Con el mismo soporte científico se aceleró la aprobación de eventos transgénicos

La actual administración de Uruguay autorizó un total de 20 transgénicos de soja y maíz, para diferentes usos, como el comercial, ensayos, investigación y exportación

El tratamiento de las solicitudes de aprobación de nuevos eventos genéticamente modificados por parte del Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio) fue uno de los temas que generó discrepancias en los últimos años, principalmente durante las administraciones del Frente Amplio.

El sistema oficial de bioseguridad registró algunos cambios en los años recientes, además una serie de transgénicos fueron aprobados para diferentes objetivos y usos, ya sea para evaluación, investigación o exportación. El actual gobierno, con el mismo soporte técnico y siguiendo los cometidos que tiene el marco legal vigente, también agilizó la liberación comercial y para ensayos de eventos de soja y maíz.

¿Cuál es el proceso requerido para obtener la autorización oficial de nuevos productos biotecnológicos en Uruguay? El decreto 353 de 2008 estableció la creación de la estructura orgánica del Sistema Nacional de Bioseguridad, que comprende varias instancias para la evaluación del evento en diferentes aspectos.

La empresa interesada debe presentar la solicitud correspondiente, con toda la documentación en el sitio web www.gub/snb, específicamente sobre ensayos, estadísticas y otra cantidad de datos que se ponen a consideración de un comité de evaluación de riesgos. Así lo señaló la directora general de Inocuidad y Bioseguridad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Virginia Guardia, en declaraciones a VERDE.

El GNBio está integrado por los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien lo preside; Salud Pública; Economía y Finanzas; Ambiente; Relaciones Exteriores; e Industria, Energía y Minería.

A su vez, la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR) tiene representantes de cada uno de esos ministerios, con el objetivo de asesorar al Poder Ejecutivo en esta política y ejecutar el sistema en cuestión.

El Comité de Articulación Institucional (CAI) es una instancia auxiliar del proceso de Evaluación del Riesgo, integrado por las máximas jerarquías o quienes éstos designen de los siguientes organismos: Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Ministerio de Ambiente; Ministerio de Educación y Cultura (Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable); Universidad de la República; Laboratorio Tecnológico del Uruguay; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; Instituto Nacional de Semillas (INASE); e Instituto Pasteur.

Son profesionales de diferentes ramas especializadas, que comprenden un conjunto de “científicos de altísimo nivel”, como si fuera “nuestro GACH (Grupo Asesor Científico Honorario)”, destacó Guardia, aludiendo a la comisión de expertos creada en la pandemia.

La jerarca valoró la importancia de la labor de los especialistas encargados de hacer el análisis y la evaluación de los eventos tecnológicos.

Análisis y diferencias

En el total de los distintos grupos de estudio de las solicitudes de esa estructura hay “33 técnicos”, afirmó la titular de Inocuidad de Ganadería. Explicó que cada grupo tiene una función determinada, como la evaluación de la “caracterización molecular”, para “comprobar que hay un transgénico”, e “identificar dónde está ubicado en la secuencia molecular del material”. 

Otra instancia analiza si ese evento tendrá alguna incidencia en un “organismo no blanco”, que “por ejemplo puede ser un insecto”, al que no se tiene el objetivo de combatir o controlar. El “flujo génico” es otro aspecto que se evalúa. Se trata de la “capacidad de supervivencia o interacción con otras plantas”, para que “no haya cruzamientos”, contó.

También se refirió a que hay un área de inocuidad, de salud humana y animal que estudia los impactos vinculados a la “toxicidad”. Se trata de un grupo de análisis estadístico que ayuda a verificar que la información proveída sobre cada evento es sólida.

Cada grupo ad hoc eleva su informe a la instancia de Evaluación de Riesgo, que luego va a consulta pública. Previamente se hace un estudio por parte del CGR.

Justamente, a fines de mayo la Comisión para la Gestión del Riesgo del Sistema Nacional de Bioseguridad puso a consideración de la ciudadanía los informes elaborados en la instancia de análisis técnico-científico sobre los eventos: maíz 3272XBT11XMIR162XGA21 para ensayos de INASE y soja SYHTOH2 para uso comercial.

Sobre ese evento tecnológico en soja, el informe del CAI concluyó que en cuanto a la seguridad ambiental, “no se identifican modificaciones en sus características reproductivas, de diseminación o supervivencia respecto a su contraparte convencional, que permita establecer una hipótesis de riesgo vinculada a la capacidad de transformarse en una maleza o planta invasora de hábitats naturales”.

