“Está demostrado que la transferencia vertical (de tecnologías) para el manejo de la resistencia (a malezas) ha fracasado a nivel mundial”, en el sentido de que “algunas soluciones y recomendaciones van paliando la situación, pero la resistencia sigue caminando muy fuerte”, dijo el responsable del programa de manejo de malezas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Alejandro García, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
En el marco de la jornada anual de Proquimur, el técnico señaló que se presentó una iniciativa “colectiva” en el trabajo sobre este asunto en especial, para que el gobierno, la academia, los productores, técnicos y asociaciones se embarquen en esto.
El objetivo es “tener el tema de la resistencia en Uruguay mapeado, a través de este grupo, de una web y de aplicaciones, que permita el monitoreo de los casos de resistencia”, con acceso a información, capacitaciones y elementos para el manejo, comentó.
García sostuvo que “la resistencia es el problema que más manda en la agronomía”, a nivel local y mundial.
La idea es que para fin de año esté conformada una mesa representativa y tenga definida los lineamientos para arrancar con la iniciativa, acotó.
La reciente decisión del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de suspender la Moratoria de la Soja encendió un fuerte debate en Brasil sobre los límites entre acuerdos privados de sostenibilidad y la legislación federal. Se trata de una medida inédita que podría tener consecuencias directas sobre la comercialización de la oleaginosa y sobre la imagen internacional del país, según destacó Agrolink.
La Moratoria de la Soja fue creada en 2008 como un acuerdo entre comercializadoras, productores, organizaciones ambientales y el propio gobierno brasileño. Desde entonces, prohibía la compra de soja proveniente de áreas deforestadas en la Amazonía a partir de julio de ese año, aun cuando esa deforestación pudiera ser legal según el Código Forestal.
El pacto, de carácter voluntario, se convirtió en una referencia internacional y en una garantía de acceso a mercados que exigen productos libres de deforestación.
Con la suspensión preventiva de Cade, los productores que cumplen con la ley brasileña podrían igualmente enfrentar obstáculos para vender su producción si las áreas de siembra fueron abiertas después de 2008. El Código Forestal de 2012 fija como fecha límite mayo de 2012 y obliga a preservar hasta el 80% de la vegetación nativa en la Amazonía, lo que genera una divergencia clave respecto al marco privado de la moratoria.
En la práctica, un acuerdo comercial que regía a más del 95% de las ventas de soja a través de grandes comercializadoras prevalecía sobre la norma federal, según informó Globo Rural.
La decisión de Cade responde a denuncias de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA), que argumentaron posibles prácticas anticompetitivas. El área técnica del organismo llegó a acusar a grandes exportadoras y a las asociaciones Abiove y Anec de inducir conductas uniformes en la compra del grano.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal aclaró a Valor que, hasta el momento, no hay pruebas de fraude competitivo y resaltó que la moratoria fue “un experimento muy significativo” en el control de la deforestación.
El caso divide al propio gobierno. Mientras el Ministerio de Agricultura ha cuestionado la moratoria, el Ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Marina Silva, la defiende como un instrumento que complementa a las políticas públicas en la lucha contra la deforestación. Desde esa cartera advierten que levantar la restricción puede aumentar la presión sobre la Amazonía y debilitar los compromisos internacionales de Brasil, como el Acuerdo de París y las metas que el país deberá presentar en la COP30 de 2025.
La suspensión preventiva será ahora analizada por el Tribunal de Cade, que designará un relator para dar continuidad a la investigación. En paralelo, el Ministerio Público seguirá evaluando si existen elementos de competencia desleal, pero también subraya que el pacto tuvo resultados ambientales positivos durante casi dos décadas.
El desenlace del caso tendrá impacto directo sobre la cadena de la soja en Brasil, donde la sostenibilidad se ha vuelto un requisito ineludible en los mercados internacionales. La duda es si, sin la moratoria, las comercializadoras mantendrán sus propias reglas de abastecimiento y qué señales recibirá la producción brasileña en un momento en que la presión global contra la deforestación es cada vez más fuerte.
Según informó Valor Económico, la proporción de soja producida en la Amazonia que no cumplía con el acuerdo se había mantenido estable en un 10% respecto al total de soja producida en el bioma durante los últimos cinco años.
