La agrónoma Victoria Perdomo y la politóloga Lucía Zapata obtuvieron sus maestrías en Países Bajos y España; contaron cómo ven al agro en Europa y qué debería hacer Uruguay
¿Cuál es la relación entre el que produce y el que fabrica en Uruguay? ¿Cómo se evalúa la calidad de lo que hacemos? ¿Qué se está haciendo en política pública agropecuaria a nivel macro? ¿Qué políticas de Estado necesitamos?. Estas y otras preguntas se hacen dos mujeres uruguayas que salieron al exterior para aprender más sobre el sector.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, VERDE entrevistó a dos jóvenes que crecieron en el campo uruguayo, y buscaron nuevas perspectivas del sector agropecuario. Una es ingeniera agrónoma y la otra politóloga. Desde distintos ángulos y formaciones previas, pero con algo en común: un profundo amor por el Uruguay y muchas ganas de volver para aportar desde sus lugares.
María Victoria Perdomo Berton es ingeniera agrónoma, tiene 27 años y es flamante magíster en Gestión Innovadora de la Cadena Lechera por la Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, de Países Bajos. Trabaja en una empresa en Wageningen como especialista en Nutrición Animal.
Fue criada en un tambo en Tarariras, Colonia, junto a sus padres (ambos ingenieros agrónomos) y hermano. Su madre fue asesora de grupos CREA en la zona. A pesar de las enormes referencias con las que creció, ella y su hermano siempre tuvieron total libertad de elegir sus caminos. Así y todo, descubrió que lo que se hereda no se roba: “Siempre me gustó ir al campo con mi padre. A medida que fui creciendo me di cuenta que me gustaba la lechería y la agricultura”, comentó. Luego de trabajar como agrónoma en Uruguay, sintió que a su formación le faltaba una conexión firme entre la producción, el impacto social y la organización del sector.
Desde su experiencia, la formación uruguaya es sólida y le permitió afrontar los desafíos del exterior sin sentirse en desventaja. “La amplia base teórica que tenemos es una ventaja a largo plazo”, opinó. Los graduados de la Universidad de la República “saben que las cosas no son tan simples” y logran enfrentar sólidamente cualquier currícula en el exterior. “Siempre me sentí segura, y eso es gracias al enfoque completo que traemos” afirmó.
La ingeniera encontró interesante la perspectiva de “negocio” y “estrategia empresarial” que logró en su maestría en el exterior. Le permitió reflexionar sobre preguntas que deberían hacerse los productores más allá de “la gestión, lo económico y los números”. “¿Cuál es tu meta a corto y largo plazo? ¿Qué querés producir? ¿Para qué lado te gustaría crecer como productor? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuál es la forma de hacer lo que querés tomar? Yo creo que es un planeamiento que estaría muy bueno empezar a hacer.” reflexionó.
Al recibirse, trabajó en monitoreo de chacras y calidad de cultivos hasta que decidió salir del país, junto a su pareja. A pesar de que le “encanta” Uruguay, sintió que “hay que experimentar y ver qué hay afuera”, comentó.
La inquietud no solo respondía a un interés personal, sino también a una necesidad profesional. En su experiencia en el exterior analizó casos en otros continentes y detectó diferencias claves en la organización y el impacto del sector.
El contraste europeo en la lechería
Uno de los contrastes más marcados fue el nivel de regulación que tienen los sistemas bajo el control de la Unión Europea. Eso hace que estén más integrados en la cadena. María Victoria reflexionó que en Uruguay “nos falta integración”. Señaló que “el productor es solo un eslabón de la cadena, pero muchas veces los actores que vienen después son los que terminan tomando las decisiones”. Para ella, Uruguay podría beneficiarse de un mayor vínculo entre productores, reguladores e industria.
En Países Bajos la lechería, estabulada y de altísima productividad, enfrenta severos problemas ambientales que han tenido que abordar. “La crisis del nitrógeno es un problema enorme”, sostuvo. Los productores “no saben qué hacer con la bosta”, porque las regulaciones les impiden desecharla libremente. “Tienen un marco normativo que determina cuánto podés aplicar por año”, explicó.
Su tesis de maestría abordó el análisis de ciclo de vida para una tecnología para procesar heces en el tambo y convertirlas en fertilizante que pueda exportarse o reintroducirse en el sistema. Fue la restricción sobre las aplicaciones lo que hizo que apareciera el financiamiento para valorizar este subproducto e incorporarlo a la cadena logística. Victoria explicó que “el problema no es solo la tecnología, sino cómo el productor accede a ella”.
El contexto global también impone nuevas exigencias. “Como consumidores estamos demandando y poniendo una presión en el productor, que a veces es desmedida”, reflexionó. Y aseguró que, tarde o temprano, estas regulaciones llegarán a Uruguay. Para adelantarse, cree que el país debe fomentar espacios de diálogo entre productores y reguladores, en vez de esperar a que la presión externa imponga cambios abruptos y cada uno haga lo que pueda.
Sustentabilidad
Sin embargo, señaló que la sustentabilidad es un concepto que se está cuestionando cada vez más. “Todo el mundo dice que es sustentable, pero ¿qué significa eso realmente? ¿En lo ambiental? ¿En lo social? ¿En lo económico?”, se preguntó. En su visión, las empresas que quieran posicionarse en el mercado global tendrán que demostrarlo con datos.
Su maestría, a pesar de ser sobre lechería, incluía conocer de primera mano –en el laboratorio– la elaboración de ultraprocesados veganos. En particular, las imitaciones de productos lácteos. “No puedo simplemente cerrarme y decir no, eso está mal”, dijo.
Sin embargo, reconoció que algunas veces el discurso que se opone a la producción animal “se torna violento”. “La variedad de leches vegetales en particular, y comida vegana en general, es mayor que la oferta de productos animales reales”, observó. “Me pregunto hasta qué punto los que promueven estas marcas tienen un respaldo científico o si verdaderamente creen que hacen el bien”, cuestionó.
La ingeniera cree que muchos de estos casos “simplemente siguen una moda o aprovechan un nicho comercial”. Y considera que Uruguay debe prepararse para responder a estos cambios en el consumo, con herramientas que permitan demostrar la sustentabilidad de su producción.
María Victoria reflexionó sobre algunos prejuicios que pueden recaer sobre sistemas productivos como los de Uruguay. “Si la gente de acá no conoce nuestro sistema productivo, si ve una foto de una vaca enterrada en el barro en invierno puede decir que no va”, advirtió. Por eso, dijo que sería “genial” que el país “pueda demostrar y probar”, y “contar con herramientas para justificar por qué hacemos lo que hacemos, estén de acuerdo o no”. En Países Bajos, por ejemplo, tienen que “regular la cantidad de días que la vaca pasa en el pasto” para reducir la estabulación lechera, comentó.
A Uruguay está llegando “de a poco” el consumo de productos vegetales greenwashed, que promueven ser sustentables aunque no lo son totalmente. Por lo general, estos productos están basados en monocultivos, aceites, aditivos y saborizantes que podrían terminar siendo menos sustentables que la típica carne uruguaya, alimentada a pasto. Por eso, la producción animal “tiene que estar preparada” para “probar y trackear que es buena y sustentable con el ambiente”, sostuvo. “Ser sustentable no es solo una palabra, hay que probarlo” agregó.
Desafíos de Uruguay y consejo para jóvenes
Para Victoria un desafío fundamental de la lechería son los efluentes. Consideró que “falta control” para saber “qué está pasando”, y que a su vez “falta formación técnica” para lograr “mano de obra calificada” en las tareas de campo. El siguiente desafío es “la conexión con la industria y la academia”.
Planteó que cada vez que hay un conflicto es necesario “ver cómo afecta al sector”. “Necesitamos evaluar, rastrear y decidir dónde implementar las mejoras. Muchas veces se trata de cada uno haciendo lo suyo”, analizó. Para ello “es imprescindible trabajar en más y mejor marco regulatorio”, sostuvo.