“No se identifican posibles modificaciones a las características del flujo vertical u horizontal de genes de soja, así como al vínculo con organismos no blanco”, indicó. Y planteó que “la soja es una especie esencialmente autógama, con bajos porcentajes de polinización cruzada”. Añadió que “en caso de ser necesario la aplicación de medidas de coexistencia, es posible la aplicación de medidas de aislamiento físico y/o temporal”.

Indicó que esas medidas “deben ajustarse en función de: las condiciones ambientales y el umbral de tolerancia de presencia de eventos transgénicos autorizados, lo cual dependerá de cada situación”.

Otra de las conclusiones de ese informe es que “no existe evidencia que puedan tener efectos adversos a la salud humana y animal en ninguna de las características estudiadas (aspectos nutricionales, de alergenicidad y de toxicidad) en comparación con la planta no modificada”.

“Se caracteriza un riesgo no significativo en cuanto a la inocuidad del uso de este evento para la producción y uso comercial para consumo directo o transformación”, sostiene.

Guardia hizo una aclaración relevante en cuanto a las diferencias en el tratamiento y la evaluación de los eventos transgénicos, dependiendo del objetivo y el uso de los mismos.

Cuando se trata de semillas genéticamente modificadas para su exportación en régimen de contraestación “no se requiere del estudio sobre impacto en salud humana y animal”, porque el destino del producto no es el mercado uruguayo, aclaró.

Acotó que si una empresa solicita la autorización de ese mismo evento para su liberación comercial en Uruguay, lo que implica la producción, comercialización y consumo, entonces sí se deberá realizar la evaluación correspondiente respecto a eventuales efectos en salud humana y animal.

Si los técnicos de los grupos ad hoc encuentran que la forma en que se introdujo el gen no es seguro, entonces a ese nivel ya se detiene el proceso de evaluación, enfatizó.

Sobre el proceso posterior a la consulta pública, la directora de Inocuidad y Bioseguridad del MGAP señaló que la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) es la que elabora un informe socioeconómico sobre el evento aprobado. Ese trabajo es elevado a la instancia superior del GNBio, que es de carácter político y considera si aprueba o no el evento.

Hay casos en los que el mismo sector productivo toma una posición respecto a la conveniencia o no de la utilización de semillas genéticamente modificadas, como sucedió con la producción arrocera. 

Los cultivadores de arroz y las industrias del rubro resolvieron no implementar el uso de transgénicos, considerando que las exportaciones de ese grano tienen un mejor posicionamiento en los mercados sin semillas genéticamente modificadas.

Certezas y rezago

Respecto a si el actual sistema genera certezas para las empresas interesadas en el desarrollo y comercialización de eventos tecnológicos, Guardia dijo que en algún momento, cuando estaban los informes técnicos, el GNBio no se reunía o no aprobaba las solicitudes.

Actualmente, el presidente de esa instancia, que es el titular del MGAP, Fernando Mattos, planteó la necesidad de tener una “previsibilidad” en cuanto a la aprobación de “dos eventos por año”, atendiendo a las siembras de cultivos de invierno y de verano.

El objetivo es que “no se extiendan los plazos más de dos años, como mucho. Aunque existen algunos retrasos, se está marcando otro ritmo” de evaluación, reconoció.

La actual administración autorizó un total de 20 eventos transgénicos, para diferentes usos, como comercial o ensayo e investigación. Para uso comercial y exportación de semillas hay un total de 43 eventos aprobados, por lo que algo más de 45% fue autorizado entre 2020 y 2021, detalló.

La jerarca repasó que hoy el sistema de bioseguridad tiene tres eventos en maíz para uso comercial, que están en proceso de estudio; en soja hay siete para comercialización y cinco para investigación –en algunos casos son los mismos eventos apilados–; y en algodón hay dos para uso comercial y uno para producción de semillas.

En cuanto a la situación de Uruguay en este tema, en comparación con los países de la región, la jerarca del MGAP destacó que si bien hay un cierto “rezago”, el mercado uruguayo se posicionó en el mismo lugar que Paraguay, con algo más de 40 eventos aprobados; mientras que Argentina y Brasil tienen unos 65 transgénicos autorizados.

Para los productores agrícolas locales es clave disponer de la mayor cantidad de alternativas tecnológicas, que les permitan mejorar el resultado de los cultivos. 

Ante la aparición de diferentes problemas, como el avance de las malezas y otras plagas, que genera impactos severos en la producción, una de las soluciones pasa por contar con tecnologías que aporten herramientas para enfrentar de mejor forma ese tipo de situaciones.

Nota de Revista Verde N°103