El mercado de productos fitosanitarios registra una demanda “muy estable en cuanto a cantidad y precio”, salvo el clethodim que tuvo y puede tener “algún inconveniente” en disponibilidad y valores, dijo el director comercial de Proquimur, Antonio Bazzino, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Comentó que “el precio del glifosato en China está subiendo entre 10% y 15%” desde los niveles de mayo o junio, pero no alcanza los valores registrados el año pasado, concretamente en el mes de octubre.
Hay un leve cambio de tendencia vinculado a que “las fábricas trabajaron por debajo del costo durante mucho tiempo y ahora cortaron con esa situación por la sobreoferta que tuvieron en su momento”, sostuvo.
Advirtió que el negocio está «complicado a nivel global», entonces “es poco atractivo” por las bajas utilidades que genera. Eso “puede influir” en las decisiones empresariales a nivel local, situación que “puede impactar en la disponibilidad” de algunas moléculas.
Bazzino habló de estos y otros temas en el marco de la jornada anual de Proquimur, realizada en Soriano, en la que se discutieron, desde el punto de vista técnico, situaciones y problemáticas del sector y las posibles soluciones entre los actores de la producción.
La primera estimación de costos de soja de primera para la zafra 2025, elaborada por el Equipo Técnico de Sofoval, muestra una mejora respecto a agosto de 2024. En su informe, la institución vuelve a subrayar que los cultivos deben pensarse como parte de un sistema productivo, donde pesan tanto las decisiones de rotación, el manejo de malezas, las fechas de siembra, para alcanzar altos niveles de productividad y poder tener rentabilidad.
El cálculo de Sofoval no incluye la renta de la tierra y plantea tres niveles de rendimiento: 1.800, 2.500 y 3.000 kilos por hectárea. El costo total, sin arrendamiento, baja un 6,2% al pasar de US$ 663/ha en 2024 a US$ 622/ha en 2025. Este valor incluye US$ 13/ha en seguro (granizo e incendio) y US$ 30/ha en imprevistos.
Con un precio de soja proyectado de US$ 365 por tonelada para 2025 (vs US$ 360/t en 2024), los ingresos brutos se ubican en US$ 657, US$ 913 y US$ 1.095 por hectárea según el escenario de rinde, frente a US$ 648, US$ 900 y US$ 1.080 en 2024.
El margen antes de arrendamientos pasa de -US$ 15, US$ 193 y US$ 343 en 2024 a US$ 35, US$ 250 y US$ 405 en 2025. En consecuencia, el punto de equilibrio baja de 1.840–2.050 kg/ha en 2024 a 1.700–1.890 kg/ha en 2025.
Entre los insumos, la semilla se abarata de US$ 108/ha a US$ 100/ha (-7,4%). El fertilizante NPK (4-30-10+S) sube de US$ 77/ha a US$ 83/ha (+7,8%) y el fertilizante foliar de US$ 20/ha a US$ 23/ha. Pese a eso, el total de insumos baja de US$ 307/ha a US$ 279/ha (-9,1%), gracias a menores costos en herbicidas y fungicidas.
Las labores prácticamente no cambian (US$ 208 → US$ 207/ha), mientras que la logística poscosecha se reduce de US$ 104/ha a US$ 94/ha (-9,6%). Esto responde a la mejora en la relación gasoil/dólar: Sofoval marca un gasoil contado de $ 52 por litro en agosto 2024 frente a $ 48 por litro en agosto 2025, con un tipo de cambio de $ 41 por dólar y $ 40 por dólar, respectivamente. Así, el gasoil baja de US$ 1,29 por litro a US$ 1,19 por litro (-7,7%).
Los precios del novillo de exportación en el Mercosur mostraron nuevas subas semanales, aunque la brecha entre países se mantiene prácticamente estable. Según el relevamiento de Valor Carne, Uruguay continúa registrando el valor más alto de la región, con US$ 5,16 por kilo carcasa, mientras que Brasil se ubica en el extremo inferior con US$ 3,81.
En la Argentina, el novillo pesado y trazado se paga US$ 4,56, al tipo de cambio neto de exportación, lo que implica 14 centavos más que la semana anterior y 25 por encima de hace quince días. Una nueva revaluación y otros $100 agregados a los ofrecimientos de los frigoríficos explican el ajuste. El valor volvió a niveles previos a las devaluaciones de julio y de comienzos de agosto.