A los jóvenes que ingresan al agro María Victoria les recomienda mantener la mente abierta. “La agronomía da un abanico enorme, hay que aprovecharlo. Si tienen la curiosidad de hacer algo diferente, explórenlo. La formación que tenemos es un respaldo, y las oportunidades están para el que las busca”, enfatizó.
Del basalto a la península ibérica
Lucía Zapata también heredó de sus padres la pasión por el campo, ellos son veterinarios y se dedican a la cría de ovinos en el paraje Toro Negro, en el departamento de Salto. Ella creció entre ese lugar y la ciudad de Tacuarembó. Sus padres, luego del sacrificio de toda una vida en el basalto y los coletazos de la crisis del 2002, preferían que se dedicara a otra cosa. Por eso hizo la carrera de Ciencia Política, mientras militaba activamente en política partidaria (en el Partido Socialista) local e internacional. Al final, terminó perfilando todo su bagaje hacia el mundo agropecuario, especialmente a las políticas públicas en ganadería.
Entre materias optativas en Facultad de Agronomía (FAgro) durante el grado y posteriormente una maestría en esa facultad, vivió tratando de juntar ambos mundos. “Me metí en Agronomía desde las ciencias sociales, convenciendo a los politólogos de por qué quería ir para ahí y a los agrónomos de que nos necesitaban”, comentó. El programa de maestría de FAgro en Ciencias Sociales normalmente se enfoca en la producción familiar, pero ella quería ir un poco más allá y entender cómo funciona la institucionalidad del agro en Uruguay.
Lucía trabajó en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación varios años antes de decidir que quería formarse en el exterior. Hizo la maestría en Desarrollo Internacional en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, en España, con perfil en Sustentabilidad y enfocando su trabajo final de grado en la ganadería uruguaya. Actualmente reside en Uruguay y es asistente en el Instituto Sudamericano de Estudios en Resiliencia y Sustentabilidad (Saras, por su sigla en inglés).
Demonización de la ganadería
Uno de sus principales intereses es el discurso sobre la ganadería y su “demonización”. Desde el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), titulado La larga sombra del ganado, “el sector quedó bajo un escrutinio global, pero muchas de esas críticas no aplican a Uruguay”, sostuvo. Si bien su rol como politóloga no es “aportar argumentos técnicos” para desarmar esa narrativa, sí le interesa “cómo se construyen esos discursos” y “cuál es el rol del Estado”, así como “la existencia de políticas públicas en ganadería sustentable”, explicó.
El desafío planteado era sumamente difícil. Los antecedentes escasean. Las investigaciones que existen refieren más a “perspectivas históricas”. Los cientistas sociales tienden a “juntar rubros” del sector agropecuario sin analizar particularidades, y Lucía afirma que el caso de la ganadería uruguaya “tiene muchas particularidades” que es necesario abordar.
Falta investigar en política agropecuaria
Zapata opinó que falta un respaldo académico que sirva para posicionar a Uruguay en estas discusiones internacionales. Reflexionó que la sociología rural uruguaya está más centrada “en el desarrollo rural” y en “la agricultura familiar”, y si se habla de “producción empresarial” el foco es en “agricultura y forestación”. Pero esta disciplina raramente logra abordar la “política pública”, especialmente en ganadería.
Y lamentó que “si un diplomático uruguayo tuviera que defender nuestra ganadería no tendría un respaldo teórico robusto”, desde el punto de vista político, aunque “hay mucho material desde lo técnico”.
Lucía está convencida de que si no se insiste en esto, el debate sobre ganadería a nivel internacional “queda supeditado a lo técnico, agronómico, o a lo sumo puramente económico”, donde “discuten los actores de la cadena como industria, gremiales y empresarios”, pero no la sociedad en su conjunto.
La politóloga se preguntó: ¿Dónde se pueden realizar consensos? ¿Y dónde no? ¿Qué trayectorias de larga duración hubo? ¿Dónde hay que profundizar?, como disparadores base para definir una estrategia.
“Todos dicen que necesitamos políticas de Estado, pero ¿cuáles? Por ejemplo, ve que está “aparentemente saldado” que debemos “apuntar a la carne de nicho”, pero sin embargo dependemos altamente del volumen exportado a China. “¿Qué pasa si un día China deja de comprarnos carne?”, se preguntó. Consideró que Uruguay tiene fortalezas para posicionarse mejor, pero falta un plan claro para minimizar dependencias y establecer una estrategia de largo plazo.
La pelea contra molinos de viento
Lucía enfrentó varios desafíos en su maestría. Mientras los altos niveles de consumo se encuentran “en el norte global”, son “ellos” los que “nos juzgan” por tener gandería “en el sur”, dijo. Le interesaba “mapear la producción de carne” y encontrar particularidades. En una instancia curricular se midió la huella personal de carbono en base a coeficientes preestablecidos. Por haber indicado que “consumía carne”, su “huella de carbono era la más alta de la clase, y a diferencia de mis compañeros, yo no tenía auto ni viajaba tanto en avión”, comentó. En su opinión, las discusiones sobre sustentabilidad suelen estar sesgadas y centradas en el norte global, sin considerar realidades productivas de países como Uruguay.
Cada vez que se tocaba un tema relacionado con la ganadería consultaba a docentes, pero la respuesta era siempre la misma: “no sé mucho de este tema”. “Y cuando hablaba de Uruguay, me miraban como si estuviera hablando en chino”, dijo. “Muchos docentes tenían a la ganadería absolutamente demonizada, mientras otros estaban un poco más actualizados respecto a aquel informe de FAO y habían leído los siguientes”, comentó. Sin embargo, el objetivo de Lucía siempre fue saber si realmente en Uruguay “se hacen las cosas distinto”.
La innovación no cruza porteras adentro
El instituto Saras combina sustentabilidad y gobernanza. “Es uno de los pocos espacios donde las ciencias biológicas y sociales se integran”, valoró. Sin embargo, reconoció que hay mucho por hacer. “Nos falta un sistema nacional de extensión más fuerte para que los productores adopten innovaciones”, donde “técnicos y productores sean vistos como iguales en el intercambio” y no a los primeros “un escalón arriba”, apuntó.
Consideró que el espacio para la política pública es una herramienta para reducir “la brecha” entre “toda la investigación que se produce” y “la realidad de los productores”, que “no adoptan la tecnología” para aumentar la resiliencia y productividad de los sistemas de ganadería. Reflexionó que esto podría deberse a “una falta de visión integral de los técnicos” y que quizá “no se estén generando las medidas que precisan”, donde la política pública juega un rol fundamental.
El futuro del paisito
Zapata cree que Uruguay debe fortalecer su posición en mercados internacionales sin perder de vista la sustentabilidad. “Hay que diversificar mercados y fortalecer la trazabilidad para demostrar que nuestra producción es sustentable de verdad”, dijo.
La politóloga ve sumamente prometedor el acuerdo con la Unión Europea y considera que ese es el tipo de cosas a las “que tenemos que apuntar”. Para ella, el agro uruguayo tiene ventajas comparativas y logros excelentes como “sustentabilidad y trazabilidad”, que hacen que esté “sumamente bien posicionado”, pero debe prepararse mejor para que “los coletazos no le peguen tanto”.
“No es fácil convencer a la gente de que necesita politólogos en su vida, pero el agro también es política, y hay que entenderlo desde ahí”, concluyó.
China estableció un nuevo esquema de cuotas de importación de carne vacuna para el período 2026–2028, con volúmenes diferenciados por país y una vigencia anual que va del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año. El sistema mantiene un arancel adicional del 55% para las importaciones que superen los cupos asignados.
De acuerdo con la tabla oficial, Brasil concentrará ampliamente el mayor volumen habilitado dentro del esquema de cuotas, con 1,10 millones de toneladas (Mt) en 2026, que aumentarán a 1,12 Mt en 2027 y 1,15 Mt en 2028, consolidando su posición dominante como principal proveedor de carne vacuna del mercado chino.
