El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y su par chino, Xi Jinping, alcanzaron esta semana en la República de Corea un acuerdo comercial y económico que fue calificado por la Casa Blanca como una “victoria masiva” para la economía y la seguridad nacional estadounidense.
Según la hoja informativa oficial publicada el pasado 1° de noviembre por la Casa Blanca, el entendimiento busca reequilibrar las relaciones económicas con China, priorizando a los trabajadores, agricultores y familias de Estados Unidos.
Entre los compromisos asumidos por China destacan:
Reanudar las compras de soja estadounidense, con un volumen mínimo de 12 millones de toneladas métricas (Mt) antes de fin de 2025, y al menos 25 Mt anuales en 2026, 2027 y 2028.
Suspender todos los aranceles de represalia impuestos desde marzo de 2025 sobre productos agrícolas estadounidenses, incluidos pollo, trigo, maíz, algodón, sorgo, soja, carne bovina y porcina, productos lácteos, frutas, verduras y acuáticos.
Eliminar las contramedidas no arancelarias, como la inclusión de empresas estadounidenses en listas de entidades no confiables.
Suspender los nuevos controles de exportación sobre tierras raras y minerales críticos, eliminando de facto las restricciones que regían desde 2022.
Tomar medidas para frenar el envío de precursores químicos de fentanilo hacia América del Norte.
El acuerdo también incluye disposiciones sobre el sector tecnológico y la industria marítima. China se comprometió a reanudar las operaciones de la firma Nexperia y a poner fin a las investigaciones antimonopolio y antidumping que afectaban a empresas estadounidenses del rubro de semiconductores.
Por su parte, Estados Unidos reducirá en 10 puntos porcentuales los aranceles sobre importaciones chinas aplicados para frenar el flujo de fentanilo, a partir del 10 de noviembre de 2025, y mantendrá suspendidos los aranceles recíprocos elevados hasta noviembre de 2026.
Además, Washington extenderá ciertas exclusiones arancelarias de la Sección 301 hasta fines de 2026 y suspenderá durante un año la implementación de medidas que afectaban a filiales chinas en los sectores marítimo, logístico y de construcción naval.
La Casa Blanca subrayó que el entendimiento con China forma parte de una estrategia más amplia que incluye la cooperación con Corea del Sur y Japón para revitalizar la industria naval estadounidense.
El productor “está un poco reacio” a entrar al negocio ganadero porque implica una inversión muy alta. “Si bien mejoró mucho”, supone una inmovilización de capital “muy grande”, señaló el director de Cuatro Hojas, Andrés Contatore, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Agregó que el negocio ganadero, aun con los excelentes precios actuales, “no puede enfrentar una renta equivalente a 700 u 800 kilos de soja por hectárea y los costos de estructura.
Comentó que hay algunos productores que decidieron vender el ganado aprovechando el momento de precios favorables y destinan esa área a la agricultura. Con eso, “esperan otro momento de precios de la reposición para volver a la ganadería”.
Contatore consideró que la producción agrícola, aun en un escenario de precios deprimidos, está en “mejores condiciones” que la ganadería para afrontar los costos de renta y estructura.
Indicó que la soja de primera tiene un “punto de equilibrio” cercano a 3.000 kilos por hectárea, mientras que en la soja de segunda ronda los 2.100 kilos, contemplando parte del costo de la tierra y de estructura.
Agregó que este año “es probable” que los cultivos de segunda deban asumir una cuota parte de los costos de los cultivos de invierno, por los números que se están observando.
En esa línea, explicó que “la colza es la que está mejor”, ya que con 1.600 kilos por hectárea logra cubrir los costos de renta y estructura, mientras que trigo y cebada muestran un punto de equilibrio cercano a 5.000 kilos por hectárea.
Los drones constituyen “la tecnología de mayor impacto para la protección vegetal de los últimos tiempos”, por lo que era “necesario generar una línea de investigación”, para lo cual “accedimos a financiamiento” y “colaboración del sector”, destacó la docente de la Facultad de Agronomía, Juana Villalba, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y en verdenews.com.uy.
Dijo que la idea es “evaluar y probar los distintos parámetros en esa tecnología, para hacer un uso comprometido con la temática de sostenibilidad”.
La docente habló de este y otros temas en el marco del 7° Simposio Nacional de Agricultura, que se realizó el 30 y el 31 de octubre en Paysandú, bajo el título “Agricultura en evolución, integrando conocimiento para un futuro sostenible”.
“Esta tecnología trae mucho para aportar en términos de aplicaciones selectivas, disminuir pérdidas de suelo por el tráfico de maquinarias y en la salud ocupacional”, valoró.
Pero al mismo tiempo, Villalba advirtió que “hay que saber usarla responsablemente para no estar hackeando a la efectividad y a la deriva”.
