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El sector forestal está pujante y analiza nuevas oportunidades

16 de marzo de 2022

En contrapartida, la aprobación de la nueva ley forestal, vetada por el Poder Ejecutivo enseguida, y los graves incendios de este verano, generan alerta en los productores

Producción: Ruben Silvera
Redacción: Mauro Florentin

La celulosa se ubicó en el segundo lugar del ránking de exportaciones de Uruguay en 2021, por un aumento de 43% respecto a 2020, alcanzndo un monto de US$ 1.575 millones, según datos del instituto Uruguay XXI.

Ese crecimiento se debió exclusivamente a mejores precios,de exportación, que se recuperaron luego de ubicarse en niveles reducidos en 2020, según se explicó.

El precio promedio de exportación de la celulosa llegó a US$ 562 por tonelada en 2021, lo que significó un incremento de 39% frente al promedio del año anterior.

Pero las exportaciones de madera también jugaron un rol protagónico el año pasado, al ubicarse en el séptimo lugar del ránking, debido a una suba de 64% y un monto de US$ 569 millones, según ese organismo.

El sector forestal se muestra “activo y pujante”, con dos bloques, el celulósico que en monto de negocios representa 73% y otro grupo de empresas vinculado a los rolos de pinos, tableros, madera aserrada y chips, que comprende 27%, dijo a VERDE el presidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), Nelson Ledesma.

Sobre las posibilidades de un mayor desarrollo del subsector forestal, que no incluye a la producción de pasta de celulosa, Ledesma se mostró optimista por ciertos factores a tener en cuenta.

Uno de ellos es que el área forestada vinculada a la industria de la celulosa domina el 46%, asociada a las plantas; la industria de transformación mecánica de madera abarca cerca de 31% de la superficie; los proyectos de madera de fibra para la exportación comprenden 21% del área; y otros usos, como leña, madera para energía y demás ocupan 2% del total.

“Vemos una gran oportunidad para la industria de transformación. El año pasado se produjo una nueva inversión con destino a la producción de tableros laminados”, que se conoce con las siglas CLT (siglas en inglés de Madera laminada cruzada), comentó el presidente de la SPF.

Ese tipo de tableros de madera se emplea en la construcción de casas a nivel internacional, y ahora parece haber cierto interés en el desarrollo de planes similares en el mercado local.

Consultado sobre las probabilidades de ser competitivos en esa actividad específica, Ledesma reconoció que ese es el “gran desafío”, porque Uruguay es un “país caro”, por sus altos costos internos.

Pero señaló que hay empresas internacionales que apuntan al mercado uruguayo, que analizan instalarse para realizar una parte del proceso industrial requerido.

Acotó que si todo el proceso industrial resulta poco competitivo, quizás una alternativa sería “producir un componente de alto valor, por la posibilidad de utilizar madera de calidad y certificada”.

Eso es fundamental en un contexto mundial con cada vez mayores exigencias en el cuidado del ambiente y la sostenibilidad de los ecosistemas, entre otros aspectos. “Casi todos los bosques del Uruguay están certificados y la calidad de la madera es muy buena. No es fácil conseguir en el mundo miles de hectáreas manejadas con la forma y la intensidad que se hace aquí”, valoró.

Ledesma resaltó que “eso para una empresa industrial que precisa volumen es un atributo muy interesante, porque accede a un producto, que si bien proviene de la naturaleza, es homogéneo y de alta calidad. Por lo cual el rendimiento en planta, es alto”. Se comienzan a “sumar cualidades que identifican al país como una alternativa para la parte industrial”, acotó.

Por eso, entre otros tantos motivos, el empresario consideró que Uruguay está en la mira de potenciales inversionistas en esa actividad. Además teniendo en cuenta que el sector celulósico ya “está maduro”.

“Para que una industria de transformación mecánica de la madera sea rentable es importante que pueda colocar los diámetros menores como: productos de los raleos y la fracción más fina del árbol en la tala rasa en la industria celulósica y/o energía. Porque cerca del 30% de la madera del árbol no se usa en el aserradero o en la industria del debobinado, por razones de eficiencia industrial”, argumentó.

