El comienzo de 2026 muestra un escenario de “demanda firme, oferta escasa y precios sostenidos en el mercado de ganado gordo y en la reposición”, señaló el consignatario Ariel Freire, de Freire Negocios Rurales, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y verdenews.com.uy.
Luego de dos semanas con niveles bajos de faena a fines de 2025 y comienzos de enero, en la última semana la actividad se normalizó con una faena cercana a 41.000 reses, en un contexto de mercado demandante, acotó.
Destacó que la menor oferta no responde a una retención, porque “los ganados se han engordado, se han faenado y se han exportado”, recordando que 2025 cerró con una faena 6% superior a la de 2024.
Las lluvias registradas durante el último fin de semana, generalizadas en buena parte del país, también aportaron tranquilidad al mercado, en una etapa en la que muchos productores comienzan a retomar la actividad tras el receso de fin de año.
En cuanto a valores, el consignatario indicó que el novillo gordo especial y bien terminado se ubica actualmente entre US$ 5,15 y US$ 5,20, mientras que la vaca pesada bien terminada se mueve en torno a US$ 4,90, con vacas más livianas en el eje de US$ 4,65.
Freire consideró que “no abunda el ganado gordo” y se observa un mayor interés de la industria, con entradas rápidas, del orden de cuatro días, y un mercado firme en el corto plazo.
Respecto a los rendimientos, señaló que un novillo bien terminado puede alcanzar 55% a 55,5%, mientras que una vaca liviana presenta rendimientos de 47% a 49%, en un escenario que calificó como “normal para la época”.
De cara a 2026, Freire se mostró optimista e indicó que los valores se mantienen estables y atractivos en distintas categorías, con demanda sostenida y poca oferta, y destacó que no se percibe un apremio económico como en otros años. “El 2025 fue un año bueno y el 2026 arranca mejor, con un novillo alrededor de un dólar por encima del inicio del año pasado”, afirmó.
En el mercado de reposición, sostuvo que los precios ya arrancaron firmes desde el inicio del año. Un novillo para el campo se maneja entre US$ 2,80 y US$ 3,00, según kilos, mientras que los novillos cuota se ubican entre US$ 3,00 y US$ 3,10, con colocaciones rápidas ante una demanda activa, tanto para encierros industriales como privados y para la invernada.
El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, analizó el nuevo decreto del Régimen General de Promoción de Inversiones y señaló que “si bien se trata de una herramienta necesaria en el actual contexto económico, deja en evidencia fuertes desequilibrios entre el estímulo a las grandes inversiones y la situación de las empresas medianas y chicas del país”.
Normey sostuvo que el régimen tiene como contracara la falta de competitividad estructural que enfrenta Uruguay, lo que obliga a recurrir a incentivos especiales para atraer inversiones. El análisis fue realizado en el programa Punto de Equilibrio en Carve y verdenews.com.uy.
En ese marco, cuestionó que los grandes proyectos —generalmente de capital extranjero y con montos superiores a US$ 30 millones— accedan a exoneraciones del 100% del IRAE, mientras que el resto del entramado productivo nacional continúa enfrentando una alta presión fiscal que limita su capacidad de invertir. “Eso genera una sensación de injusticia y de desequilibrio”, afirmó.
Dentro del capítulo de competitividad, el dirigente puso el foco en el comportamiento del precio del gasoil durante 2025, al que calificó como una de las principales preocupaciones del sector productivo.
Durante 2025, el precio internacional del petróleo cayó 22%, mientras que el precio de paridad de importación del gasoil bajó 23%, en línea con esa evolución. Sin embargo, el precio del gasoil en Uruguay apenas descendió 2% en todo el año, puntualizó.
Para Normey, esta diferencia evidencia un desacople que termina trasladándose como un sobrecosto al sector productivo. “Empezamos otra vez con una situación en la que el productor paga un sobreprecio que no corresponde, asociado a ineficiencias que terminan siendo un lastre directo para la competitividad”, señaló.
Por último, el presidente de la Federación Rural se refirió a la situación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y recordó que el espíritu original del instituto establecía un esquema de financiamiento: 50% productores y 50% Estado, que comenzó a desvirtuarse a partir de 2012.
Explicó que actualmente los productores aportan entre 60% y 70% de los recursos, mientras que la contribución estatal queda claramente por debajo del 50%. “Con el agregado que en la Ley de Presupuesto se plasma que durante este periodo de gobierno, INIA recibirá en torno al 30% del Estado y en torno a 70% de los productores”.