En la cosecha 2023/24, el monitoreo encargado por el Grupo de Trabajo de Soja (GTS), responsable del funcionamiento del acuerdo, identificó que 2,6 millones de toneladas producidas en la Amazonia no cumplían con los requisitos de la Moratoria. Este volumen fue un 44% superior al de la cantidad no conforme identificada en cuatro cosechas anteriores (2019/20), en consonancia con el aumento de la cosecha de soja en la Amazonia.
La soja cerró el viernes con leves alzas en Chicago y completó su segunda semana positiva consecutiva, con una suba semanal de 1,5%. La posición septiembre ajustó en US$ 380,85 por tonelada y noviembre en US$ 388,93/t, según informó Granar.
Del lado alcista incidió la falta de humedad en gran parte del cinturón sojero-maicero, en una etapa clave de definición de rendimientos. En cambio, limitaron las mejoras la persistente ausencia de demanda china por la soja 2025/2026 y las estimaciones favorables de la gira de cultivos ProFarmer.
En su recorrido, el ProFarmer relevó conteos de vainas récord. Para Iowa el promedio fue de 1.384,38 vainas en 3×3 pies (0,84 metros cuadrados), frente a 1.312,31 en 2024 y 1.225,72 del promedio de los tres años anteriores. En Minnesota el conteo alcanzó 1.247,86 vainas, por encima de las 1.036,59 de 2024 y de las 1.040,78 del promedio de tres años previos.
Con esos datos, proyectó una cosecha nacional de 115,56 millones de toneladas (Mt), en función de un rinde de 3564 kilos por hectárea. En comparación, el USDA había estimado este mes una producción de 116,82 Mt con un rinde de 3605 kilos, indicó Granar.
La volatilidad del día respondió a la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), que resolvió sobre 175 pedidos de exenciones de pequeñas refinerías al corte obligatorio de biocombustibles. El organismo aprobó 63 solicitudes de manera completa, 77 de forma parcial, rechazó 28 y declaró inelegibles otras 7.
En un comienzo, el aceite de soja reaccionó con fuertes bajas, pero luego alternó subas y caídas hasta cerrar al alza: la posición septiembre sumó US$ 26,46 y ajustó en US$ 1.208,99/t. El mercado especula con que la EPA podría reasignar los volúmenes exceptuados hacia refinerías más solventes, lo que mantendría firme la demanda de biocombustibles y, con ello, de soja y maíz.
En paralelo, la filial brasileña de AgResource proyectó la producción de soja 2025/2026 en Brasil en 176,53 Mt, un 3,2% más que las 171,03 Mt estimadas para 2024/2025. El crecimiento se sustenta en un aumento de área de apenas 2%, hasta 48,70 millones de hectáreas, “el menor incremento en cinco años”.
Para Argentina, la consultora prevé 53,6 Mt, con un aumento de superficie del 5% (19,25 millones de hectáreas) y de área cosechada de hasta 9%. El USDA, en tanto, calcula las nuevas cosechas en 175 Mt para Brasil y 48,5 Mt para Argentina.
La estimación de costos de maíz de primera para la zafra 2025, elaborada por el Equipo Técnico de Sofoval, muestra un encarecimiento frente a agosto de 2024.
El alza en fertilizantes llevó los costos a US$ 1.004 por hectárea, pese a la baja en gasoil y semilla. El cálculo no incluye la renta de la tierra y proyecta tres escenarios de rinde: 5.000, 6.000 y 8.000 kilos por hectárea (ha).
El costo total sin arrendamiento sube de US$ 974/ha en 2024 a US$ 1.004/ha en 2025 (+3,1%). El valor contempla US$ 12/ha en seguro (granizo e incendio) y US$ 48/ha en imprevistos.
Con un precio de maíz estimado en US$ 200 por tonelada, según Sofoval los ingresos brutos se ubican en US$ 1.000, US$ 1.200 y US$ 1.600 por hectárea, según el nivel de rinde. Frente al año anterior no hay cambios en precio, pero sí en los márgenes: en 2024 iban de US$ 26/ha a US$ 526/ha, mientras que en 2025 varían de -US$ 4/ha a US$ 496/ha.
El punto de equilibrio se eleva de 4.900–5.400 kg/ha en 2024 a 5.000–5.500 kg/ha en 2025, lo que implica un incremento de 100 kilos por hectárea, equivalente a entre 1,9% y 2% más.