El presidente de la SPF especificó que esta fracción también se podría colocar en la fabricación de tableros de partículas o fibras, pero hasta el momento en Uruguay no hay este tipo de industria. Y señaló que si no se pudiera colocar este volumen los costos para la industria de transformación serían mayores. 

Para aprovechar las oportunidades que se presentan, “hay que destacar que en Uruguay hubo inversores que fueron pioneros al adoptar decisiones de largo plazo para plantar árboles que requieren un período de crecimiento de unos 25 años, como los pinos y eucaliptos, con un manejo silvícola muy intensivo. Eso fue fundamental para que el país logre el posicionamiento que tiene en la actualidad”, sostuvo.

El uso de la madera permite generar energía alternativa a las fuentes tradicionales que se utilizan en el mundo, entre otras “ventajas ambientales” vinculadas a las emisiones, además de otras como la rapidez de la construcción, el ahorro de energía en la construcción y el confort del hogar.

“Cuando uno ofrece construcciones de madera manejada, de manera sostenible, está evitando que se corten árboles de la selva”, que no se destruyan los bosques nativos, y así “proteger la biodiversidad”, aseguró el empresario forestal.

Señaló que hay varios países que ya están reconociendo esos aspectos diferenciales, sumado a la calidad y homogeneidad de la materia prima generada en la producción forestal uruguaya.

En cuanto a los mercados para la exportación de celulosa y la madera en 2021, los registros de Uruguay XXI muestran que en el primero de los productos fue la Unión Europea el que acaparó las compras (53%), seguido por China (27%) y luego figuran otros países con una menor participación, como Argentina, Corea del Sur y Turquía. 

Mientras que en el caso de la madera, el principal destino fue el mercado chino, también crecieron las ventas a Estados Unidos, India, Portugal y Méjico, entre otros.

CAMBIOS Y ALERTA

En cuanto a las modificaciones legales propuestas en el Parlamento local para poner ciertos límites a las plantaciones forestales, el titular de la SPF señaló que desde un principio la institución advirtió su “preocupación” por esa iniciativa, por considerarla “mala” para el sector forestal, para el agro y para Uruguay.

“No porque suponga un cambio de reglas, porque eso puede suceder en un mundo que evoluciona, las reglas pueden cambiar, pero un cambio de esta significación sólo tendría justificación si hubiera un interés general a proteger”, opinó.

El representante de los productores reconoció que “el Estado puede decir que debe velar por un recurso natural renovable, que es finito, si alguien está produciendo de manera irracional y comprometiendo ese recurso que le pertenece a la sociedad en el largo plazo”. 

“Pero cuando no hay razones, como pasa ahora, ni desde el punto de vista ambiental, ni social y menos económico, y el Estado quiere prohibir, (entonces) ahí se entra a una situación compleja y delicada, por afectar derechos que la Constitución prevé, como el derecho a la propiedad y el libre ejercicio económico de las personas”, argumentó.

El proyecto de ley fue presentado en 2020 por Cabildo Abierto, partido que integra la coalición del actual gobierno, y obtuvo el apoyo del Frente Amplio (oposición) en el Parlamento. Esa iniciativa fue aprobada por las cámaras de Diputados (en 2020) y de Senadores (en 2021), pero sobre el cierre del año pasado recibió el veto del presidente Luis Lacalle Pou.

Para la SPF lo sucedido en ese caso genera y “deja latente” un “alerta” respecto a que en el futuro surjan nuevas propuestas de concretar cambios legales que supongan restricciones o algún otro tipo de impactos negativos a los intereses del sector forestal y del país.

“La ley (vetada) no prosperó y finalmente no afectó las inversiones realizadas, aunque durante el periodo que duró el tratamiento parlamentario algunas inversiones fueron suspendidas hasta ver cuál era el resultado final”, comentó.