En ese contexto, Normey planteó que si no se restablece el equilibrio original en los aportes, debería avanzarse en un cambio en la gobernanza del INIA, otorgando doble voto a los representantes de los productores en la Junta Directiva. “Cuando los productores aportan cerca del 70% de los recursos, es lógico que tengan mayor peso en las decisiones”, sostuvo, y aclaró que esta modificación requeriría un cambio legal y un acuerdo parlamentario.
Desde la Federación Rural afirmó que seguirán impulsando estas discusiones. “Si hay aunque sea un 1% de chances, la vamos a pelear, porque estamos para defender a los productores”, concluyó.
El Poder Ejecutivo presentó el nuevo decreto del Régimen General de Promoción de Inversiones, que comenzará a regir a partir del 1º de febrero, con un período de transición que se extenderá hasta el 30 de abril. Uno de los puntos que generó mayor sorpresa en el sector agropecuario fue la exclusión del encalado de suelos como indicador dentro de los proyectos de inversión.
Andrés Alayón, presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores, señaló en Punto de Equilibrio de Carve y verdenews.com.uy que la decisión fue inesperada y mal recibida por la institución. “Fue una noticia que no esperábamos en lo más mínimo. La verdad es que no nos cayó nada bien”, afirmó, al tiempo que subrayó que el encalado no solo dejó de estar contemplado, sino que “queda peor posicionado de lo que estaba”.
Alayón indicó que la Agropecuaria de Dolores prevé insistir ante las autoridades para conocer los fundamentos de la decisión y explorar alternativas que permitan revertirla.
En paralelo, la institución continúa avanzando con su proyecto de encalado, orientado a generar información y datos concretos sobre los impactos de esta tecnología.
Actualmente, la Agropecuaria de Dolores se encuentra desarrollando una segunda fase, cuyo objetivo central es poner números a la adopción masiva del encalado, no solo desde el punto de vista productivo, sino también en términos de costos, logística y efectos económicos indirectos.
“La idea es salir del ámbito estrictamente agronómico y pasar a la parte económica, porque una vez que se tienen los números es más fácil discutir y negociar”, señaló Alayón.
El dirigente recordó que el encalado “no es una tecnología exclusiva de la agricultura”, sino que es aplicable a todos los sistemas productivos con problemas de acidez de suelos, incluyendo la ganadería y la lechería. El proyecto se desarrolla en conjunto con Unicampo Uruguay y Ceres.
Vietnam autorizó a cuatro plantas frigoríficas brasileñas a exportar carne vacuna, ampliando el acceso de Brasil a ese mercado, abierto desde marzo de 2025. La decisión fue confirmada el martes 13 de enero y es considerada clave por la industria cárnica en el actual escenario internacional.
Las plantas habilitadas pertenecen al grupo Minerva y están ubicadas en Araguaína (Tocantins), Rolim de Moura y Chupinguaia (Rondônia) y Bataguassu (Mato Grosso do Sul). Dos de las unidades formaban parte de Fortunceres, empresa recientemente adquirida por Minerva.
Con estas nuevas aprobaciones, Brasil suma ocho plantas autorizadas para exportar carne vacuna con y sin hueso a Vietnam. Las otras cuatro pertenecen a JBS, aunque decenas de empresas aún esperan la habilitación sanitaria.
Desde la industria destacaron que ampliar las ventas a Vietnam es una prioridad para diversificar mercados y amortiguar el impacto de las medidas de salvaguardia aplicadas por China, principal destino de la carne vacuna brasileña. En ese marco, las asociaciones sectoriales reiteraron al gobierno la necesidad de acelerar nuevas autorizaciones.
El Ministerio de Agricultura de Brasil afirmó que continuará trabajando para ampliar el número de establecimientos habilitados y diversificar mercados, apoyado en la solidez del sistema sanitario y la calidad de los productos brasileños.
La institucionalidad agropecuaria y distintos organismos del Poder Ejecutivo se reunieron el 13 de enero de 2026 para evaluar la situación de déficit hídrico y coordinar acciones de respuesta, a partir de información técnica actualizada y de la experiencia acumulada en eventos anteriores.
Según los reportes técnicos presentados, el episodio actual muestra características diferentes a sequías anteriores y, por el momento, se perfila como un evento de duración más acotada. Las lluvias de la semana previa permitieron una mejora transitoria de la situación hídrica, por lo que se resolvió no declarar la Emergencia Agropecuaria, aunque sí mantener un monitoreo permanente.