En los insumos, la semilla híbrida baja de US$ 183/ha a US$ 169/ha (-7,7%). Si bien el precio por bolsa se mantiene en US$ 225, hay una baja en la densidad de siembra planteada, que pasa de 65.000 a 60.000 semillas por hectárea.
El fertilizante 10-18-20+6S+2Ca+1Zn (US$ 675 por tonelada) sube de US$ 91 a US$ 101/ha (+11%). La urea verde + S (US$ 579 por tonelada) pasa de US$ 141 a US$ 174/ha (+23%). El resto de los herbicidas y coadyuvantes se mantienen estables. El total de insumos crece de US$ 505/ha a US$ 536/ha (+6,1%).
Las labores se mantienen casi sin cambios: US$ 253/ha en 2024 vs US$ 249/ha en 2025. Los costos poscosecha permanecen en US$ 159/ha, aunque con un ajuste favorable en la relación gasoil/dólar, lo que deja al gasoil en US$ 1,19/litro (-7,7%).
Desde el Covid, “los precios de los alimentos en EEUU han subido un 26% debido a los aranceles, el impacto del clima y los costos laborales, por lo que nos llevamos una sorpresa cada vez que vamos al supermercado”, dijo el consultor Phil Lempert a PBS Newshour.
Los precios oficiales de los comestibles en EEUU bajaron ligeramente el mes pasado, pero un alimento que sigue subiendo mensualmente y anualmente es la carne vacuna molida, con un aumento del 11,5 % desde el año pasado, otros cortes han subido un 11,3 %.
El precio de la carne molida en Estados Unidos superó por primera vez los US$ 13,20 por kilo (equivalente a US$ 6 por libra), alcanzando su nivel más alto desde que existen registros en la década de 1980, según el economista agrícola David Anderson, de la Universidad Texas A&M.
“Todo se reduce a la oferta y la demanda. Estamos produciendo mucha menos carne vacuna, al mismo tiempo que crece la demanda de los consumidores. Llevamos una década con una demanda en constante crecimiento”, explicó.
Los consumidores estadounidenses continúan eligiendo la carne vacuna, aunque en algunos casos optan por cortes más baratos. “No necesariamente están pasando de la carne vacuna a otras proteínas”, agregó Anderson.
El rodeo ganadero se encuentra en su nivel más bajo en 70 años, lo que ha reducido la producción semanal de carne vacuna entre 7% y 8% frente al año anterior. A diferencia de otros ciclos de precios altos, los productores no están ampliando sus rodeos debido al clima adverso y a los elevados costos del forraje, que hacen más caro mantener las vacas.
“Es un acto de equilibrio. Hoy algunos ganaderos prefieren vender vacas y terneros a precios récord en lugar de apostar a ingresos futuros”, señaló Anderson.
Lempert indicó a a Newshour que el mercado también enfrenta otros factores: la salida de 1,3 millones de cabezas mexicanas por la amenaza de la mosca barrenadora y la aplicación de un arancel del 50% sobre la carne vacuna brasileña, que se suma al 26,4% ya vigente. En este escenario, anticipó que los precios podrían subir otro 5% hacia fin de año.
Las tasas de interés de las Letras de regulación monetaria licitados por el Banco Central del Uruguay (BCU) mostraron leves descensos en la semana, salvo en el plazo de 90 días, donde se verificó un aumento marcado. Las Letras a 30 días cerraron en 8,68% (-2 pb), a 90 días en 8,74% (+29 pb), y a 360 días en 8,04% (-1 pb), mientras que no hubo licitación a 180 días.
En total, el BCU colocó $ 32.760 millones, con el plazo de 360 días como el más demandado ($ 14.784,87 millones). Para la próxima semana se prevé la emisión de $ 26.380 millones en todos los plazos, excepto 360 días, frente a vencimientos por $ 24.917 millones.
Inflación, dólar y actividad
La encuesta de expectativas de inflación realizada por el BCU previo a cada Copom mostró una mediana de 0,30% para agosto, lo que mantendría el acumulado en torno a 4,55% en los últimos doce meses. Para 2025, la inflación esperada se ubica en 4,50% (desde 5,4% en junio) y en 5,0% a doce meses.
Respecto al dólar, la mediana de la encuesta apunta a $ 41 a fin de año (+2,1% respecto al valor actual, frente a $ 41,60 en la encuesta pasada) y a $ 41,86 en doce meses (+4,2%). Para 2026 se proyecta una suba de 3,65% punta a punta, sin cambios respecto al relevamiento previo. En cuanto a la actividad, la mediana para el PBI se mantiene en 2,5% en 2025 y 2,0% en 2026.