En el caso de Argentina, la cuota asignada será de 511.000 toneladas en 2026, con incrementos graduales a 521.000 toneladas en 2027 y 532.000 toneladas en 2028.
Para Uruguay, China fijó una cuota de 324.000 toneladas en 2026, que crecerá a 331.000 toneladas en 2027 y 337.000 toneladas en 2028. El aumento es moderado pero sostenido, y mantiene a Uruguay como uno de los principales abastecedores del mercado chino dentro del grupo de países con cupos específicos.
Nueva Zelanda contará con una cuota de 206.000 toneladas en 2026, que se incrementará a 210.000 toneladas en 2027 y 214.000 toneladas en 2028, mientras que Australia tendrá asignadas 205.000 toneladas en 2026, 209.000 toneladas en 2027 y 213.000 toneladas en 2028.
En tanto, los países de América —excluidos Brasil, Argentina y Uruguay— dispondrán de una cuota de 164.000 toneladas en 2026, 168.000 toneladas en 2027 y 171.000 toneladas en 2028, mientras que el grupo de otros países y regiones contará con 172.000 toneladas en 2026, 175.000 toneladas en 2027 y 179.000 toneladas en 2028.
El volumen total de las cuotas asciende a 2,688 Mt en 2026, 2,742 Mt en 2027 y 2,797 Mt en 2028, reflejando una expansión gradual del cupo global autorizado por China. El esquema mantiene un arancel adicional del 55% para las importaciones que superen las cuotas establecidas.
El ingeniero agrónomo Fernando García, exinvestigador del INTA Balcarce y exdirector regional del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas (IPNI), hoy continúa vinculado a la actividad como consultor y docente universitario, acompañando procesos productivos y ensayos de largo plazo.
En el marco del 7° Simposio de Agricultura, desde su mirada técnica, planteó que uno de los principales déficits actuales de los sistemas agrícolas sigue siendo el diagnóstico. “En el tema de nutrición de cultivos no estamos siguiendo las pautas que nos da el diagnóstico. Hay toda una evidencia científica y técnica que nos muestra que el diagnóstico es la clave para hacer un uso eficiente de los nutrientes, tanto los que están en el suelo como los que aplicamos”, planteó.
Para García, el diagnóstico hoy exige un enfoque mucho más amplio que el muestreo tradicional. Abarca desde análisis de suelos más representativos hasta el uso de imágenes satelitales, drones y sensores remotos. “Hay muchas alternativas para mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno, pero también de otros nutrientes”, subrayó.
El nitrógeno sigue siendo el nutriente que más preocupa, tanto por su impacto productivo, como por sus implicancias ambientales. “Eso pasa a nivel mundial. En Argentina, por ejemplo, sabemos que gran parte de la brecha de rendimiento que podemos alcanzar en cultivos como maíz y trigo en realidad es una brecha de nutrientes. Es decir, falta de nitrógeno, específicamente”, señaló.
En Argentina, además, la situación se agrava por el fósforo. “Uruguay está mucho mejor en fósforo, pero está en deuda con potasio”, apuntó.
En términos generales, explicó que para maíz la falta promedio de nitrógeno en Argentina ronda los 60 kilos por hectárea, aunque aclaró que no es un valor uniforme. “No es en todas las chacras. Hay algunas donde no existe brecha de nutrientes, y lo mismo puede pasar en Uruguay”, puntualizó.
Por eso, insistió en que no existen recetas generales. “Uno puede hablar en términos generales, pero cada chacra y cada ambiente dentro de esa chacra varía. De ahí la importancia del diagnóstico”, explicó.
Muestreo de suelos y manejo por ambientes
Consultado sobre el nivel de muestreo adecuado, García fue claro: mayor detalle implica mayor información, pero también mayor costo. “Hoy en Argentina se muestrea aproximadamente un 30% de los lotes. Los muestreos más detallados brindan mucha más información, pero requieren otra inversión”, reconoció.
Aunque remarcó que no se trata necesariamente de ir directamente a esquemas de grilla intensiva. “No digo que todo deba ser por grilla, pero sí que todas las chacras sean muestreadas de la forma más correcta posible”, sostuvo.
En el caso específico del nitrógeno, destacó que hoy existen múltiples herramientas para corregir la nutrición a lo largo del ciclo del cultivo, como imágenes satelitales, drones, sensores locales y equipos portátiles como el histórico Minolta, junto con nuevos dispositivos que permiten definir con mayor precisión cuánto y cuándo aplicar el fertilizante. “Eso genera mucha más eficiencia”, afirmó.
Pero el eje vuelve a ser siempre el mismo: utilizar la información científica disponible. “Cuando digo evidencia científica, hablo de la información generada por Facultad de Agronomía, INIA, los institutos de investigación. Hay mucha y muy buena información que, lamentablemente, a veces no utilizamos”, advirtió.
Para García, una de las razones por las que el diagnóstico y la nutrición no siempre ocupan el lugar que deberían es la simplificación excesiva de los sistemas. “Muchas veces no le damos el peso real que tienen estos temas”, sostuvo el catedrático.
Puso como ejemplo lo ocurrido en Argentina con la proteína en soja. “Ese tema saltó cuando tocó el bolsillo a través de la exportación del poroto, de las harinas, de los pellets; ahí recién le prestamos atención”, relató. Algo similar sucede con la proteína en trigo y cebada, que está directamente asociada a la fertilización.
Los sistemas productivos de la región, explicó, son altamente resilientes y muchas veces logran producir aún con niveles de reposición nutricional muy bajos. “Y muchas veces los números cierran igual, con un año que te puede jugar a favor o en contra”, dijo.
Sin embargo, el profesional entiende que las exigencias vendrán cada vez más desde los mercados. “Ahí es donde vamos a tener que responder. Cuál será nuestra trayectoria, hacia dónde vamos con todos estos desafíos de mejorar los indicadores de sostenibilidad, ambientales, económicos, sociales y productivos”, planteó.
Desde su visión, García entiende que el desafío de mejorar la nutrición y la eficiencia del uso de insumos es transversal. “Tenemos que educarnos todos, y educar a quienes sea necesario: desde todos los estamentos del Estado, hasta el productor más pequeño”, afirmó.
Vinculó directamente este proceso con la competitividad, la permanencia de los sistemas productivos y, en última instancia, con la calidad de vida de toda la sociedad. “Esto atañe a la supervivencia en países agrícolas como los nuestros, y también atañe a la calidad de vida. En definitiva, lo que estamos buscando es que toda la sociedad, agrícola y no agrícola, viva mejor”, subrayó.
Micronutrientes y la deuda
En los últimos años los micronutrientes comenzaron a ganar protagonismo en la agenda agrícola. García considera que siguen estando en un segundo plano frente a los macronutrientes, pero su rol es cada vez más evidente. “Siempre decimos primero nitrógeno asociado con fósforo, con potasio, con azufre, y los micronutrientes vienen después. Ese después es por las situaciones generales de América del Sur”, analizó.
Sin embargo, recordó que la ley del mínimo sigue plenamente vigente. “En algunas zonas puede ser que el zinc o el boro, que son los dos más candentes en nuestra situación, estén limitando y nos puedan dar un plus para mejorar los rendimientos”, indicó.
En Argentina se observa una deficiencia de zinc bastante generalizada, cercana al 40% de los suelos. En boro, aunque más “escondido”, los valores serían similares. Estos déficits, explicó, están directamente vinculados con la caída de la materia orgánica. “Ahí había mucha reserva de nutrientes, mucho de ese boro, bastante zinc, y lo fuimos perdiendo”, señaló.
Agricultura de precisión
García se refirió al rol de la agricultura de precisión asociada al manejo de un sitio específico. “En términos muy simples, la agricultura de precisión va haciendo zoom en la chacra que estoy manejando, y ese zoom me permite manejar mejor cada sector. Ese es el camino, no hay dudas”, afirmó.
