Compra del campo María Dolores enfrenta críticas de la oposición por legalidad, precio y viabilidad

Tras la comparecencia del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y de integrantes del Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) en la Comisión de Ganadería del Senado, por la compra de un campo de 4.400 hectáreas en Florida por US$ 32,5 millones, el senador del Partido Nacional, Carlos Camy, planteó dudas sobre la legalidad de la operación.

Ese punto está “vinculado a lo que desprende de la eventual inconstitucionalidad de que integre el Directorio del INC, al amparo de lo que dice el artículo 200 de la Constitución, quien fue nominado para eso”, dijo Camy en el programa Punto de Equilibrio (Carve) y en verdenews.com.uy.

“Y la consecuencia que pueden tener los actos asumidos con un Directorio que por esa condición podría tener nulidad los actos”, advirtió. Este argumento fue planteado durante la reunión por el senador colorado Tabaré Viera, y se encuentra ahora bajo análisis jurídico. “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede tener actuación” en este asunto, opinó el legislador blanco.

Camy reafirmó su postura sobre la inconstitucionalidad de que un colono —como fue el caso de Eduardo Viera, quien renunció a la presidencia del INC— integre el Directorio del organismo. Señaló que el objetivo de la comparecencia era analizar “la oportunidad y la conveniencia” de la compra del campo por parte del ente estatal.

Al mismo tiempo, recordó que se ha declarado “defensor del Instituto de Colonización” y mencionó un proyecto de ley de repoblamiento del campo impulsado junto al exsenador Jorge Larrañaga. Según indicó, las autoridades del MGAP y del INC afirmaron que el sistema de riego presente en el predio forma parte del negocio.

En tanto, el senador nacionalista Sebastián Da Silva cuestionó con dureza la operación a través de su cuenta en X. Señaló que las autoridades “no saben qué van a hacer con el casco, el corral de engorde ni los olivos”, que “no saben quién se hará cargo del campo el día que le den la llave de la estancia ni si el equipo de riego entra o no”, y que estiman que el primer colono llegaría recién a fines de 2027.

Afirmó que la compra se concretó sin informe técnico previo, y que las autoridades admitieron “desprolijidades”, evaluaron el sistema de riego “por fotografías” y reconocieron que la mejor parte del campo, el bajo contra el Arias y Santa Lucía, “no es apta para la lechería”.

Sobre el precio de compra, indicó que el campo María Dolores se pagó un 55% más que las últimas 14 transacciones realizadas en suelos del cristalino en Florida, y un 38% por encima del valor medido por el índice Coneat.

Finalmente, criticó la justificación económica de la inversión: el gobierno explicó que el proyecto completo —campo más los US$ 10 millones adicionales que demandaría la instalación de la colonia— se amortizaría en 12 años, con una tasa de retorno del 7%. Eso implicaría, según Da Silva, una ganancia anual estimada de US$ 2.870.000, es decir, unos US$ 717 por hectárea.

“Nunca en mi vida tuve la posibilidad de ponerle rostro a los que hacen estos cálculos psicodélicos. Fue todo un aprendizaje ver cómo desde el Estado y Colonización toman este tipo de decisiones. Una tomadura de pelo a los esfuerzos de miles de hombres y mujeres que hacen de tripas corazón para poder sobrevivir en el campo”, escribió Da Silva en X.