En alusión a los argumentos a favor de realizar esa modificación legal, que solo alcanzaría a las nuevas plantaciones forestales, Ledesma discrepó. Planteó que cuando un inversor toma la decisión de comprar un predio y va a reforestar, eso implicaría un nuevo proyecto y, por lo tanto, supondría una afectación.

“Hoy en Uruguay no hay prohibición de forestar, cualquier productor puede forestar, pero tiene que presentar un proyecto en la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también en el Ministerio de Ambiente”, señaló. 

Y acotó que con el nuevo decreto “no importa la dimensión” del proyecto, “siempre que sea mayor a las 40 hectáreas afectadas deberá tener la aprobación”.

“Si está sobre suelos de prioridad forestal la aprobación será más rápida, pero si está fuera de ese tipo de suelos, como puede ser un suelo agrícola donde alguien podría querer plantar igual, aunque no lo recomendamos, seguramente va a tener que cumplir con mayores exigencias ambientales para que los ministerios aprueben o no plantar”, afirmó.

Ledesma consideró que hay “mucho desconocimiento sobre el sector forestal en temas ambientales”. Por ejemplo, “mucha gente no sabe que uno de los elementos de erosión más fuerte es la lluvia, y las plantaciones forestales ejercen una gran protección natural al suelo, evitando la erosión y, por tanto, mejora la calidad de las fuentes de agua al evitar la sedimentación”.

Agregó que “los bosques y las plantaciones manejadas de manera sostenible generan beneficios en la incorporación de carbono en el suelo, en su mejor estructura, y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

AJUSTES 

Otro de los temas que puso a la forestación en el centro de la opinión pública fueron los incendios forestales ocurridos en este verano. Consultado sobre este punto en particular, Ledesma declaró que hace ya algunos años que la SPF tomó la iniciativa de adoptar medidas de autoprotección ante eventuales incendios forestales. 

En aquel momento, integrantes de la institución se plantearon: “no podemos sentarnos a que venga un fuego y llamar a los bomberos, dado que ellos tienen recursos finitos y su prioridad es la protección de los distintos centros poblados del país”, recordó.

A partir de eso se inició una estrategia de asociación entre las empresas del sector. El directivo comentó que primero comenzó con camionetas de contratistas y equipamiento básico de combate para asistir en caso de focos ígneos, y en 2014 se creó un consorcio forestal que lo componen unos 110 productores de distintos tamaños.

El sistema que se implementó es tomado de la experiencia de otros países forestales, que pasa por una “detección y ataque rápido”, con tres bases ubicadas estratégicamente, una en Treinta y Tres, otra en Tacuarembó y otra en el litoral oeste.

Cada una de esas bases tiene un helicóptero, con una brigada helitransportada, que el consorcio contrata a la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y cubre un radio de 170 kilómetros, lo que permite que el helicóptero llegue muy rápidamente a combatir el lugar más periférico de ese círculo. Como complemento, hay seis aviones y 15 torres de tierra con vigilancia para una detección rápida, recordó Ledesma.

Respecto a lo que pasó en los incendios de este verano, explicó que hubo dos episodios “casi que en simultáneo, en la misma región”, y “según la DNB uno de ellos fue intencional y el otro tuvo origen en el camión que transportaba pinturas y aerosoles que se incendió entre Algorta y Menafra”. 

Además, señaló que “las condiciones climáticas eran extremas, como pocas veces vivimos, lo que hizo que el fuego se propagara de forma vertiginosa y el sistema de ataque rápido no resultare suficiente para combatir el fuego”.

De todas maneras, la SPF está contratando una auditoría para ver qué falló, porque eso generó preocupación para analizar las mejoras que se van implementar el próximo verano.

El fuego propagado afectó unas 27.000 hectáreas de campo, de las cuales 13.500 hectáreas eran forestadas; pertenecen a cuatro firmas integrantes de la SPF y a una que no pertenece a la gremial, precisó.

Nota de Revista Verde N°99

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