Pero advirtió sobre un riesgo frecuente: entusiasmarse con el detalle sin haber resuelto lo básico. “La pregunta es: Si todavía no manejamos bien una chacra entera, ¿cómo vamos a manejar bien cada sector? Pero empecemos por lo menos a manejar bien toda la chacra”, planteó.
En esa lógica, propuso una secuencia clara: primero ordenar el sistema en su conjunto, y luego avanzar hacia el manejo por ambientes. “Hacer zoom es la trayectoria, es ver cada sector, pero no nos entusiasmemos con el árbol y veamos el bosque. El árbol es la unidad experimental, ese píxel donde deberíamos trabajar, pero hoy en el conjunto nos estamos perdiendo”, concluyó.
Uruguay podría sumar 2,7 millones de toneladas de granos (Mt) si cerrara la brecha explotable de rendimiento en soja, maíz y trigo. Eso significaría alrededor de US$ 860 millones adicionales de ingresos y un aumento estimado del 25% en el producto bruto interno (PBI) agrícola.
Detrás de esos números hay ciencia, manejo agronómico y un mensaje claro: el país tiene mucho más para producir sobre la misma superficie, siempre que logre ajustar sus sistemas a los potenciales reales de cada ambiente.
Así lo plantea el docente e investigador de la Facultad de Agronomía, Gonzalo Rizzo, a partir del estudio “Estimación de brechas de rendimiento en soja, maíz y trigo en Uruguay y estrategias de adaptación al cambio climático mediante manejo agronómico”, presentado en el Séptimo Simposio de Agricultura.
El trabajo actualiza y profundiza una línea de investigación iniciada en 2015, ajustando la metodología y poniendo números a una pregunta central: ¿cuánto espacio hay para incrementar la producción de soja, maíz y trigo en Uruguay?
A nivel nacional la brecha de rendimiento explotable se estimó en 1.400 kilos por hectárea (kg/ha) para soja, 5.600 kg/ha para maíz y 1.900 kg/ha para trigo. Proyectado sobre el área actual y los precios históricos de los últimos años, cerrar esa brecha permitiría producir 1,4 millones de toneladas (Mt) adicionales de soja, 0,8 Mt de maíz y 0,5 Mt de trigo. “Cerrar la brecha de rendimiento en soja” por sí sola implicaría 1,4 Mt adicionales, “US$ 572 millones más” de ingresos y un aumento del “15% del PBI del sector agrícola”, indicó Rizzo.
BRECHA TOTAL Y BRECHA EXPLOTABLE
El estudio distingue entre la brecha total y la brecha explotable. La primera refiere a la distancia entre el rendimiento potencial de un cultivo y lo que efectivamente se logra en campo. La segunda toma como referencia el 80% de ese potencial.
“Hay una brecha total que refiere a cuánto se puede producir con un cultivo, pero hay otra brecha que es la explotable, definida sobre el 80% del potencial estimado, y en este caso hay productores que están cerca de alcanzar ese potencial, que está limitado sólo por agua”, explicó Rizzo.
Ese 80% no es un número caprichoso, responde a un consenso académico y científico internacional que señala que los sistemas más avanzados, donde se equilibran eficiencia, impacto ambiental y rédito económico, se mueven justamente en ese rango, y no en el 100% del potencial teórico.
En soja el análisis a escala país arroja un rendimiento potencial (Yp) del orden de 6.600 kg/ha, un rendimiento limitado por agua (Yw) de 4.600 kg/ha y un rendimiento actual (Ya) de 2.300 kg/ha. En esta síntesis, Rizzo marca un “promedio señalado” de 3.700 kg/ha como referencia del nivel alcanzable. A partir de estos valores, el ajuste fino del manejo agronómico explica buena parte de la brecha que hoy queda por capturar.
En maíz los números son todavía más elocuentes: el rinde potencial se ubica en 17.000 kg/ha, el limitado por agua en 14.000 kg/ha y el rinde actual en 5.800 kg/ha, con un “promedio señalado” de 11.400 kg/ha. En trigo, el rendimiento potencial es 6.900 kg/ha, el rendimiento limitado por agua 6.800 kg/ha y el rendimiento actual 3.600 kg/ha, con un promedio señalado de 5.500 kg/ha. Sobre esa base se construyen las brechas explotables de 1.400 kg/ha en soja, 5.600 kg/ha en maíz y 1.900 kg/ha en trigo.
SOJA: MARGEN IMPORTANTE BAJO RIEGO
En soja el estudio confirma que Uruguay tiene todavía un margen de mejora relevante en todos los planteos. “A modo de resumen, sobre soja encontramos que hay en los sistemas regados 2.000 kg/ha para ganar, aproximadamente, y en secano 1.500 kg/ha. Eso es a nivel alcanzable”, señaló Rizzo. La brecha total es mayor, pero la referencia del 80% del potencial acota el análisis a lo que efectivamente puede lograrse en sistemas comerciales bien manejados.
Rizzo detalló que “la brecha explotable en Uruguay para soja de primera se ubica en 3.800 kg/ha, en soja de segunda es de 3.600 kg/ha, en soja de primera bajo riego es de 5.400 kg/ha y en soja de segunda bajo riego es de 5.000 kg/ha”. Esos valores ilustran que, aun en un cultivo que suele considerarse relativamente estable, las diferencias entre lo que se logra y lo que se podría lograr son significativas.
MAÍZ: EL MAYOR POTENCIAL SIN EXPRESAR
El maíz aparece como el cultivo con mayor potencial productivo sin explotar. “Si abrimos maíz tenemos una media que está cerca de los 6.000 kg/ha, y hay 5.600 kg/ha para sumar arriba del promedio”, resumió Rizzo. A nivel nacional esa es la brecha explotable, que se puede capturar con ajustes de manejo.
El potencial de maíz, si todo fuese regado, “está en 17.000 kg/ha aproximadamente, y cuando le ponemos las limitaciones hídricas, el potencial en secano sería 14.000 kg/ha”, explicó. Mientras que el potencial alcanzable en secano se define, nuevamente, como el 80% de esos 14.000 kg/ha.
TRIGO: MUY SENSIBLE AL CLIMA
En trigo las brechas son menores en comparación con el maíz, aunque no por ello irrelevantes. “Estamos con una media de 3.600 kg/ha y estimamos que se puede llegar a 5.500 kg/ha dentro del potencial explotable. O sea que el potencial total está 20% por arriba de esas 5.500 kg/ha, con lo cual el número es de casi 7.000 kg/ha”, explicó el investigador.
CÓMO SE CIERRA LA BRECHA EXPLOTABLE
Una vez cuantificado el espacio para crecer, la pregunta es inevitable: ¿cómo se cierran esas brechas? Para responderla el grupo retomó un trabajo de referencia de Fisher y Connor (2015), que propone una especie de “escalera tecnológica” para aumentar rendimientos a partir de decisiones de manejo.
Fisher y Connor son académicos de referencia que han marcado el camino en muchas áreas. “En ese trabajo mostraban los pasos a seguir para incrementar rinde y queríamos marcar los pasos en Uruguay”, comentó el docente de Facultad de Agronomía. Por lo tanto, la idea fue adaptar esos escalones a la realidad productiva del país.
En la base de la escalera aparecen las decisiones más sencillas y, a la vez, más determinantes: fecha de siembra, población, espaciamiento y manejo de los factores reductores. Se trata de asegurar una implantación adecuada y controlar de forma eficiente el enmalezamiento, las enfermedades y las plagas, aplicando umbrales críticos y monitoreo sistemático. Son prácticas conocidas, pero no siempre aplicadas con la precisión necesaria.
En un segundo escalón se ubica la incorporación de cultivos de servicio, la planificación de la secuencia y de la diversidad, capitalizando los beneficios que aporta la diversificación –desde la estructura del suelo hasta el control de malezas y la estabilidad de los sistemas–. La rotación deja de ser solo un orden de cultivos y pasa a ser una herramienta de manejo.