El volumen de aplicación, el tamaño de la gota y la altura de vuelo son aspectos a tener en cuenta y que forman parte de la línea de investigación con “rigurosidad”, señaló.
Por otra parte, uno de los objetivos del simposio es recaudar fondos para financiar la compra de maquinarias y equipos, entre otros fines.
El Grupo Syngenta reportó ventas por US$ 6.400 millones en el tercer trimestre de 2025, un 6% menos que el año anterior (-7% a tipos de cambio constantes), según informó la compañía en su reporte financiero trimestral. Sin embargo, el EBITDA del período creció 28% interanual (+35% a CER), hasta US$ 900 millones, impulsado por mayores márgenes en las divisiones de protección de cultivos y semillas.
En el acumulado de los primeros nueve meses de 2025, las ventas del grupo alcanzaron US$ 20.900 millones, un 2% menos (-1% a CER), mientras que el EBITDA aumentó 25%, a US$ 3.400 millones (+31% a CER). El margen EBITDA se situó en 16,5%, 3,6 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2024 (12,9%).
La empresa destacó que el desempeño se apoyó en “una gestión disciplinada de costos, mayor productividad y eficiencia operativa”, que compensaron la caída en el negocio de comercio de granos en China. Para lo que resta del año, Syngenta proyecta ventas estables y mejoras continuas en rentabilidad, en un contexto donde la rentabilidad de los agricultores sigue presionada a nivel mundial.
Firmeza en protección de cultivos y crecimiento en biológicos
Las ventas de Syngenta Crop Protection sumaron US$ 9.800 millones en los primeros nueve meses de 2025, un 3% más interanual (+5% a CER). El incremento se explicó por mayores volúmenes en un mercado de precios moderados, con avances en todas las regiones: Europa y Asia, Oriente Medio y África crecieron 6%; China, 7%; América del Norte, 3%; y Brasil, 2%.
En cambio, las ventas en América Latina retrocedieron 7%, afectadas por la sequía en México y la presión de precios en Argentina. La compañía subrayó el desempeño de su línea PLINAZOLIN®, que contribuyó al aumento en Brasil, y el fuerte crecimiento del negocio de biológicos, con una expansión de dos dígitos.
Semillas: fuerte recuperación en Latinoamérica y avances con IA
Las ventas de Syngenta Seeds totalizaron US$ 3.300 millones en los primeros nueve meses de 2025, un 1% más interanual (+2% a CER). En Latinoamérica, el crecimiento alcanzó 20%, impulsado por la recuperación del maíz en Argentina y un aumento de 13% en Brasil.
La compañía destacó la incorporación de modelos de inteligencia artificial en sus programas de I+D para acelerar el desarrollo de híbridos
China y ADAMA: ajustes y foco en rentabilidad
En China, las ventas del grupo sumaron US$ 6.500 millones en los primeros nueve meses, un 11% menos interanual (-11% a CER), afectadas por la reducción planificada del negocio de comercio de granos. Sin embargo, los segmentos de semillas y formulaciones de marca crecieron 4%, nutrición de cultivos 6% y Yangnong Chemical 14%.
Por su parte, ADAMA mantuvo ventas por US$ 3.000 millones, en línea con 2024, pero mejoró sus márgenes operativos y logró su sexto trimestre consecutivo de crecimiento del EBITDA. Las ventas en Norteamérica aumentaron 15%, y la compañía destacó su plan de transformación “Fight Forward”, enfocado en productos de mayor valor agregado.
Aunque el reciente anuncio sobre el incremento del cupo de exportación de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos generó expectativas en el sector, su implementación enfrenta un obstáculo clave: el Poder Ejecutivo norteamericano no tiene atribuciones legales para concretar la medida sin la aprobación del Congreso.
Según un análisis de Miguel Gorelik, director del portal Valor Carne, el aumento previsto —de 20.000 a 80.000 toneladas anuales— sería relevante para Argentina, pero insignificante para el mercado estadounidense, que mueve unas 12 millones de toneladas al año. Sin embargo, “muchos actores dan por descontado que la nueva cuota ya está vigente o, al menos, firmada, cuando en realidad no es así”, advierte el analista.
Gorelik recuerda que el Ejecutivo estadounidense solo puede modificar cupos comerciales mediante una ley del Congreso, lo que complica los tiempos en un contexto político adverso. “Sancionarla a través de una ley, con los reclamos actuales de legisladores —incluso de partidarios del presidente— contra la ayuda financiera a Argentina y por las declaraciones favorables a bajar el alto precio interno, parece difícil en la coyuntura”, explica.
