Gobierno decretó mecanismo para nuevas técnicas de mejoramiento genético; hay plazo “acotado”
El gobierno uruguayo, mediante un decreto fechado el 12 de marzo, estableció el mecanismo por el que se determinará si un producto u organismo obtenido a través de las llamadas Nuevas Técnicas de Mejoramiento Genético o NBT (por su sigla en inglés, del extensivo New Breeding Techniques), aplicadas en vegetales, animales o microorganismos, con el alcance que se establece en el artículo siguiente, se encuentra alcanzado o no por la regulación aplicable a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Es un “paso importante” porque son herramientas que están “a la vanguardia” y además el “no tener reglas juego el que trabaja seriamente no se anima a avanzar” y ahora se tiene una normativa, dijo la directora de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Ganadería, Virginia Guardia, en el programa Punto de Equilibrio en Carve y revistaverde.com.uy.
Respecto a cómo operará esta nueva norma legal para la utilización de materiales que en su proceso de generación utilizaron estas técnicas, la jerarca señaló que el desarrollador o una empresa de investigación podrá realizar una consulta para que la evalúe un grupo técnico de trabajo conformado por especialistas en cuestiones moleculares, para ver si ese producto es un material convencional o un transgénico.
Hay diferentes técnicas que van desde la transgénesis con la modificación del genoma con “mucha precisión” donde se puede insertar un gen nuevo en un lugar específico, pero hay otro tipo de modificaciones “mucho menores” que son equivalentes a lo que ocurre en una mutación natural, en un cruzamiento convencional, entre otras, explicó.
Sostuvo que el grupo técnico va a evaluar si ese producto obtenido equivale a un producto convencional o a un transgénico, si fuese un transgénico el solicitante deberá ir al sistema y cumplir con todo el proceso de regulación, pero si es un material convencional, ese producto se registra en Inase, acotó.
Ahora se abre un período de conformación del grupo técnico, con profesionales del MGAP, de la Universidad de la República, entre otras instituciones y que estará a cargo de la elaboración de un formulario de solicitud disponible para empresas e investigadores.
Además, habló de un “plazo acotado” de 90 días para que ese grupo evalúe y se expida sobre una solicitud, lo que no equivaldrá a una autorización del producto, aclaró.
Escuche a Virginia Guardia