Un tercer nivel está dado por la fertilización y el paquete genético: nutrición equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, zinc, según el caso), nuevos cultivares o híbridos adaptados y de alto rendimiento, que permitan aprovechar mejor los recursos del sistema. “Hay un paso también que es la incorporación de cultivares con más tecnología, adaptados, con mayor rendimiento, que mejoran el trabajo de los agricultores, los agrónomos. En el sentido de que facilitan y hacen más eficientes el sistema”, subrayó Rizzo.
La siembra directa y las plantadoras de precisión integran otro escalón clave. Si bien la siembra directa está ampliamente difundida en Uruguay, se la puede plantear casi como “paso cero”, pero hay saltos para dar, al combinarla con maquinaria de precisión capaz de sembrar con alta uniformidad, dosificación precisa y buena colocación de la semilla.
En la parte alta de la escalera se ubican la agricultura por ambientes, la agricultura de precisión y la agricultura digital: herramientas que permiten ajustar dosis, identificar ambientes dentro del lote, monitorear el estado nutricional y sanitario del cultivo, y tomar decisiones apoyadas en datos. Drones, sensores y plataformas digitales ya disponibles –y otras en desarrollo– abren la puerta a un manejo mucho más fino de los factores que explican las brechas de rendimiento.
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El cierre de brechas no se plantea sólo como un objetivo productivo, sino también como un aporte a la sostenibilidad de los sistemas. “Hay una dimensión ambiental importante, que no se puede perder de vista, también hay empresas atrás y familias que viven de la actividad, por lo tanto hay una parte económica que es relevante y entre esas dos cosas es clave la parte biológica, que alcanzar brechas sea óptimo”, consideró el investigador de Facultad de Agronomía.
Desde el punto de vista ambiental, aumentar rendimientos sobre la misma superficie puede contribuir a mejorar el ingreso de carbono al sistema y a hacer un uso más eficiente de insumos y recursos. Pero el estudio advierte que es imprescindible definir límites.
“Cerrar estas brechas, también es un aporte a la sostenibilidad de sistema, porque puede aumentar el ingreso de carbono. Entiendo que también es importante ponerle límites ambientales, y por eso hay ciertos umbrales que no se deberían pasar”, advirtió.
El desafío, en esa línea, pasa por identificar cuáles son esos niveles, cuáles son los indicadores que deben monitorearse y cómo integrarlos en la toma de decisiones. Se trata de cuantificar, medir y gestionar, no solo de perseguir el mayor rendimiento posible, puntualizó.
Para aprovechar ese potencial se requiere sistemas mejor manejados, rotaciones más robustas, decisiones ajustadas a cada ambiente y un uso inteligente de la información. En un contexto de costos crecientes, precios volátiles y cambio climático, la eficiencia productiva se vuelve un factor clave de la competitividad.
El próximo salto de la agricultura uruguaya no necesariamente vendrá de aumentar el área sembrada, sino de producir mejor sobre el área actual: con mayor estabilidad, menor variabilidad y un uso más preciso de los recursos. Cerrar las brechas de rendimiento, con manejo agronómico y límites ambientales claros, aparece como la hoja de ruta más consistente para recorrer ese camino, conluyó Rizzo.
Desde el área Gestión de Riesgos Agropecuarios y Sistemas de Información (GRAS), que coordina dentro del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Guadalupe Tiscornia explicó a VERDE que el trabajo histórico del equipo ha estado centrado en la gestión de riesgos vinculados al clima, mediante la generación de productos, herramientas, alertas e información orientadas a distintos sistemas productivos.
A partir de la red de estaciones agroclimáticas de INIA se desarrollan productos de monitoreo de variables, como contenido de agua en el suelo, alertas y previsiones de condiciones para diferentes escenarios, que van desde frío para corderos recién nacidos hasta estrés térmico en ganado de carne y de leche.
Desde antes de la pandemia INIA comenzó a profundizar su enfoque en la transformación digital y, en ese marco, elaboró un plan estratégico en temas AgTech, cuyos primeros ejes están directamente vinculados con la gestión de datos.
Uno de esos ejes apunta a gestionar de forma más eficiente los datos de investigación dentro del instituto, con el objetivo de hacerlos disponibles a terceros en mayor medida. El segundo se enfoca en el análisis de esos datos, incorporando herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial para optimizar su procesamiento. Ambos buscan aprovechar de mejor manera la gran cantidad de datos que genera INIA y avanzar en la interoperabilidad con otras fuentes de información, desde sensores a campo hasta imágenes satelitales.
Tiscornia remarcó que el instituto genera información a distintas escalas temporales y espaciales, lo que implica un desafío en sí mismo para su integración y aprovechamiento.
Los datos de las estaciones agroclimáticas de INIA están disponibles desde hace años como información de libre acceso a través de la página web del instituto y del catálogo de datos abiertos.
Recientemente se implementó un nuevo sistema que permitirá generar APIs para conectar aplicaciones con las bases de datos, tanto de información diaria como horaria. También se encuentran disponibles datos de balance hídrico, en formato de datos abiertos.
INIA además brinda información al Banco de Seguros del Estado para el seguro de sequía en soja, un seguro de índice que se activa cuando determinados umbrales son superados. El instituto apoya operativamente ese seguro, publicando el monitoreo en su web, para que los productores puedan seguir la evolución.
Junto a esta información de libre acceso, INIA maneja otro conjunto de datos de investigación que no se disponibilizan de forma cruda, por razones de privacidad, y se publican de manera procesada, agregada o a través de publicaciones técnicas.
En los últimos años también se ha avanzado en asociaciones con privados, para generar productos específicos, mediante convenios que definen qué información puede utilizarse y con qué fines. El objetivo general, señaló Tiscornia, es generar valor ambiental, social y económico para el sector agropecuario.
En cuanto al uso de la inteligencia artificial, indicó que se trabaja activamente, tanto en procesos internos de investigación como en el desarrollo de productos específicos, en algunos casos en asociación con empresas o mediante llamados. En ese sentido, subrayó que se trata de una herramienta más, cuyo valor depende de cómo se utilice, con sus potencialidades y también con sus limitaciones y sesgos.
A nivel de nuevas fuentes de información, explicó que de forma permanente surgen productos satelitales y sensores con nuevas prestaciones, incluyendo bandas nuevas, satélites ópticos y de radar. Todas estas tecnologías se evalúan en proyectos de investigación, se calibran y se validan antes de ser incorporadas, ya que la robustez del dato es un aspecto central.
Recordó que en su etapa doctoral se trabajaba con Modis, una fuente de información satelital gratuita, que desde hace 25 años aporta datos de cobertura terrestre, con píxeles de aproximadamente 250 metros x 250 metros. Ese tamaño de píxel implica que el valor refleja un promedio de todo lo que se encuentra dentro de esa superficie.
Con la llegada de Sentinel, el satélite europeo, la resolución se redujo a entre 10 y 30 metros, lo que permite un análisis mucho más detallado, y una asignación más precisa de valores a cada tipo de cobertura, como soja, campo natural o forestación.
Sobre los índices satelitales y su correlación con rendimientos, Tiscornia afirmó que los índices brindan la información que se puede aportar de acuerdo con su resolución. A partir de esa base se pueden realizar inferencias, siempre contrastadas con datos de campo.
Existen trabajos científicos que logran buenas correlaciones para estimar biomasa y rendimientos, aunque los resultados dependen del momento del análisis, del tipo de cultivo y de la variedad.
Destacó que la información satelital simplifica muchas tareas, ya que las mediciones a campo son costosas y trabajosas. En ese marco, mencionó el trabajo que desarrolla el ingeniero agrónomo Adrián Cal en pasturas, utilizando datos satelitales y validaciones a campo para ajustar modelos y evaluar su aplicabilidad en distintas regiones y condiciones climáticas.
Sobre Machine Learning, señaló que se trata de modelos matemáticos, que muchas veces no tienen una explicación biológica clara, aunque puedan ajustar bien desde el punto de vista estadístico.
