Mattos está a favor de “beneficios tributarios” para extender los plazos

Este es un tema que “incide” en las políticas de seguros y de riego que el gobierno quiere “impulsar”, admitió el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Más allá de los “aspectos vinculados a los planes de uso y manejo de suelos”, lo que “es un factor” a considerar, el tema de los plazos de los contratos de rentas “también incide en las políticas públicas que queremos impulsar como la de los seguros agropecuarios y las de estímulo del riego y la gestión del agua”, declaró a Agro de Búsqueda el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

El jerarca sostuvo: “influye en la medida en que no solucionemos esa relación donde el propietario del campo se pudiera beneficiar de la instalación de estas políticas que necesitan de un largo plazo, sea para seguros, para riego o gestión de recursos hídricos o para el plan de uso de suelos”.  “El largo plazo siempre es más conveniente”, enfatizó.

Agregó que “es todo un tema para discutir, porque obligar a determinados plazos de los contratos de arrendamientos de campos sería una injerencia indebida del Estado en el arreglo entre los actores privados. Lógicamente que la estabilidad del agricultor sería lo más deseable, porque gran parte se realiza sobre predios ajenos, que pueden ser arrendados o por otro tipo de contratos”.

No obstante, el jerarca advirtió: “ahí nos metemos en la contratación y en el libre juego de oferta y demanda, porque tenemos en el medio buenos y malos agricultores, buenos y malos propietarios, aquellos que priorizan más el medio ambiente y también algunos dicen que no debería existir nada de esto, como parte de un sistema de descontrol absoluto cuando en realidad es una fortaleza de Uruguay contar con estos bienes públicos”.

No vale todo

“Siempre es el juego de la libertad individual y el interés colectivo”, por lo que “este hecho requiere alcanzar el mayor grado de consenso”, opinó el ministro. Acotó que “al mismo tiempo que algunos alzan su voz diciendo que pierden libertades con estas medidas, no plantean contraargumentos respecto a que se está ganando valor con estas acciones”.

“Dentro de un panorama general en el que la decisión individual debe ser respetada y debe primar la libre empresa, el libre comercio y la libertad y el acceso al trabajo, también está el interés general”, reconoció.

Mattos se mostró crítico respecto a ciertas posiciones en cuanto a que “por ser propietario de algo no puedo hacer lo que quiera, como por ejemplo comprar un vehículo y no cumplir con las normas de tránsito, porque estoy afectando la libertad de un tercero, y en la agricultura es lo mismo”. 

“Tengo el derecho de utilizar de la mejor manera mis recursos para llevar adelante una empresa agropecuaria, pero no puedo hacer una ley para mí”, planteó. El secretario de Estado consideró que “en esta cuestión de la administración pública siempre hemos tratado de aplicar un criterio de impulso a las inversiones, al desarrollo y a la sostenibilidad de los sistemas productivos”.

“Acá no vale todo, por eso cuando se toman algunas resoluciones a nivel parlamentario no hay un análisis pleno de la situación cuando se tiene una mirada de más largo aliento”, dijo.

En el caso de los plazos de arrendamiento de tierras el camino no sería el de adoptar alguna norma legal que obligue determinada cantidad de años para esos contratos, Mattos consideró que “lo apropiado es encontrar una receta que sea ganar-ganar para todos”.

“Desde el punto de vista de las inversiones en las obras de infraestructura en riego o canales, el beneficiario final termina siendo el propietario de la tierra, porque en todo contrato dice que todas aquellas mejoras que realicen en el predio quedarán a beneficio del dueño”, indicó.

Y consideró que para que todas esas inversiones se realicen, “el arrendatario o el medianero deberá tener las garantías de permanencia en el campo, que el contrato lo ampare, pero eso es parte del arreglo entre privados”.

“Lo que sí podemos interceder desde el gobierno y el Estado es dando garantías o beneficios tributarios para ambas partes, en el sentido de que haya una extensión; pero meternos en el plazo de los contratos de arrendamientos de campos sería un dislate y no es el camino” que se debe recorrer, enfatizó.

Nota de Revista Verde N°109