En Brasil, el novillo gordo cotiza a US$ 3,81, dos centavos más en la semana. La mejora interna en reales se trasladó plenamente al valor en dólares, ya que la paridad cambiaria se mantuvo sin cambios.
Si bien las exportaciones de la segunda semana de agosto bajaron el ritmo respecto a la primera, el mes apunta a cerrar con 260 mil toneladas, muy cerca del récord del mes pasado. Además, el precio medio alcanzado la semana pasada fue el más alto desde octubre de 2022.
En Uruguay, el novillo tipo exportación vale US$ 5,16, dos centavos más que la semana pasada. Luego de tres semanas sin variaciones, en el pasaje de julio a agosto volvieron los incrementos graduales, que ya acumulan más de un dólar en 28 semanas.
Valor Carne señaló que la faena de la última semana se ubicó en 46 mil cabezas, 4% por debajo de la previa y 1% por encima del promedio de las últimas diez. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de la segunda semana de agosto siguieron a bajo ritmo y proyectan 29 mil toneladas peso carcasa en el mes, 27% menos interanual.
En Paraguay, el novillo apto para la Unión Europea cotiza a US$ 4,35, con una suba de cinco centavos que repite el comportamiento de las últimas cuatro semanas. La oferta restringida sostiene esta tendencia.
En otros mercados, los valores se ubican sensiblemente más altos: en Estados Unidos, el novillo terminado cotiza a US$ 8,45, apenas tres centavos más en la semana, quedando a dos centavos del récord histórico nominal registrado hace quince días.
En la Unión Europea, el valor subió siete centavos a US$ 8,87, alcanzando un nuevo máximo histórico en dólares nominales, sostenido por mayores precios internos que compensaron la devaluación del euro.
La brecha de precios entre los países del Mercosur se mantiene elevada. Mientras la semana pasada alcanzaba el 36% entre el valor más alto y el más bajo, ahora se ubica en 35,4%, con Uruguay en el extremo superior a US$ 5,16 y Brasil en el inferior a US$ 3,81 por kilo carcasa.
El Ministerio de Ambiente abrió a consulta pública la propuesta técnica para la modificación del Decreto 253/79, referido a las “Normas reglamentarias para prevenir la contaminación ambiental mediante el control de las aguas”.
Uno de los puntos más novedosos de la modificación es la regulación directa sobre la producción agropecuaria. Tambos y encierros intensivos deberán contar con Autorización de Vertido y cumplir con estándares más exigentes que los actuales en el manejo de efluentes, al igual que viveros con tratamiento de semillas y emprendimientos de acuicultura.
En cuanto al uso de efluentes en suelos agrícolas, se fija un límite de 25 ppm de fósforo (P-Bray I en 0-15 cm), además de la obligación de aplicar balances de nutrientes y respetar una distancia mínima de 50 metros a cursos de agua.
También será obligatorio implementar planes de monitoreo de suelos y napas freáticas. A esto se suma la incorporación de plaguicidas y otras sustancias a la lista de contaminantes prioritarios que deberán ser declarados y monitoreados en aguas, lo que implica un nuevo nivel de control sobre su uso y manejo.
La propuesta también exige Autorización de Vertido a varias actividades vinculadas al agro que antes no estaban detalladas de manera explícita. Entre ellas se incluyen frigoríficos, plantas de silos, industrias de alimentos, lácteos y bebidas derivadas de la producción agropecuaria, así como lavaderos de camiones y contenedores que transporten sustancias peligrosas o insumos agrícolas.
Todas esas actividades deberán cumplir estándares de vertido más exigentes, con límites específicos de fósforo, nitrógeno, sólidos en suspensión, coliformes y metales pesados.
Otro aspecto clave es el uso de agua para riego de cultivos destinados a consumo humano. La propuesta introduce una categoría especial de protección para los cuerpos de agua que se utilicen con este fin. Si una fuente es declarada bajo esa categoría, tendrá objetivos de calidad más estrictos que los generales.