En relación al uso de estas herramientas por parte de los productores, indicó que la retroalimentación depende del producto y de la época del año. Al no existir todavía un sistema de registro de usuarios en la web, los comentarios llegan principalmente a través de consultas puntuales. A futuro, mediante la aplicación INIA Móvil, se prevé comenzar a enviar encuestas optativas de usabilidad y comprensión, sin saturar a los usuarios.
Respecto a la vinculación con el ecosistema de innovación, recordó la experiencia de la Mesa AgTech, una instancia interinstitucional, que funcionó en el ámbito de Uruguay XXI y luego pasó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y que permitió coordinar acciones entre distintos actores en una etapa incipiente del ecosistema.
Hoy, desde INIA, se impulsa una participación más activa a través de la plataforma Converge, donde se evalúan soluciones digitales para brindar información objetiva a productores y técnicos.
También se han fortalecido los vínculos con incubadoras, universidades y empresas tecnológicas, con el objetivo de acercar el conocimiento agronómico a desarrollos que muchas veces provienen del mundo de las tecnologías de la información, sin un anclaje directo en el agro. Y en algunos casos se avanza, además, en proyectos de asociación público-privada con apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
Tiscornia señaló que no se trata de digitalizar por que sí, sino de incorporar herramientas cuando realmente generan valor, ya sea económico o en calidad de vida, como ocurre en algunos sistemas intensivos, como la lechería.
Consultada sobre la utilidad de conceptos como APIs o licencias para los productores, respondió que el objetivo principal es generar productos simples, que faciliten la toma de decisiones. “El productor necesita información clara y fácil de interpretar, más que conocer detalles técnicos del origen de los datos”, dijo.
En ese sentido, se desarrollan mapas y alertas por colores, que permiten decidir rápidamente. A modo de ejemplo mencionó Chile Index, un índice de enfriamiento para corderos recién nacidos, que combina variables de temperatura, viento y lluvias, y genera alertas con varios días de anticipación. A través de INIA Móvil, los productores pueden configurar alertas específicas para su ubicación y recibir avisos directos en caso de riesgo elevado.
En materia de cooperación regional, destacó el trabajo dentro del PROcisur, junto a instituciones de Chile, Paraguay, Argentina y de Brasil (Embrapa). Además de la participación en espacios de intercambio, como la Semana de la Agricultura Digital, organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
También mencionó la experiencia de Embrapa con el Radar AgTech, una herramienta de monitoreo anual de startups, cuya metodología se busca replicar en otros países de la región.
Sobre los planes de riego, señaló que desde GRAS el principal aporte se realiza a través del monitoreo de variables agroambientales, especialmente contenidos de agua en el suelo, además de la participación en proyectos interinstitucionales con modelos hidrológicos para evaluar calidad y cantidad de agua. INIA contribuye, además, con información en temas de suelo, efluentes y sistemas de riego desde distintas áreas específicas del instituto.
En cuanto al plan de trabajo a futuro, Tiscornia afirmó que desde el punto de vista técnico el equipo viene avanzando de manera sostenida, aunque el alcance de nuevas iniciativas estará condicionado al presupuesto disponible.
Existen planes para desarrollar polos de innovación en las estaciones experimentales, y fomentar la innovación público-privada, pero su ejecución depende de los recursos. Mientras tanto, el objetivo es sostener la base de productos existentes, que se encuentran entre los más consultados del sitio de INIA.
Finalmente, en relación con el intercambio de datos con el gobierno, explicó que existe un fluido intercambio con el MGAP y con el Instituto Uruguayo de Meteorología. INIA comparte información de contenido de agua en el suelo y recibe datos de lluvias, temperaturas y humedad para correr modelos de balance hídrico y otros productos específicos, como la estimación de micotoxinas en trigo.
También participa en iniciativas como el Observatorio del Campo Natural. Cuando se trata de datos de libre acceso, cada institución accede directamente a las fuentes. En el caso de datos privados, estos solo pueden intercambiarse de forma agregada, respetando la confidencialidad de los productores.
El ingreso al Acuerdo Transpacífico (Cptpp) y el avance hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aparecen como las dos grandes oportunidades estratégicas para que Uruguay logre salir del “laberinto complaciente” en el que está atrapado desde hace décadas. Así lo planteó el economista Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).
Bajo el título “Uruguay en un laberinto complaciente: ¿se puede salir?”, Munyo sostuvo que el país vive una ventana de oportunidad concreta para encarar un paquete de reformas estructurales largamente postergadas, apoyadas en anclajes externos, que aporten respaldo técnico, institucional y político.
Uruguay dio un paso clave el 21 de noviembre, cuando dejó de ser país “aspirante” al Cptpp y pasó a integrar la lista de adhesiones aprobadas por los países miembros. El acuerdo nuclea a economías que representan alrededor del 15% del producto bruto interno (PBI) mundial y un mercado de cientos de millones de personas. Para los exportadores uruguayos, el ingreso permitiría mejorar el acceso a mercados estratégicos como Japón, Canadá, Vietnam y el Reino Unido.
Munyo advirtió que uno de los capítulos más sensibles del proceso será el de empresas públicas y compras estatales, donde inevitablemente se abrirá un debate político interno, por los cambios que podrían exigirse en términos de competencia, transparencia y apertura.
Beneficios y condiciones del Cptpp
El Cptpp es un acuerdo multilateral de libre comercio, que incluye capítulos sobre comercio de bienes y servicios, inversiones, contrataciones públicas, propiedad intelectual, medio ambiente, derechos laborales y otros. Tiene 12 países miembros (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam). China, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Indonesia, Ucrania y Taiwán solicitaron el ingreso, mientras que Costa Rica, al igual que Uruguay, está en proceso de negociación.
Para Uruguay el acuerdo ofrece un esquema de liberalización arancelaria hacia 12 destinos que representan una porción relevante del PBI mundial. Supone la eliminación de barreras no arancelarias, la adaptación a estándares internacionales y una mejora potencial de competitividad, siempre que el país pueda acompasar esos cambios con reformas internas.
El proceso formal de adhesión se inició el 12 de diciembre de 2022, cuando Uruguay solicitó su ingreso. El 21 de noviembre de 2025 el consejo del bloque confirmó el inicio de las negociaciones con el país. Ahora el recorrido supone ajustar normativa, presentar una oferta formal de ingreso y, finalmente, alcanzar la aceptación de todos los miembros para concretar la adhesión.
Munyo identificó cuatro grandes frentes de desafío: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (ya aprobado y reglamentado), las normas de facilitación del comercio (eliminación de la tasa consular y revisión de licencias), las reglas sobre compras estatales y empresas públicas (fin de preferencias y revisión de monopolios) y la liberalización arancelaria, con rebaja a 0 del 99% de las líneas arancelarias dentro de los plazos previstos.
En este punto aparece una tensión política clara. Según la Radiografía Parlamentaria de Ceres, 98% de los legisladores del oficialismo considera que se debe priorizar a la industria nacional en las compras públicas, 63% cree que las tarifas públicas deben cumplir una función social y 100% está a favor de que las empresas públicas tengan privilegios frente a operadores privados. Ese mapa adelanta la profundidad de la discusión que supondrá alinear las normas internas con los compromisos del Cptpp.
La OCDE como ancla institucional
En paralelo, Munyo presentó la ruta hacia la OCDE como segundo pilar de la estrategia. La organización reúne a 38 países que concentran cerca de 65% del PBI mundial. Es un ámbito donde los gobiernos trabajan juntos en la mejora de sus políticas públicas, con acceso a expertos técnicos, evaluaciones comparadas y recomendaciones en áreas clave.
La membresía permitiría a Uruguay modernizar su regulación con plazos definidos, fortalecer capacidades institucionales, dar continuidad a reformas entre distintos gobiernos y mejorar su atractivo para la inversión extranjera, incluso potenciando el aprovechamiento de acuerdos como Mercosur–Unión Europea o el propio Cptpp.
