Federación Rural advirtió al gobierno sobre «riesgo estructural» e impacto por paros en el puerto
La gremial ruralista advierte por contenedores de carne varados y pérdida de escalas navieras en medio del conflicto portuario.
Federación Rural (FR) difundió este martes un documento en el que solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social evaluar la declaración de esencialidad del servicio portuario, en el marco del conflicto laboral entre el sindicato portuario y la Terminal Cuenca del Plata (TCP). La entidad remarcó que la medida no busca prohibir la huelga ni desconocer el derecho a la negociación colectiva.
Según la FR, el conflicto acumula 25 jornadas con afectación operativa en lo que va de 2026, luego de 30 en 2025. El reclamo sindical involucra garantizar 25 jornales mensuales por trabajador o un complemento de $50.000 líquidos durante la negociación, para una plantilla de 550 trabajadores.
Federación Rural citó datos de Uruguay XXI para dimensionar la dependencia del agro respecto del puerto: las exportaciones de bienes de 2025 alcanzaron USD 13.493 millones, con productos agropecuarios y forestales explicando cerca de 7 de cada 10 dólares exportados. Carne bovina (20%), celulosa (17%) y soja (11%) encabezan la canasta exportadora por esa vía.
En el documento indicó que alrededor de 600 contenedores de carne vacuna, valuados en aproximadamente USD 150 millones, permanecen bloqueados en el puerto. Entre 75 y 80 corresponden a contenedores refrigerados, cuya vida útil comercial oscila entre 90 y 120 días desde la faena. El gremio señaló que varios compradores internacionales ya rechazan partidas con más de 45 a 50 días de producción.
La FR advirtió además sobre un riesgo estructural: la repetición de conflictos podría erosionar la confianza de las líneas navieras en Montevideo como escala predecible, en momentos en que Uruguay compite por frecuencias con puertos regionales como Buenos Aires. Una reducción de escalas, sostuvo el gremio, implicaría menos espacio, rutas más largas y mayores costos de flete para el sector exportador.
La entidad aclaró que el objetivo del documento no es tomar partido en la negociación salarial, sino plantear que el costo del conflicto recae de forma desproporcionada sobre el productor y el exportador rural, actores sin control directo sobre la disputa.