En lo que refiere a las aguas pluviales en predios agroindustriales, el decreto propuesto define que las aguas pluviales potencialmente contaminadas —por ejemplo, escurrimientos en predios con almacenamiento de granos, agroquímicos o insumos— deberán ser canalizadas y tratadas antes del vertido. Se establece la obligación de incorporar elementos de control de calidad y descarga que serán definidos en la autorización otorgada por el Ministerio de Ambiente.
También se introduce el principio de producción más limpia y eficiencia hídrica, con una lógica de economía circular en el uso del agua. Esto incluye el reúso de aguas residuales tratadas, la elaboración de balances hídricos en predios productivos y la definición de metas de mejora progresiva en la reducción del consumo de agua. Tales disposiciones alcanzan tanto a productores agropecuarios como a agroindustrias, como pueden ser lácteas, frigoríficos, molinos o arroceras.
El texto propone nuevas restricciones territoriales y para la protección de acuíferos. En zonas de recarga o alrededor de perforaciones de abastecimiento podrán limitarse nuevas actividades agropecuarias o agroindustriales, con el fin de preservar la calidad del agua subterránea.
Los plazos de adecuación son escalonados y varían según el tipo de actividad y la magnitud del impacto ambiental. Para los emprendimientos nuevos, las exigencias comenzarán a regir de inmediato una vez aprobado el decreto. En cambio, para las actividades ya existentes se establecen períodos de transición: entre 12 y 36 meses para adecuar sistemas de manejo de efluentes y vertidos, dependiendo de la complejidad de las instalaciones y la sensibilidad ambiental de la zona donde operan.
En particular, tambos, encierros y agroindustrias con efluentes líquidos tendrán un plazo máximo de dos años para presentar y ejecutar planes de adecuación, mientras que las industrias de mayor porte, como frigoríficos y plantas lácteas, podrán disponer de hasta tres años. En todos los casos, deberán presentar informes de avance y compromisos de inversión ante el Ministerio de Ambiente.
La propuesta fue elaborada en el ámbito del Grupo de Estandarización Técnica de Agua (Gesta Agua) de la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (Cotama).
El Gesta Agua, reactivado en marzo de 2025, trabajó de forma participativa entre abril y agosto de este año, con la participación de organismos del Estado —Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Salud Pública—, empresas públicas como OSE, UTE y Ancap, gobiernos departamentales, cámaras empresariales (Cámara de Industrias del Uruguay y Cusai), instituciones académicas y de investigación (UdelaR, UTEC, UCU, INIA, INAC e Inale), asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil. La consulta pública estará abierta entre el 18 de agosto y el 1º de septiembre de 2025.
En la semana del 10 al 16 de agosto de 2025, Uruguay exportó 7.617 toneladas de carne vacuna en peso canal, con un precio promedio de US$ 6.224 por tonelada, según datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).
En lo que va del año, el volumen acumulado alcanzó 328.781 toneladas, con ingresos por US$ 1.612,8 millones, lo que implica un crecimiento interanual de 20,4%. El precio promedio anual se ubica en US$ 4.906 por tonelada, frente a los US$ 4.075 del mismo período de 2024, mostrando una suba de 20%.
China recuperó el primer lugar en volumen exportado, con 113.669 toneladas (-3,4% interanual) y US$ 551,7 millones (+10,7%), a un promedio de US$ 4.847, por encima de los US$ 4.234 por tonelada registrados un año atrás.
Estados Unidos quedó en segundo lugar, con 113.175 toneladas (+22,5%) y ventas por US$ 602,3 millones (+44,2%), a un precio medio de US$ 5.323, que se compara con los US$ 4.531 por tonelada de 2024.
La Unión Europea (UE-27) se posiciona en tercer lugar con 44.639 toneladas (+56,4%) y US$ 377,1 millones (+71,2%), gracias a un precio medio de US$ 8.437, superior a los US$ 7.751 por tonelada del año pasado.
Israel registró 10.615 toneladas (-33,9%), con ingresos por US$ 68,5 millones (-11,2%), pero con una fuerte suba del precio medio a US$ 6.476 frente a los US$ 4.778 por tonelada de 2024.
Japón importó 5.831 toneladas (-10,3%), por US$ 42,9 millones, con un precio promedio de US$ 7.382, que es superior a los US$ 6.555 por tonelada del año anterior (+12,6%).