Los impactos no son homogéneos y varían entre zonas, rubros y niveles de vulnerabilidad. La región Sur concentra las áreas más comprometidas, con afectación en Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José.
En este marco, se definió un primer paquete de medidas, que incluye la postergación del vencimiento de enero del aporte patronal rural al BPS y la autorización del pastoreo en la faja adyacente a las rutas nacionales y caminos rurales.
A la vez, el Instituto Plan Agropecuario y el programa Procría están brindando apoyo técnico y difundiendo buenas prácticas para que los productores ganaderos puedan enfrentar el actual escenario de estrés hídrico. Por su parte, el Instituto Nacional de Colonización está facilitando créditos e inversiones en agua para productores colonos.
En conferencia de prensa, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, señaló que “no hay datos objetivos para declarar la emergencia agropecuaria”, aunque reconoció la existencia de daños asociados al déficit hídrico.
El jerarca subrayó que se trata de un momento clave del ciclo productivo y que las medidas buscan dar alivio inmediato. En estos momentos “no sabemos que pasará y no descartamos ninguna medida, pero hoy estamos con estas”.
El Poder Ejecutivo reglamentó el nuevo decreto del Régimen General de Promoción de Inversiones, que fue publicado el jueves 8 de enero en la web de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), junto con los criterios generales que regirán los proyectos que se presenten al amparo de la Ley de Promoción de Inversiones. El Decreto Nº 329/025 comenzará a regir a partir del 1º de febrero, con un período de transición que se extenderá hasta el 30 de abril.
El nuevo decreto introduce numerosos cambios respecto al régimen anterior y “no puede calificarse en términos generales como mejor o peor, ya que su impacto dependerá de cada proyecto en particular”. En algunos casos, las modificaciones pueden resultar favorables, mientras que en otros implican mayores restricciones frente al esquema previo, indicó el contador Juan Dalmás, director del Estudio Terrasol, en el programa Punto de Equilibrio de Carve y verdenews.com.uy
Uno de los cambios más relevantes se da en materia de inversiones elegibles, ya que el nuevo régimen reduce el horizonte para incorporar inversiones futuras de 10 a 5 años, lo que acota sensiblemente el plazo disponible para estructurar los proyectos. Además, en el caso de inversiones ya realizadas, “solo podrán computarse aquellas efectuadas en los últimos seis meses, con un tope del 20% del total del proyecto, cuando anteriormente se admitían todas las compras realizadas dentro del ejercicio”. Desde este punto de vista, indicó Dalmás, el cambio resulta claramente “más restrictivo”.
En contraste, el nuevo decreto introduce “mejoras para las pequeñas y medianas empresas”. Las pequeñas empresas, definidas como aquellas con menos de 19 empleados y una facturación inferior a US$ 1,5 millones, pasan de contar con un beneficio adicional del 10% al 15% de exoneración del IRAE.
A su vez, por primera vez se incorpora un beneficio específico para las empresas medianas, con menos de 50 empleados y hasta US$ 12 millones de facturación, que accederán a un 10% adicional de exoneración, “algo que no estaba contemplado en el régimen anterior”, acotó.
En tanto, el decreto también crea un beneficio particular para los proyectos de gran dimensión, aquellos que superan los US$ 29 millones de inversión. En estos casos, las inversiones realizadas por encima de ese monto podrán acceder a una exoneración del 100% del IRAE, siempre que se ejecuten antes del 31 de diciembre de 2029. Si bien el beneficio “es relevante, el plazo para concretar las inversiones queda claramente acotado”.
En cuanto a los indicadores, Dalmás informó que el empleo continúa siendo uno de los ejes centrales del régimen, aunque “con cambios significativos”. El compromiso de generación de empleo pasa de tres a cinco años, lo que eleva la exigencia para las empresas. Como contrapartida, “se otorgan puntos adicionales cuando la contratación se orienta a colectivos vulnerables, como jóvenes menores de 29 años, mujeres, personas con discapacidad y exreclusos”.
Respecto a la descentralización territorial, Dalmás señaló que, “si bien el objetivo de promover inversiones fuera de Montevideo se mantiene, el nuevo esquema otorga menos puntaje ponderado en todos los departamentos” en comparación con el decreto anterior. Montevideo directamente no puntúa, y en el resto del país la ponderación es inferior, lo que implica un efecto negativo frente al régimen previo.