El especialista compara la situación con lo ocurrido recientemente con Gran Bretaña, que firmó un acuerdo con Estados Unidos hace casi seis meses, estableciendo una cuota de 13.000 toneladas. Aunque se trataba de una simple transferencia dentro del cupo global de 65.000 toneladas destinado a terceros países, la medida tampoco pudo aplicarse por trabas legales internas y posibles objeciones ante la OMC por parte de los países que actualmente utilizan ese contingente, principalmente Brasil y Paraguay.
En este escenario, la cuota disponible para terceros países quedaría reducida a 52.000 toneladas, un volumen que “ni siquiera alcanzaría para cumplir con la Argentina”, señala Gorelik.
El director de Valor Carne concluye que el incremento de la cuota “no es imposible”, pero requerirá “gran creatividad diplomática y política”, y que no será inmediato.
Las principales gremiales lecheras del país presentaron un memorándum ante la Comisión de Presupuesto del Senado, en el marco del análisis del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025-2029. En el documento proponen que los fondos generados por el impuesto del 0,25% aplicado a las exportaciones de leche y productos lácteos pasen a financiar el funcionamiento del Instituto Nacional de la Leche (INALE).
Según explican, el artículo 458 de la Ley 16.226 de 1991 estableció originalmente que ese impuesto —entonces de 0,3%— fuera destinado al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Sin embargo, las gremiales sostienen que hoy “no se justifica” ese destino, ya que la función de control de exportaciones es realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
La ley de Presupuesto 2020-2024 redujo la alícuota al 0,25% y, además, introdujo excepciones para asignar parte de lo recaudado a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA).
En el documento se señala que si bien en su momento el destino del impuesto para el LATU se justificaba por la labor de contralor de las exportaciones que realizaba ese laboratorio, actualmente —y desde hace varios años— esa tarea la lleva adelante el MGAP, por lo que no se justifica que cifras del orden de los US$ 2 millones anuales se destinen desde el sector lácteo al LATU.
Además, remarcan que, por la forma en que se determina el precio de la leche al productor (ingresos menos costos), todo cargo que se aplique a los productos exportados termina reduciendo el precio recibido por los tamberos. “Por esta razón, nos sentimos con derecho a exigir que esos fondos se vuelquen a INALE, donde tienen un claro retorno en beneficio de la cadena láctea”, expresan.
El planteo surge a partir de la situación presupuestal del organismo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo asigna a INALE $ 21,1 millones para 2025 y $ 35 millones anuales entre 2026 y 2029. Sin embargo, el presupuesto proyectado por el Instituto para 2026 asciende a $ 60 millones, lo que implicaría un déficit de más de $ 25 millones que ya no podría cubrirse con reservas.
Las gremiales sostienen que la reasignación del impuesto sería una medida “éticamente justa” y permitiría al mismo tiempo liberar $ 35 millones del presupuesto público para otros fines.
El memorándum fue firmado por la Agremiación de Tamberos de Canelones, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Productores de Leche de San José, la Sociedad de Fomento Rural de La Casilla, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez y la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón.
El sector cárnico brasileño enfrenta señales opuestas en el frente internacional. Por un lado, el principal comprador —China— volvió a emitir advertencias por la detección de residuos de fluazurón en carne vacuna importada desde Brasil, lo que podría derivar en nuevos embargos. La alerta fue comunicada por Minerva Foods, a través de su programa “Laço de Confiança”, que exhortó a los productores a respetar los períodos de carencia en el uso de antiparasitarios, de acuerdo con lo informado por el portal brasileño Comprerural.
Allí se indica que Minerva informó que el gobierno chino ya notificó su decisión de intensificar los controles y advirtió que nuevas infracciones podrían afectar la relación comercial entre ambos países. China concentra más del 60% de las exportaciones brasileñas de carne vacuna, por lo que un bloqueo tendría un impacto inmediato sobre precios y operaciones. En marzo de 2025, tres plantas brasileñas ya habían sido suspendidas por motivos similares.
El problema no se limita a Brasil: Uruguay también sufrió recientemente el rechazo de lotes de carne por exceso de fluazurón, y el MGAP advirtió a los productores sobre la necesidad de cumplir con los plazos de gracia. Parte de la mercadería fue destruida, reforzando la idea de que la trazabilidad y el manejo responsable en el campo son esenciales para evitar sanciones comerciales.
Mientras tanto, en el otro extremo del mapa, Japón podría convertirse en un nuevo destino para la carne brasileña. Según Ryo Kuroishi, director de la División para Sudamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, el país está “muy cerca” de abrir su mercado, tras años de gestiones técnicas y diplomáticas, según publicó el portal BDO.
Las negociaciones se intensificaron luego de la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Tokio en marzo de 2025 y la posterior inspección de expertos japoneses en plantas brasileñas. Kuroishi indicó que el proceso avanza con precaución, debido a las estrictas normas sanitarias japonesas, pero aseguró que existe voluntad política para concretar la reapertura “lo antes posible”.