A la inversa de lo que generalmente se piensa, en cuanto a que desde Uruguay siempre se mira al exterior a la hora de adoptar ideas o productos en el agro, en días pasados la agrónoma y productora australiana, Alice Jorgensen, recorrió predios ganaderos uruguayos.
Esta persona llegó a Uruguay, a partir de una beca que consiste en “estudiar un problema visitando otros sistemas y países, ubicados en una región climática comparable”, para “encontrar posibles soluciones”, dijo el gerente de investigación y desarrollo de Pasture Genetics, Juan Díaz, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Señaló que esta productora vino del estado australiano de Nueva Gales del Sur, donde la temperatura es parecida a la de Uruguay pero algo “más seco”, al tener menos lluvias.
En esa zona hay un clima “transicional”, donde las pasturas “forrajeras templadas funcionan pero hay veranos que son extremadamente desafiantes”, y “la persistencia se ve comprometida” en algunas de ellas, como el raigrás perenne, comentó.
Sostuvo que ante esta situación “se ingresa al mundo de las pasturas subtropicales, para intentar resolver la oferta forrajera”.
Como en esa zona australiana hacen uso y abuso de verdeos, ella considera que tener una pastura perenne podría darle “más estabilidad” al sistema productivo y “menos costos”, indicó.
Díaz destacó algunas de las nuevas variedades de festucas: Rústica (rizomatosa, de hábito postrado a semipostrado y muy resistente) y Princess (de inducción reproductiva limitada, concentrada y tardía).
Al tiempo que adelantó el trabajo que se viene realizando con otras especies, entre ellas el bromus auleticus Pionero.
El sector cárnico de Nueva Zelanda advirtió que la expansión de la forestación destinada a créditos de carbono amenaza la viabilidad de las exportaciones de carne ovina y vacuna, uno de los pilares de la economía del país. En una columna publicada en el Sunday Star, la presidenta de Beef + Lamb New Zealand (B+LNZ), Kate Acland, alertó que la conversión de establecimientos productivos en “establecimientos de carbono” está reduciendo la base ganadera y comprometiendo el futuro del comercio exterior.
Acland recordó que el Gobierno neozelandés se fijó como meta duplicar las exportaciones para 2030, con los productores de carne vacuna y ovina como actores clave. En 2024, el sector aportó casi el 20% de los ingresos por exportaciones, equivalentes a US$ 10.400 millones. A pesar de una caída de 7% en volumen, las exportaciones aumentaron en US$ 1.200 millones el año pasado, reflejando mejoras en productividad y precios en un escenario de escasez global de proteínas.
Desde 1990, el número de ovejas se redujo a la mitad, pero los volúmenes exportados de cordero se han mantenido estables gracias a ganancias de eficiencia. “Sin embargo, las ganancias de productividad no son infinitas”, advirtió Acland, quien indicó que las conversiones masivas de establecimientos productivos hacia forestación, incentivadas por el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), ponen en riesgo la sustentabilidad del sector de la carne vacuna y ovina.
Según un análisis independiente citado por B+LNZ, entre 2017 y principios de 2025 se vendieron 300.000 hectáreas de establecimientos productivos ovinos y vacunas a entidades forestales, cifra que llegaría a 350.000 hectáreas a fin de este año, con la pérdida de al menos 2,5 millones de cabezas. Si se mantienen las políticas actuales, para 2050 podrían acumularse un millón de hectáreas convertidas, equivalentes al 19% de los pastizales productivos, lo que implicaría una reducción de 18% en el stock ganadero.
Acland dijo que el impacto ya es visible, con cierre de plantas procesadoras, pérdida de empleos y comunidades rurales bajo presión. Aunque el Gobierno reconoció el problema y propuso restricciones al ETS, sostuvo que estas medidas siguen siendo demasiado permisivas. Según B+LNZ, entre 2025 y 2050 aún podrían convertirse 26.000 hectáreas anuales en tierras de clases 6 y 7, que son económicamente viables para la producción de carne vacuna y ovina.
La presidenta de B+LNZ indicó que el camino es eliminar la posibilidad de ingresar al ETS establecimientos productivos enteros, pero aceptó que hasta 25% de una parcela pueda destinarse a forestación, generando un equilibrio entre silvicultura y agricultura. “No podemos duplicar las exportaciones de nuestro sector primario si nuestros establecimientos productivos están cubiertos de árboles”, concluyó Acland.