El proceso de adhesión incluye tres etapas: señal política de intención, revisión exhaustiva país por país y ajuste de normativa, que culmina con la aceptación unánime del consejo y el ingreso formal. Según la Radiografía Parlamentaria, 66% de los legisladores –tanto de la legislatura actual como de la anterior– está a favor de iniciar el proceso. El Poder Ejecutivo ya manifestó su disposición a analizar la adhesión y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, mantuvo en diciembre una reunión con autoridades de la OCDE en París.
La organización trabaja a través de comités especializados en presupuesto, gobierno corporativo, política educativa, competencia, empleo, salud, asuntos fiscales, gobernanza pública y políticas regulatorias, entre otros. La pertenencia a esos ámbitos facilita diagnósticos comparados, apoyo técnico y hojas de ruta verificables para cada reforma.
Recomendaciones de la OCDE
La OCDE propone integrar las Evaluaciones de Impacto Regulatorio en las primeras etapas del diseño de normas, revisar periódicamente el stock regulatorio y fortalecer la gestión a nivel subnacional para evitar solapamientos y contradicciones entre jurisdicciones. Costa Rica es mencionada como ejemplo por la creación de una comisión de mejora regulatoria, dependiente de su Ministerio de Economía.
En educación las recomendaciones apuntan a clarificar responsabilidades, fortaleciendo el Codicen y redefiniendo el rol del Ministerio de Educación, aumentar la autonomía de centros y gobiernos departamentales, mejorar las transiciones educativas para reducir abandono y repetición, y profesionalizar la carrera docente mediante un marco de competencias y cambios en la forma de contratar y asignar horas.
También se sugiere vincular más directamente el presupuesto a objetivos educativos, como avanzó Chile con su sistema de desarrollo profesional docente, y mayor descentralización curricular.
En seguridad la OCDE sugiere avanzar en alternativas a la prisión para delitos menores, fortalecer la reinserción social y laboral, mejorar condiciones carcelarias y la coordinación entre Policía, Aduanas, Migraciones y Fuerzas Armadas. También plantea incorporar más tecnología en el control fronterizo y profundizar la cooperación regional contra el crimen organizado y el tráfico de armas, con Portugal como referencia en la especialización de policías, fiscales y jueces en delitos complejos.
El largo pasillo de obstáculos regulatorios
Uno de los ejes centrales del diagnóstico de Munyo es el entramado normativo que, aun partiendo de buenas intenciones, termina generando altos costos administrativos, pérdida de competitividad y desconfianza en el Estado. Ceres describió ese cuadro como un “largo pasillo de obstáculos regulatorios”.
La Radiografía Parlamentaria 2025 muestra que seis de cada 10 legisladores consideran prioritario eliminar regulaciones obsoletas y simplificar normas para fomentar la competencia y la inversión. En la consulta abierta lanzada a la ciudadanía y organizaciones entre marzo y julio de 2025 participaron más de 360 instituciones de los ámbitos empresarial, social y público, que realizaron 303 aportes, señalando normas excesivamente complejas, innecesarias u obsoletas.
Los principales efectos negativos reportados fueron: costos operativos excesivos, tiempos de espera prolongados, incertidumbre para la toma de decisiones, dificultades para la inversión y barreras para el ingreso de nuevos actores a los mercados. Los ministerios más mencionados fueron: el de Economía, el de Salud Pública, el de Ganadería, el del Interior y el de Ambiente; además de los gobiernos departamentales, entre otros.
Planteó una hoja de ruta en ocho pasos para una reforma regulatoria profunda, que incluye mapeo y clasificación de normas, consulta sectorial, decisión política, redacción de propuestas, apertura de canales de comentarios y evaluación de impacto tras la implementación.
Gasto público y el tamaño del Estado
Otro condicionante estructural es la tendencia creciente del gasto público. Munyo presentó la evolución del gasto per cápita del gobierno central y la seguridad social desde 1910, con un crecimiento mucho más acelerado desde 2005 en adelante, período que definió como “el avance del Estado”.
A esto se suma un dato político: 78% de los legisladores cree que el Estado debería aumentar su tamaño. Uruguay tiene hoy un funcionario público cada 12 habitantes, frente a 20 en promedio en los países de la OCDE, 30 en América Latina y 32 a nivel mundial.
El gasto público total se proyecta en unos US$ 28.000 millones a 2029, con un incremento adicional de alrededor de US$ 240 millones y reasignaciones por US$ 30 millones. Es decir, unos US$ 270 millones en total, aproximadamente 1% del presupuesto.
El problema, advirtió Munyo, es que la discusión política se concentra en ese 1% y casi no aborda el 99% restante: resultados de los programas, metas, eficiencia del gasto, tamaño y desempeño de los funcionarios.
También señaló debilidades del proceso presupuestal: la complejidad de la información, la existencia de unidades ejecutoras como “Partidas a reaplicar”, “Subsidios y subvenciones” y “Diversos créditos”, que concentran cerca de 30% del gasto, sin cometidos claros, y el poco tiempo efectivo para revisar un presupuesto quinquenal, algo excepcional a nivel internacional.
Recordó que el régimen de funcionarios está en plena reforma, con una nueva escala retributiva basada en ocupaciones, eliminación de compensaciones, ascensos por concurso y evaluación de desempeño, pero advirtió que el resultado dependerá de la implementación.
Enfriamiento, inversión y competitividad
El diagnóstico se completa con un panorama de enfriamiento de la economía, inversión moderada y encarecimiento relativo del país. El PBI real creció en promedio 1% anual en el período prepandemia (2015-2019) y 1% entre 2020 y 2022. Para 2023 la expansión fue de 0,7%. En 2024 el crecimiento alcanzó 3,1%, pero para 2025 las proyecciones señalan un aumento de 2,3%, con señales de desaceleración en el segundo semestre.
Varios indicadores confirman el enfriamiento: el IMAE del Banco Central, la recaudación de la DGI, las encuestas de expectativas a empresarios y el indicador de actividad de Itaú. La confianza del consumidor se ubica en el nivel más bajo de los últimos dos años y medio.
La inversión –medida como formación bruta de capital fijo en porcentaje del PBI– se proyecta en 16,6% para el actual período de gobierno, frente al objetivo de 20% fijado por el Ministerio de Economía.
Mencionó potenciales proyectos en energías renovables, exploración petrolera, data centers, gasoductos y puertos de aguas profundas, pero advirtió que sin un marco más competitivo será difícil concretarlos.
También cuestionó el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), al considerar que afecta la imagen de Uruguay, complica la operación de multinacionales instaladas en el país y tiene una recaudación esperada –en el entorno de US$ 300 millones, cerca de 0,2% del gasto–, poco significativa frente a los riesgos en términos de competitividad.
En materia cambiaria Uruguay está 18% por debajo del nivel de competitividad promedio del siglo y 18% por debajo de diciembre de 2021, medido por el tipo de cambio real bilateral con el dólar. Desde entonces, el país se encareció 16% frente a Estados Unidos, 34% frente a China, 10% frente a Brasil y 11% frente a la Unión Europea, mientras se abarató 75% frente a Argentina.
Recordó además el “octubre negro” del puerto de Montevideo: 11 días con cortes que provocaron una caída de 40% en el movimiento de contenedores frente a octubre de 2024, con incumplimientos comerciales, afectación de cadenas logísticas y pérdida de reputación, en una terminal cuyos costos ya son muy superiores a los de otros puertos de la región.
Cptpp y OCDE como anclajes de las reformas
Para Munyo el Cptpp y la OCDE no son solo vías de inserción internacional, sino mecanismos externos que pueden ayudar a ordenar y sostener en el tiempo reformas internas en materia de regulación, empresas públicas, educación, seguridad, gasto y competitividad. Funcionan como “anclajes” que obligan a medir resultados, comparar políticas y reducir la tentación de postergar decisiones difíciles.
“El enfriamiento de la economía, la falta de nuevas inversiones y un escenario internacional incierto nos colocan en una zona de riesgo si no aceleramos las reformas”, advirtió.
