MGAP realiza cambios en el registro de productos biológicos y también en agroquímicos

Integrantes de distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que forman parte de la elaboración del Plan Nacional de Bioinsumos, viajaron a Alemania en el marco del “Diálogo Uruguayo-Alemán para el intercambio de innovaciones agropecuarias sostenibles”. “Básicamente queríamos conocer de primera mano las investigaciones llevadas a cabo en el proceso de registro y posterior uso de los bioinsumos”, dijo a VERDE el ingeniero agrónomo Alex Hughes, director de la División Control de Insumos del MGAP.

La clasificación que se maneja en Europa, al igual que en Uruguay “contempla aspectos de biocontrol y nutricionales”, enmarcados en dos regulaciones básicas: la norma 1107/2009 (Plant Protection Products Regulation) y la 1009/2019 (European Fertilising Products Regulation). El jerarca explicó que se incorporó un ítem de nuevas tecnologías para lo cual aún no existe regulación, como el mecanismo denominado de interferencia de ARN (ARNi) entre reinos. Este implica que algunos ARNs pueden viajar entre organismos interactuantes e inducir al silenciamiento génico en la contraparte. En este nuevo ítem también se incluyen los péptidos, se usan cadenas cortas de aminoácidos que generan efectos funcionales en la planta, mejorando los procesos fisiológicos, nutricionales y de producción.

En Uruguay la clasificación “es mucho más amplia y abierta” a las nuevas tecnologías, aspecto que está siendo armonizado a nivel del Mercosur. Aclaró que Uruguay cuenta con normativa desde el año 1961 con el uso de inoculantes para leguminosas forrajeras y posteriormente soja. Desde el año 2013 existe normativa específica para microorganismos promotores del crecimiento vegetal, agentes de control biológico microbianos y predatores. Más recientemente, en el período 2018-2022 se sumó la normativa para bioinsumos nutricionales, como enmiendas orgánicas, fertilizantes orgánicos y bioestimulantes orgánicos. 

Agregó que Alemania, como el resto del mundo, “no posee normativas actualizadas ante el avance de nuevos productos considerados como bioinsumos”. El desarrollo de nuevas tecnologías “es muy reciente y está llevando a los países a una continua revisión y actualización de sus reglamentaciones”, dijo. La Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) se encuentra elaborando normativas específicas para extractos vegetales y semioquímicos, hoy incluidas en el Decreto 149/77 de productos fitosanitarios, que determinará requisitos ajustados al tipo de insumo. 

El registro de los bioplaguicidas en Europa debe cumplir dos etapas: primero el registro de la sustancia activa a nivel de Unión Europea (UE) y luego el registro del producto formulado a nivel nacional. “El costo del registro ronda US$ 1 millón y el proceso demanda entre cuatro y siete años”, a pesar de que muchos son considerados de bajo riesgo, indicó. “Esto obedece a un largo proceso burocrático desde que se genera la información hasta que finalmente es aprobado por la UE”. 

Hughes informó que en Uruguay, para los agentes de control biológico, “la tasa de registro/renovación es exenta de costos”, y que la duración aproximada “es de uno a dos años”, dependiendo de la calidad de la información presentada para dar cumplimiento a los requisitos establecidos.

Explicó que Alemania presenta una situación similar a la de Uruguay en relación a la baja utilización de los bioinsumos para control de plagas a nivel productivo. Estiman que se utilizan en unas 200.000 hectáreas y en cultivos hortifrutícolas, pero “no en cultivos extensivos”. Los mayores obstáculos para su utilización pasan por el tiempo de registro, el costo, tamaño del mercado, la ausencia de extensionistas en el tema y las expectativas del productor. 

“La UE es consciente de que si no se revén los procesos regulatorios de registro no será posible cumplir con los objetivos de reducción de uso de plaguicidas de síntesis a 2030”, afirmó. También señaló que “deberán resolver el registro de productos en cultivos menores, ya que tiene altos requerimientos para la aprobación, diferente a lo que sucede en los países del Cono Sur, donde se les ha dado un tratamiento especial para su rápida aprobación”. 

