Gremiales lecheras piden que el impuesto a las exportaciones del sector que va al LATU, financie al INALE

Las principales gremiales lecheras del país presentaron un memorándum ante la Comisión de Presupuesto del Senado, en el marco del análisis del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025-2029. En el documento proponen que los fondos generados por el impuesto del 0,25% aplicado a las exportaciones de leche y productos lácteos pasen a financiar el funcionamiento del Instituto Nacional de la Leche (INALE).
Según explican, el artículo 458 de la Ley 16.226 de 1991 estableció originalmente que ese impuesto —entonces de 0,3%— fuera destinado al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Sin embargo, las gremiales sostienen que hoy “no se justifica” ese destino, ya que la función de control de exportaciones es realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
La ley de Presupuesto 2020-2024 redujo la alícuota al 0,25% y, además, introdujo excepciones para asignar parte de lo recaudado a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA).
En el documento se señala que si bien en su momento el destino del impuesto para el LATU se justificaba por la labor de contralor de las exportaciones que realizaba ese laboratorio, actualmente —y desde hace varios años— esa tarea la lleva adelante el MGAP, por lo que no se justifica que cifras del orden de los US$ 2 millones anuales se destinen desde el sector lácteo al LATU.
Además, remarcan que, por la forma en que se determina el precio de la leche al productor (ingresos menos costos), todo cargo que se aplique a los productos exportados termina reduciendo el precio recibido por los tamberos. “Por esta razón, nos sentimos con derecho a exigir que esos fondos se vuelquen a INALE, donde tienen un claro retorno en beneficio de la cadena láctea”, expresan.
El planteo surge a partir de la situación presupuestal del organismo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo asigna a INALE $ 21,1 millones para 2025 y $ 35 millones anuales entre 2026 y 2029. Sin embargo, el presupuesto proyectado por el Instituto para 2026 asciende a $ 60 millones, lo que implicaría un déficit de más de $ 25 millones que ya no podría cubrirse con reservas.
Las gremiales sostienen que la reasignación del impuesto sería una medida “éticamente justa” y permitiría al mismo tiempo liberar $ 35 millones del presupuesto público para otros fines.
El memorándum fue firmado por la Agremiación de Tamberos de Canelones, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Productores de Leche de San José, la Sociedad de Fomento Rural de La Casilla, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez y la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón.