Como se preveía, el Copom resolvió por unanimidad recortar la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos básicos, de 9% a 8,75%, en línea con la baja del núcleo de inflación, de los precios no transables y de las expectativas de mercado. El BCU anticipa que la inflación se mantendrá en torno a 4,5% en el horizonte de política monetaria (24 meses) y dejó abierta la puerta a nuevas reducciones mientras persistan estas tendencias. La próxima reunión del Copom será el 7 de octubre, y se espera al menos un recorte adicional antes de fin de año.
Powell abrió la puerta a un recorte en EEUU
En el simposio de Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la entidad podría recortar tasas en la reunión del 16 y 17 de septiembre, debido a crecientes riesgos en el mercado laboral. Powell destacó señales de desaceleración en el empleo, con datos revisados a la baja en la creación de puestos, y reconoció el impacto inflacionario de los aranceles impuestos por la administración Trump, aunque consideró que sus efectos serían transitorios.
El titular de la Fed subrayó que el desafío es equilibrar la estabilidad de precios con el objetivo de pleno empleo, en un contexto de riesgos contrapuestos para la economía estadounidense.
Fuente: Reporte Semanal Urraburu Corredores de Bolsa.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), junto al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), presentó en la ciudad de Salto los principales lineamientos del nuevo Plan Nacional de Control de la Garrapata, que será lanzado oficialmente el próximo martes 26 en Montevideo. La jornada llevó por título “Hacia una estrategia efectiva para el control de la garrapata en Uruguay” y contó con la exposición del doctor Carlos Fuellis, médico veterinario del MGAP.
Según informó El Telégrafo, Fuellis calificó la situación actual como una “emergencia parasitaria”, marcada por el aumento de la prevalencia en predios, la expansión del parásito hacia zonas libres y la aparición de focos de multirresistencia. A esto se suman los riesgos de la presencia de residuos de garrapaticidas en carne y subproductos, lo que genera preocupaciones para los mercados de exportación y el consumo interno.
El plan se apoya en tres metas centrales: controlar la garrapata en la zona endémica, erradicarla de las áreas libres y consolidar un enfoque de “una salud”, que integre la visión animal, humana y ambiental. Para ello se definieron objetivos específicos: establecer un diagnóstico actualizado de la situación nacional mediante muestreos y registros de laboratorios y veterinarios; reducir la morbimortalidad por hemoparásitos ampliando el acceso a hemovacunas (que pasaron de 8.000 dosis en 2017 a unas 400.000 en la actualidad); y frenar la multirresistencia mediante diagnósticos de sensibilidad y uso responsable de acaricidas.
Otro eje clave es la eliminación de residuos de garrapaticidas en la carne. El MGAP evalúa reactivar programas de registro de ventas como “El Vigía”, caído en desuso, y promover sistemas más ágiles que faciliten el cumplimiento de los períodos de carencia. También se prevé reforzar los puestos de control sanitario en rutas, mejorar el despacho electrónico de tropas y agilizar los procedimientos en casos de animales sueltos.
En cuanto al marco normativo, el ministerio apunta a aplicar con mayor firmeza la Ley de Garrapata Nº 18.268, de 2008, y derogar decretos posteriores que alteraron su espíritu. En zonas de control, la meta es reducir pérdidas productivas con planes sanitarios predio a predio, mientras que en las áreas libres la erradicación será obligatoria.
El programa enfatiza además la necesidad de una coordinación interinstitucional. Participan, entre otros, INIA, Plan Agropecuario, Facultad de Veterinaria, Sociedad y Academia de Medicina Veterinaria, Cámara de Especialidades Veterinarias, Instituto Pasteur, ANPL, Comisión Nacional de Fomento Rural, Federación Rural, Asociación Rural, CAF e Instituto Nacional de Colonización.
Según publicó El Telégrafo, el MGAP prevé formar agentes sanitarios en cada departamento, que funcionen como nexo entre el servicio oficial, las Comisiones Departamentales de Sanidad Animal (Codesa) y los productores. “No hay manera de que podamos enfrentar este problema en soledad. La autoridad oficial tiene su deber, pero necesitamos integrar a todos los que están en relación con la garrapata”, expresó Fuellis durante la presentación.