Dijo que “existe consenso en nuestra región sobre las fortalezas existentes, con conocimiento y capacidades para el desarrollo de procedimientos de registro más eficientes y adecuados a nuestra realidad, dando garantías necesarias en salud y ambiente”.

Señaló que la DGSA “está trabajando” en diversas comisiones a nivel regional, “buscando avanzar en una armonización de estructuras normativas”. A su vez, “se está avanzando en forma bilateral con Brasil para establecer puntos en común en normativas para nuevas categorías de bioinsumos, incluídas las nuevas tecnologías”. 

La iniciativa del Plan Nacional de Bioinsumos llevó a que se analice toda la cadena, desde el registro, la investigación y el uso a nivel productivo. “Sin duda que hay cosas a mejorar, pero Uruguay en muchos aspectos tiene normativas que datan de muchos años, a la que se le han ido incorporando nuevas herramientas para el registro de nuevos productos, y muchas han sido tomadas como referencia a nivel regional”. 

También indicó que “está pendiente de aprobación un decreto que tendrá un cambio sustancial en los agentes de control biológico microbianos”. Dijo que “se pondrá énfasis en la plaga y no en el cultivo, como sucede en Brasil”, y eso “llevará a que puedan incluirse en más cultivos de los que están registrados estos productos”. 

COADYUVANTES

Hughes informó que fue presentado a las cámaras de agroquímicos un proyecto normativo para el registro de los adyuvantes que hoy se encuentran enmarcados dentro de los requisitos químicos de los productos de síntesis (Anexo Resolución 317/08). 

Señaló que “muchas veces vemos coadyuvantes a la venta, que tienen muchas propiedades, pero después a la hora de su uso en algunos casos resultan hasta contradictorias”. Indicó que bajo el proyecto Iniciativa del río Negro “se logró la compra de equipamiento de laboratorio de última generación, que permitirá evaluarlos y comprobar que todas las propiedades que se marcan se cumplen”. Aclaró que es el único organismo regulatorio en Sudamérica que contará con este equipamiento; la inversión rondará los U$S 130.000. 

“Un adyuvante con características antideriva deberá ser comprobado en el laboratorio, así como para el resto de las propiedades solicitadas en el registro. Queremos ordenar la caja de herramientas de adyuvantes en Uruguay”, sostuvo.

CAMBIOS EN REGISTRO DE AGROQUÍMICOS

Hughes adelantó que habrá varios cambios en algunas normativas vigentes. Informó que “se cambiará el anexo de la resolución 317 y habrá un ajuste en los requisitos de información química, para actualizar y equiparar exigencias” respecto a las que existen a nivel internacional. “Buscamos brindar más seguridad y garantías al usuario en los productos fitosanitarios que se están registrando”, comentó. Este nuevo proyecto “fue presentado a las empresas y estamos a la espera de comentarios para poder emitir la nueva resolución”, dijo.

Con relación a la exigencia de información, sostuvo que algunos de los cambios están orientados a la duración de la vida útil de los productos fitosanitarios. “Hoy existen productos que tienen hasta cuatro años de vida útil, mientras antes lo común eran dos años, lo que generará menos productos obsoletos en el país”, valoró. Para ello “será necesario el aporte de información que permita extender su vida útil por más años; ese es uno de los cambios”, indicó.

También dijo que “habrá cambios” en los ensayos de eficacia agronómica, que incluirán el registro y evaluación de ensayistas, donde se contemplará “infraestructura, antecedentes e informes remitidos, entre otros”. Los ensayistas “son las personas físicas o jurídicas que realizan los ensayos para las empresas”, describió el director de la División Control de Insumos del MGAP.

Hughes informó que “cambiará la incidencia” de la supervisión oficial de los ensayos, así como los requisitos en la información técnica presentada, dado que serán diferentes en función de la aptitud del producto fitosanitario que quiera registrar”.

