidades y una gestión más eficiente del nitrógeno, factores que han elevado la competitividad del cultivo.
Desde el punto de vista económico, indicó que los costos directos del maíz de segunda para la zafra 2025-2026 se ubican en torno a “US$ 600 por hectárea”, lo que equivale a un punto de equilibrio cercano a “3.000 kilos” por hectárea, sin considerar renta ni estructura.
Acotó que el contexto actual de relaciones de precios aparece como uno de los grandes estímulos. En carne, la relación histórica es de nueve kilos de maíz por kilo de carne, mientras que en la actualidad la carne carne puede comprar 12 kilos de maíz. “Si un corral tiene una eficiencia de conversión de ocho a uno, le está ganando 4 kilos de maíz por cada kilo de carne producida”, señaló.
En leche, la relación pasó de 650 litros por tonelada de maíz a unos 530 litros, lo que también mejora el escenario para los sistemas lecheros.
Contatore comparó que, con un maíz en torno a US$ 220 por tonelada y una soja cerca de US$ 380 por tonelada, las relaciones también resultan favorables al cereal.
Influencia de Clima y nitrógeno en el rinde
La formación del rendimiento del maíz está fuertemente condicionada por un conjunto de factores agronómicos, pero “el clima y la fertilización nitrogenada son los que más inciden”, con un peso del 27%, cada uno, en el resultado final, señaló a VERDE, Emiliano Acosta, integrante del área de desarrollo de Supra Semillas.
El técnico explicó que, por detrás de esos factores, la elección del híbrido adecuado para cada ambiente productivo representa otro componente central, con una incidencia del 19% en la formación del rendimiento.
Agregó que la densidad de siembra y la población –en línea con el híbrido elegido– también influyen de forma relevante, al igual que la rotación de cultivos, con un impacto del 10% en cada caso.
Acosta indicó que en la parte superior de la pirámide se ubican factores como la sanidad y el manejo de malezas, entre otros, que explican entre 4% y 5% del rendimiento final.
Aunque su incidencia es menor, forman parte de las decisiones agronómicas que terminan definiendo la performance del cultivo en cada zafra.
Explicó que en planteos de “alta productividad”, en los mejores lotes “se posiciona KWS 16-607 y KM 3916, ambos Viptera 3”. A la vez, en los sistemas “donde es necesario aumentar pisos de rinde, en chacras más heterogéneas, ingresa KWS 19-120 Vip 3”. Y acotó que “todos cuentan con una versatilidad en la densidad de siembra, acorde al planteo que debemos enfrentar y a la expectativa de rinde”.
A la vez, agregó KWS 16-607 VIP 3, “un material granífero de alto potencial y excelente sanidad, con alta tasa de secado, que permite una densidad de hasta 50.000 plantas logradas”. En tanto, KWS 19-120 VIP 3, “es un doble propósito para cosechar grano y/o hacer silo, con excelente perfil sanitario, y permite una densidad de 55.000 plantas logradas”.
La productividad vacuna mostró una mejora significativa durante el ejercicio 2024/2025, con un aumento promedio de 12%, según los resultados del Monitoreo de Empresas Ganaderas del Plan Agropecuario.
También se registró un incremento de 8% en la productividad total, medida como carne equivalente, confirmando una recuperación sostenida tras el impacto de la sequía.
A este desempeño productivo se sumó un escenario de precios altamente favorable. El precio promedio del novillo gordo fue 23% superior al del ejercicio anterior, mientras que el ternero alcanzó un récord histórico en moneda corriente, en un contexto de relaciones de precios más favorables para la compra de insumos clave.
La combinación de más kilos producidos y mejores precios se tradujo en resultados económicos claramente superiores, pese a que los costos de producción por hectárea registraron un leve incremento.
El Ingreso de Capital alcanzó un promedio de 107 US$/ha, lo que representa una suba interanual del 45% y el segundo mejor resultado de la serie histórica en valores corrientes.
El buen desempeño económico estuvo respaldado por un marco productivo favorable. Durante el ejercicio 2024/2025 se consolidó la recuperación del campo natural, con tasas de crecimiento cercanas al promedio histórico y una continuidad positiva en el inicio del ciclo 2025/2026.
A su vez, la encuesta de la Red de Información Ganadera (RING) confirmó una muy buena primavera, con alta disponibilidad de pasto y una mejora en la condición corporal de las vacas de cría.
Estos resultados fueron presentados en una nueva edición de la presentación de Carpetas Verdes, el programa de seguimiento de empresas ganaderas que acumula 24 años ininterrumpidos de información productiva, económica y financiera.
