Más exigencias europeas en sostenibilidad ambiental y bienestar animal; el consumidor pide más requisitos pero no quiere pagarlos

El marco regulatorio de la Unión Europea sobre los “tres pilares de seguridad alimentaria, bienestar animal y sostenibilidad medioambiental rige” desde hace “más de 40 años”, es “dinámico” y establece “las condiciones en que se debe desarrollar la actividad agropecuaria”, para así poder “recibir ayudas de dinero público”. Así lo señaló el técnico veterinario de la empresa Nutega del grupo CCPA, Germán Alonso, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.

Dijo que en la normativa europea hay un principio que dispone exigir el cumplimiento de las mismas normas que rigen para los productores europeos a los países que pretenden exportar sus productos a Europa.

“La aplicación de esa norma está condicionada por el marco general del mercado mundial”, y aunque “ese principio se aplica de una manera más laxa”, a medida que se le va exigiendo a los productores de la UE también se va aplicando ese principio de igualdad con más severidad”, afirmó.

Alonso enfatizó que el uso de antibióticos como promotores del desarrollo productivo de animales está “totalmente prohibido” desde 2006. Se refirió específicamente a las restricciones al ganado lechero y a otras especies. La alternativa al uso de antibióticos promotores es una “nueva generación de aditivos de base de fitogénicos”, que “se basan en biomoléculas extraídas de las plantas”, contó.

Al referirse a que “el 100% de la norma se aplica pero su aplicación puede ser restringida o limita por países”, ese técnico tomó el caso de la normativa básica europea sobre los organismos genéticamente modificados que en algunos países puede ser más restrictiva que en otros.

Comparó que en España están autorizados los transgénicos con habilitación legal europea, pero en Francia están todos “prohibidos”.

El consumidor europeo ya asumió ciertas normativas como cotidianas, dijo el técnico español que participó de una serie de charlas organizada por la empresa Nutrisur.

Habló además de un problema que se registra en España vinculado al “canal de comunicación entre el productor y la población urbana” que es el “intermediario”, como puede ser el distribuidor y la empresa comercializadora o la industria transformadora. Ese eslabón tiene “determinados intereses que puede dirigir hacia la opinión del público en general de forma no clara”, advirtió.

Dijo que una sensibilidad existente respecto a ciertos temas como el medioambiental y al bienestar animal. A modo de ejemplo, ese profesional mostró resultados de una encuesta sobre sostenibilidad medioambiental en el que “más del 80% de la población está preocupada” por ese tema, “es consciente de que sus hábitos de consumo” inciden en ese asunto y quieren “información más clara” al respecto. Pero “solamente un 40% está dispuesto a pagar por esa sostenibilidad ambiental”, destacó.

Alonso manifestó que “las nuevas normativas de control de las emisiones de amoníaco van a exigir un esfuerzo al sector agro ganadero que en Holanda suponen que significaría el cierre del 30% de los establecimientos ganaderos”.

Como respuesta al “enfrentamiento entre el sector agropecuario y a las nuevas políticas de un gobierno conservador” en Holanda, en las recientes elecciones municipales “ganó un partido político agrario”, señaló.

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