Sobre la supervisión oficial, sostuvo que por falta de personal muchas veces “no se podía concurrir a los ensayos”. Ahora “se capacitará a todo el personal disponible en la División Control de Insumos, incluyendo cursos sobre estadística aplicada a ensayos, para realizar una evaluación en cualquier momento del desarrollo de los mismos”, destacó. “Buscamos tener una presencia en el campo, con el objetivo de elevar el nivel científico de lo que se va a registrar y obtener información con las debidas garantías a los usuarios”, puntualizó.

Hughes aseguró que “esto no va a enlentecer el proceso de registro”, porque además “se pasará a un registro electrónico” de fitosanitarios, ya sea de los productos de síntesis, como bioplaguicidas y coadyuvantes. “Eso determinará plazos de respuesta para el MGAP y la parte registrante, apuntando a acelerar los procesos de registro y lograr acortar los tiempos del proceso”, indicó.

LA ACTUALIDAD DE LOS DRONES

El director de la división del MGAP sostuvo que el encuentro realizado en el marco del Plenario normativo ambiental y tecnológico en drones, desarrollado en INIA la Estanzuela, permitió actualizar la información disponible sobre drones en la región. “Brasil está en punta en estos aspectos, por lo cual se está transformando en un referente”, dijo. Allí se presentó información surgida de los últimos congresos en ese país, y además se contó con la presencia de la doctora Juana Villalba, de Facultad de Agronomía, quien presentó algunos de los resultados de eficacia biológica y deriva del FPTA que desarrolla en forma conjunta con la DGSA. También participó el ingeniero agrónomo Diego Oliva, experto en aplicaciones aéreas en Argentina y asesor del MGAP, quién brindó información sobre los avances de las investigaciones realizadas en ese país. 

La DGSA también presentó información sobre los últimos estudios realizados sobre tasas de recupero, deriva y uso de adyuvantes. En esa instancia participó el equipo de inspectores de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), quienes presentaron la normativa vigente y aportaron información sobre nuevas reglamentaciones en aplicaciones de bajo riesgo en usos propios.

Los drones “nos han pasado por arriba, pero no solo aquí sino también en la región”, indicó Hughes. El jerarca marcó que Uruguay “es el único país que tiene capacitación a nivel estatal para el uso seguro de productos fitosanitarios y para el uso agrícola de drones”, mientras que en otros países se realiza con agentes privados. Las normas utilizadas en Uruguay siguen las de aplicaciones aéreas. Actualmente en el país hay más de 300 drones vendidos, pero “solamente hay 50 equipos registrados”, por eso “vamos a tener que trabajar mucho junto a Dinacia”, afirmó Hughes.

Apuntó que el problema de los drones es la generación de gotas menores a 200 micras, “que provoca que en calibraciones de alto rendimiento algunas aplicaciones se puedan tornar peligrosas para cultivos sensibles o para el ambiente”. 

También se refirió a la configuración de los monitores en relación al tamaño real de gotas. “Cuando se setean gotas de 400 a 500 micras, a nivel de tarjetas en el campo se obtienen de 160 a 180 micras, lo cual hace que sea riesgoso desde el punto de vista ambiental”, advirtió. Por todo esto, sostuvo que “hay que ser estricto en relación a las condiciones de aplicación, teniendo especial cuidado en las condiciones ambientales: viento, humedad relativa y temperatura, si se quieren evitar riesgos elevados”. 

Por otro lado, sostuvo que se debe considerar de forma especial el caso de las formulaciones sólidas (el dron carece de agitador), “sobre todo las que forman suspensiones en los caldos, porque pueden llegar a formarse precipitados en los tanques de aplicación y malas distribuciones de caldo”. Por eso, dijo que “es vital mejorar la viscosidad de los caldos a través de productos antideriva y en esos aspectos estamos trabajando”. El dron, por su poca capacidad de tanque, “está aplicando mezclas muy concentradas, por lo que los problemas de incompatibilidad son mayores a los de una aplicación terrestre”, dijo. 