Uno de los puntos que generó mayor sorpresa fue la exclusión del encalado de suelos como indicador de los proyectos de inversión. El nuevo decreto “elimina completamente este componente”, que deja de generar puntos o beneficios fiscales, pese a que existían señales previas de que sería mantenido o incluso reforzado. En este contexto, Dalmás recomendó que “los productores que estén evaluando proyectos con encalado los presenten antes de que el nuevo régimen quede plenamente operativo”.
En contraste, el riego se mantiene dentro del esquema de beneficios, con condiciones muy similares a las del decreto anterior e incluso, en algunos casos, “algo más favorables. A mayor peso de la inversión en riego dentro del proyecto, “mayores serán los beneficios fiscales, con un impacto positivo adicional para las pymes”, resaltó Dalmás.
El nuevo decreto comenzará a regir el 1º de febrero, aunque establece un período de transición hasta el 30 de abril, durante el cual los proyectos podrán optar por presentarse bajo el régimen anterior o el nuevo, “lo que sea más beneficioso”. Además, los proyectos presentados desde el 1º de agosto de 2025 tendrán la posibilidad de migrar al nuevo decreto “si les resulta más conveniente”, acotó el especialista.
Entre otras novedades, el decreto incorpora puntos adicionales para la protección del campo natural, cuando más del 50% del predio se mantenga bajo esa condición por al menos tres años, y suma incentivos específicos para la cría ganadera, habilitando proyectos orientados a inversiones en genética, como semen y toros, “cuando tengan como objetivo la mejora en la tasa de nacimientos o aumento del rodeo de cría”.
Finalmente, el director del estudio Terrasol informó que desaparece la matriz simplificada, por lo que todos los proyectos “deberán presentarse en adelante bajo el régimen general”.
Las precipitaciones registradas durante el último fin de semana alcanzaron a todo el país, aunque con impactos distintos según la zona, explicó Pablo Engelhardt, director de Nuevo Surco, en el programa Punto de Equilibrio, en Carve y verdenews.com.uy.
En el norte del país, especialmente desde Paysandú hacia el norte, las lluvias de 30 a 40 milímetros permiten estabilizar el estado de los cultivos y mejorar las perspectivas, señaló.
En cambio, en el sur —en parte de San José y Canelones—, donde la situación “venía más comprometida”, las precipitaciones fueron algo mayores, cercanas a 50 milímetros, aunque en varios casos llegaron tarde para los maíces de primera que ya estaban muy afectados. En tanto, en la Zona de Tarariras (Colonia) “donde llovió menos, el panorama es similar con maíces que fueron directamente a silo y otros que están en carrera pero con un peaje importante en el rinde”.
Informó además que los maíces de segunda están implantados y con mejores perspectivas si las lluvias se sostienen, al igual que la soja de primera, que en algunos casos “había comenzado a mostrar signos de estrés, pero mantiene chances de recuperación”. La soja de segunda presenta un escenario más heterogéneo, con parte del área bien implantada y otra todavía en duda, “lo que genera pocas expectativas por fecha en la que estamos”.
Como consecuencia del estrés hídrico, una parte de los maíces de primera debió destinarse directamente a picado, “en muchos casos con bajo o nulo aporte de grano”. Engelhardt detalló que “los valores del maíz picado oscilaron entre US$ 20 por tonelada para materiales muy dañados y hasta US$ 35 o US$ 40 en lotes con mejor potencial, buena logística y rendimientos superiores a 22.000–23.000 kilos de materia verde”.
En números gruesos, explicó que “un picado de 20.000 kilos vendido a US$ 40 permitió ingresos cercanos a US$ 800 por hectárea, dejando resultados levemente positivos”, mientras que “rendimientos de 15.000 kilos vendidos a US$ 20–US$ 25 dejaron cuentas negativas”.
Por el lado de los cultivos de invierno, Engelhardt destacó que el comportamiento del productor en trigo y cebada fue marcadamente distinto al histórico. En la zona de influencia de Nuevo Surco, “entre 70% y 75% del volumen ya está vendido, aunque no necesariamente entregado”, cuando en campañas normales ese porcentaje suele ubicarse entre 40% y 50%. La decisión respondió a la falta de expectativas de subas de precios y a la necesidad de ordenar caja.
En términos de márgenes, trigo y cebada cerraron mayoritariamente equilibrados, con resultados levemente positivos antes de considerar renta, pero muy ajustados una vez imputado el costo del arrendamiento, acotó.
En ese sentido, los precios actuales —en torno a US$ 180–190 por tonelada para trigo y US$ 180–185 para cebada— se mantienen poco atractivos y sin generar incentivos para retener los granos.