Y sostuvo que aprovechar a fondo el Cptpp y la OCDE puede ser la diferencia entre seguir girando en ese “laberinto complaciente” o empezar, por fin, a encontrar la salida.
La habilitación del transporte con bitrenes y tritrenes en Uruguay significaría una “gran oportunidad” para exportar cebada y “también malta” a “otros países como Paraguay y Brasil”, dijo a VERDE el director de Abastecimiento de Ambev para la región, Edivan Panisson.
Consideró que hay dos grandes malterías en Río Grande del Sur, que demandan cebada y que podrían ser abastecidas desde Uruguay. “La logística a veces complica para movilizar la producción desde el campo a la industria y limita la posibilidad de ampliar mercados de forma más competitiva”, advirtió el ejecutivo durante el Día de Campo, organizado por Ambev, cerca de Mercedes, Soriano.
Señaló que el país en cebada es “bastante competitivo”, aunque también lo es Argentina. De todos modos, “Uruguay en los últimos años se ha vuelto más competitivo, produciendo cebada de calidad con costos razonables, que generan que las malterías puedan producir al máximo y exportar malta a países vecinos. Si Uruguay sigue por este camino, también podrá exportar cebada cruda a Brasil, donde existe una gran demanda, que normalmente es abastecida desde Argentina”.
Uruguay es un país, que “si tiene competitividad económica puede generar una puerta para exportar, por eso la logística es un factor muy importante”, analizó. Así como la exportación a través de buques graneleros “creció de forma importante, hoy tenemos limitaciones por el tipo de camión que se utiliza respecto a Brasil, donde hay unidades más grandes y los fletes quedan más baratos”, acotó.
Panisson entiende que si, “no solo la cebada sino también los otros granos, pudiéramos cambiar la logística hacia bitrenes y tritrenes, para mover más volumen por viaje, disminuyendo el costo de los fletes, la cebada y el resto de los granos serán más competitivos”.
A la vez, resaltó que “la industria que tenemos exige calidad, porque los consumidores de cerveza solicitan un alto grado de calidad, y para eso se precisa la mejor cebada”, comentó.
“Desarrollamos variedades para que los productores utilicen tecnología que posibilite producir grandes volúmenes, algo muy importante para el agricultor, pero con la calidad adecuada para elaborar las mejores cervezas”, dijo el ejecutivo.
Destacó que Uruguay “es un país cebadero y eso ha quedado demostrado a lo largo de toda la historia de la compañía en el país, a través de las dos malterías que tenemos acá, que exportan gran parte del volumen de malta hacia Brasil y otros países”.
Agregó que eso se da gracias a la cebada uruguaya, que tiene buena calidad, que es competitiva, y con malterías produciendo malta con cebada 100% uruguaya”. Entre el 25% y 30% de la malta consumida en la región se produce con cebada uruguaya, destacó Panisson.
De cara a la zafra 2026-2027, señaló que el primer punto analizado por la compañía es que “la malta uruguaya debe ser producida a partir de cebada uruguaya”, por eso “nuestros planes a apuntan a la autosuficiencia” y luego, “dependiendo de la competitividad de la cebada de Uruguay, ver si hay oportunidades para incrementar el área pensando en la exportación de cebada cruda”.
Sobre el Día de Campo, Panisson indicó que es una actividad “muy importante”, porque es el día que “compartimos estratégicamente con nuestros distribuidores y productores todas las novedades en genética y tecnología”.
Genética y calidad
“El suceso del programa de mejoramiento depende de objetivos claros y definidos, donde es fundamental que trabajemos en conjunto para una estrategia única de mediano y largo plazo, y aunque exista un potencial genético, el comportamiento final de la variedad es totalmente influenciado por la interacción con el ambiente”, dijo Alejandra Zugarramurdi, coordinadora de Investigación y desarrollo de Ambev, en el marco de esta actividad, que llevó por título “El campo que sembramos, la pasión que cosechamos”.
Allí se presentaron “los primeros resultados de dos nuevas variedades de cebada” y se abordó “la importancia de la calidad maltera” del grano. En esa línea, Zugarramurdi dijo a VERDE que se elaboró una estrategia a partir de las inquietudes del productor, dentro un proceso que es bastante largo, dado que una variedad demanda unos 12 años de trabajo para llegar al mercado. “Hoy se están incorporando tecnologías para reducir entre tres y cuatro años el proceso de trabajo para la liberación de una nueva variedad, con lo cual pasaríamos a ocho o nueve años”, explicó.
Además, señaló que “se acortaría el tiempo en las generaciones iniciales, que es el momento en que se logra obtener el volumen de semilla para nuestros campos experimentales, donde el 100% de las plantas deben ser iguales”.
Sobre las novedades, señaló que se está lanzando Malkia. En esta zafra “estamos con 60 hectáreas y se espera contar con un buen volumen de semilla para el año que viene, para que varios productores puedan probarla a nivel comercial y también a nivel de industria. Es una variedad que aporta más rendimiento y estabilidad en calibre”, describió.
A la vez, para la zafra 2026-2027 se planifica registrar una nueva variedad, que hoy está en la Evaluación Nacional de Cultivares, con el código Ambev 55. “También tenemos grandes expectativas en cuanto a rendimiento, calibre y enfermedades”, dijo.
A propósito de las fechas de siembra y las localidades, Zugarramurdi indicó que por temas logísticos, climáticos y agronómicos, “es difícil ajustar, pero estamos viendo que en las fechas óptimas de siembra, alrededor de la primera quincena de junio, se logran los mejores comportamientos productivos y de calidad respecto a fechas tempranas y tardías”.
Explicó que la fecha de siembra y la localidad influyen en el potencial de rendimiento y el calibre de cada variedad, al determinar las condiciones agroclimáticas durante las etapas críticas del desarrollo del cultivo”.
“Previo al gol cada jugada cuenta para lograr una malta de primera”, con esa premisa, María Paula Cappi, gerente de Calidad de Maltería Uruguay (Ambev), describió los elementos claves y los que aporta cada uno de ellos: DON (seguridad para todos), proteína (homogeneidad y fermentación perfecta), capacidad germinativa (mantiene el grano vivo), calibre (homogeneidad y eficiencia, asociado al material genético y la fecha de siembra).
Fertilización
El investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Andrés Berger, dijo a VERDE que se está avanzando en un proyecto de innovación con empresas, financiado en parte por Ambev y en parte la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), con el objetivo de “generar productos a partir de la información de la base de datos de Ambev, focalizados en la fertilización de cebada, similar al OptiFert trigo”.
Agregó que en el marco de ese proyecto “se está generando información, donde se busca estimar a nivel de cada predio y dentro de cada predio, para cada pixel”, para determinar “cuánto es el crecimiento del cultivo”.
Señaló que esa información, en conjunto con la información que está en la base de datos de los productores de la empresa, se utiliza para alimentar el modelo de fertilización cebada y para generar indicadores sobre cuál es el estado del cultivo.
El investigador de INIA estimó que ese modelo “tendrá una mayor capacidad de predicción de la demanda de nitrógeno al inicio de la encañazón, pensando en no pasarse de proteína y sin comprometer el rendimiento” del cultivo.
Consideró que en cebada es más difícil ajustar la fertilización, “sobre todo cuando se tienen rindes comprometidos y no nos animamos a determinar la dosis de fertilización a aplicar, o si es necesaria la refertilización”.
Mientras que, por otro lado, “tenemos situaciones que prometen altos rindes, que seguramente requieren refertilización para mantener los niveles de proteína y se hace difícil de identificar esas situaciones sin indicadores objetivos y modelos que integren todos los factores involucrados”, adelantó.
Berger también señaló que este proyecto maneja una base de datos “muy grande, que nos permite tener una buena validación de lo que vamos generando”.
Por último, el investigador sostuvo que el objetivo es disponibilizar el producto para la próxima zafra de cebada. Y destacó que “se ha venido generando mucha información”.