La Asociación de Combustibles Renovables (RFA) y el Consejo Americano de Biogás (ABC) están liderando la conformación de una coalición destinada a impulsar el uso de biocombustibles en el transporte marítimo comercial, un sector clave en la agenda energética y ambiental a nivel global.
La iniciativa, denominada Iniciativa Marítima Estadounidense de Biocombustibles (ABMI, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo trabajar con la administración Trump y el Congreso de Estados Unidos para establecer políticas que aceleren la adopción de energía y biocombustibles de producción estadounidense en el sector marítimo internacional.
Según un comunicado oficial, la propuesta apunta a “establecer el dominio estadounidense en el futuro del transporte marítimo mundial”.
Entre los biocombustibles marítimos contemplados se incluyen etanol, biometano, bioGNL, biodiésel y diésel renovable, alternativas que podrían desempeñar un papel relevante en la reducción de emisiones del transporte oceánico.
La creación de la ABMI se produce en un contexto de incertidumbre regulatoria, tras el aplazamiento de un año en la votación de un plan de la Organización Marítima Internacional (OMI) orientado a reducir las emisiones de carbono de los buques oceánicos. La postergación respondió a la presión ejercida por la administración Trump sobre la iniciativa.
“Cada día, Estados Unidos genera residuos orgánicos que deberían transformarse en energía limpia y de origen nacional. El respaldo al mercado de combustibles marítimos impulsará el crecimiento del comercio interno, generando nuevos ingresos para los agricultores y fortaleciendo las economías rurales”, afirmó Patrick Serfass, director ejecutivo del ABC y copresidente de la iniciativa.
Según señaló, la ABMI buscará visibilizar este potencial a medida que los responsables políticos definan el futuro de la producción estadounidense de combustibles marítimos.
En la misma línea, Geoff Cooper, presidente y director ejecutivo de la RFA y también copresidente de la ABMI, destacó que “el sector marítimo representa una enorme oportunidad de mercado para los combustibles renovables fabricados en Estados Unidos a partir de cultivos producidos en el corazón del país”.
La iniciativa, de acuerdo a lo publicado por Agri-Pulse, apunta así a posicionar a los biocombustibles estadounidenses como una alternativa estratégica en la transición energética del transporte marítimo, combinando objetivos ambientales con el fortalecimiento del entramado productivo y rural del país.
La soja volvió a retroceder en el mercado de Chicago, en una rueda que profundizó el sesgo bajista observado a lo largo de diciembre. La estadística del mes muestra cierres negativos en 11 de las 14 ruedas operadas, con una caída acumulada de 7,51% para la primera posición negociada, que pasó de US$ 418,05 a US$ 386,64 por tonelada.
En la jornada más reciente, el contrato julio cerró en US$ 398,68 por tonelada, perforando nuevamente el umbral de los US$ 400, un nivel psicológico que el mercado no logra sostener en el actual contexto.
Entre los fundamentos bajistas, se mantiene como factor central la evolución favorable de los cultivos en Sudamérica, con buenas lluvias registradas en lo que va del mes tanto en Brasil como en Argentina, lo que refuerza las expectativas de una oferta abundante. A esto se suma la confirmación gradual y limitada de compras chinas en Estados Unidos, un elemento que sigue pesando sobre el ánimo del mercado. Cabe destacar que la lentitud en las ventas externas estadounidenses no se limita únicamente a China.
En ese marco, y dentro del cronograma de actualización de los informes semanales de exportaciones de Estados Unidos, cuyas cifras completas recién quedarán actualizadas el 2 de enero, el USDA relevó ventas de soja 2025/2026 correspondientes al período del 21 al 27 de noviembre por 1,106 millones de toneladas (Mt), un volumen que se ubicó dentro del rango esperado por los operadores, que manejaban estimaciones de entre 0,6 y 2,0 Mt.
Con estas operaciones, Estados Unidos acumula compromisos de exportación por 21,83 Mt, lo que representa una caída de 39,31% frente a los 35,97 Mt comercializados a igual altura del año pasado. Con el foco puesto en los movimientos de China, el reporte mostró ventas al gigante asiático por 509.000 toneladas, elevando el acumulado hacia ese destino a 3,015 Mt.
Además, en sus partes diarios, el USDA confirmó una nueva venta de soja estadounidense 2025/2026 a destinos no especificados, por 114.000 toneladas, que aportó algo de sostén puntual al mercado, aunque sin modificar la tendencia general.