PREPARAN UNA NORMATIVA PARA DRONES

Hughes indicó que se busca crear una normativa específica para drones, ya que hoy rige la normativa para aplicación aérea. “El objetivo es lograr que sea armonizada a nivel del Mercosur”, porque “las cortinas de aplicación de un dron, un avión y un equipo terrestre son totalmente distintas”.

Consideró que “hay que profundizar mucho”, dado que “se pueden hacer aplicaciones seguras desde el punto de vista comercial, pero puede implicar perder plata”. Dijo que “el camino del medio está en mejorar los tamaños de gota mediante coadyuvantes o cambios en las estructuras de los drones para mejorar la distribución de gota”.

Estimó que en el correr del próximo año, “gracias al trabajo conjunto con Facultad de Agronomía, a través del proyecto FPTA, se podrá contar con información adecuada para poder proponer normativas específicas”. Actualmente “se están evaluando aspectos como la altura de vuelo, velocidad de avance y volumen de aplicación”, señaló.

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El MGAP y el Ministerio de Ambiente, a través del proyecto FAO, buscan implementar un sistema nacional de evaluación de equipos pulverizadores. “Las evaluaciones realizadas hasta ahora a los equipos que integran el programa de Gestión y Monitoreo de la DGSA muestran algunos puntos que pueden aumentar el riesgo en forma importante”, advirtió. A modo de ejemplo, describió que “se observaron boquillas que ya se deberían haber cambiado, agitadores que no funcionan y tanques que tienen sedimentación de productos fitosanitarios”. 

Advirtió que “esto puede generar problemas” en aplicaciones futuras, y “más pensando en aplicaciones, sobre todo en soja, con las nuevas tecnologías disponibles con tolerancia a 2.4D y próximamente al herbicida Dicamba”. A propósito, comentó que “estamos poniendo énfasis en las capacitaciones, porque si los equipos no se encuentran en buenas condiciones de aplicación y no se consideran aspectos claves se pueden generar problemas cuando se dan los cambios de chacras”. 

Acotó que “la idea es preparar inspectores de equipos de pulverización con estudiantes egresados de UTU o UTEC, para que puedan chequear los equipos y puedan brindar asesoramiento en los cambios a realizar”.

Hughes adelantó que “se contará con un sistema de trazabilidad de los plásticos y de los fitosanitarios, permitiendo hacer un seguimiento del producto que se importa o se fabrica a nivel nacional hasta que llegue al comercio, pudiendo de esta manera saber quién posee los plásticos y quiénes son los que están aplicando los productos fitosanitarios y poder zonificar los ingredientes activos aplicados”. 

A su vez, sostuvo que se tratará también de instalar cuatro torres de inversión térmica.  “La inversión térmica se da cuando una capa de aire frío se interpone entre el suelo y una capa de aire caliente superior. Eso provoca que, cuando se aplica el fitosanitario, el producto choca con esa capa de aire caliente y se desplaza en forma horizontal. En nuestro país no hay forma de medir esto, haciéndose en forma indirecta, visualizando las cortinas de aplicación o generando humo”, explicó.

Las torres llevan dos termómetros, uno a 3 metros y otro a 10 metros, para que puedan abarcar aplicaciones aéreas y terrestres. “En función de la diferencia de gradiente, se podrá determinar el mejor momento del día para aplicar. En la medida que esa gradiente sea más grande, esa diferencia entre temperaturas es mayor, y existe una mayor posibilidad de que se eleven gotas de mayor tamaño”, describió. 

Para Hughes esa “es una información trascendental” al realizar las aplicaciones y evitar destinos ambientales que “no son deseables”, porque el desplazamiento lateral “puede recorrer muchos kilómetros y afectar incluso a cultivos sensibles que estén alejados”. 

Nota de Revista Verde N°117