En el plano productivo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) informó que la siembra de soja en Argentina avanzó sobre el 67,3% de los 17,6 millones de hectáreas previstas, tras un progreso semanal de 8,7 puntos porcentuales, favorecido por la mejora de las condiciones climáticas.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta para 2026 un escenario de menor oferta mundial de carne vacuna, con impacto directo sobre el comercio internacional.
De acuerdo con el último informe Livestock and Poultry: World Markets and Trade, la producción global caerá 1%, hasta 61,0 millones de toneladas (Mt), luego del crecimiento registrado en 2024 y 2025.
La baja en la producción responde principalmente a recortes en Australia, Brasil, Estados Unidos, China y la Unión Europea, que no logran ser compensados por los aumentos previstos en India, México, Nueva Zelanda y Uruguay. El USDA identifica como factor común un cambio en la dinámica del rodeo, con menor faena de hembras y mayor retención de vientres en varios de los principales países productores.
En Brasil, la producción de carne vacuna se reduciría 5%, hasta 11,7 Mt, luego de haber alcanzado un récord de 12,4 Mt en 2025. El organismo señala que la menor faena de hembras refleja una estrategia de recomposición del rodeo, lo que limita la disponibilidad de carne y reduce el volumen exportable.
En Australia, la producción bajaría 1%, debido a una desaceleración en la faena de vacas con el objetivo de reducir el impacto sobre el rodeo reproductivo. Si bien el stock bovino continúa creciendo, el ajuste en la faena condiciona la oferta de corto plazo.
En Estados Unidos, la producción de carne vacuna caería 1%, condicionada por la escasez de novillos y vaquillonas para feedlots, situación que se ve agravada por las restricciones a la importación de ganado en pie desde México, vinculadas al brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo.
. En este contexto, y junto con menores aranceles en mercados clave como Australia y Brasil, las importaciones crecerían 2%, hasta 2,5 Mt. En contrapartida, las exportaciones estadounidenses se reducirían 4%, a 1,1 Mt, afectadas por la estrechez de la oferta interna, la competencia de otros exportadores y la falta de acceso al mercado chino.
En Argentina, la producción se mantendría relativamente estable, mientras que las exportaciones crecerían 7%, en un contexto de menor oferta global que mejora su posicionamiento competitivo en los mercados internacionales.
Las exportaciones globales de carne vacuna alcanzarían 13,5 Mt en 2026, un 1% menos que en 2025. La caída en los envíos de Brasil, Australia y Estados Unidos, los tres principales exportadores, no sería compensada por los mayores embarques desde Argentina, México, India y Nueva Zelanda.
La Unión Europea decidió postergar hasta enero la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur, prevista inicialmente para este sábado, ante la oposición de Francia e Italia y la falta de una mayoría cualificada entre los 27 Estados miembro.
La decisión fue comunicada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cena de trabajo que los jefes de Estado y de Gobierno mantuvieron este jueves en Bruselas, en el marco de la cumbre europea. Si bien el acuerdo no figuraba en la agenda formal del Consejo Europeo, las presiones de algunos países obligaron a abordar el tema.
En ese ámbito, el Gobierno español defendió la necesidad de avanzar cuanto antes con la firma del tratado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque relativizó el impacto del aplazamiento. “Si se ha esperado 25 años, se puede aguantar un mes más”, señalaron fuentes oficiales, al tiempo que confirmaron que España continuará impulsando el acuerdo a todos los niveles.
Desde el Ejecutivo español reconocen que el tratado, en negociación desde hace un cuarto de siglo, podría no contar aún con el respaldo suficiente esta semana, aunque consideran clave concretarlo lo antes posible. En ese sentido, explicaron que varios países están a la espera de la aprobación definitiva de las salvaguardas acordadas entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que incluyen mecanismos de vigilancia de mercados y la posibilidad de suspender importaciones de productos sensibles en caso de distorsiones para los productores europeos, según informó Infobae.
Estas medidas, sin embargo, no entrarían en vigor antes de enero, un calendario que también fue respaldado por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien pidió esperar a que se materialicen tanto las salvaguardas como el refuerzo de los controles aduaneros anunciados por Bruselas.
En paralelo, el Gobierno italiano mostró señales de mayor apertura tras una conversación telefónica entre la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente de Brasil, Lula da Silva. Según fuentes del Palacio Chigi, Italia estaría dispuesta a firmar el acuerdo “en cuanto se garanticen respuestas adecuadas para los agricultores”, una definición que dependerá de las decisiones finales de la Comisión Europea.
