INIA podrá adquirir o integrar sociedades comerciales, según proyecto de Competitividad, que prevé otros cambios
El proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida incorpora modificaciones a la Ley Nº 16.065, que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), con el objetivo de fortalecer la generación, valorización y transferencia de tecnologías hacia el sector productivo. Así lo señaló el presidente de Federación Rural (FR), Rafael Normey, en el programa Punto de Equilibrio en Oriental Agropecuaria AM 770 y verdenews.com.uy.
Las modificaciones están comprendidas entre los artículos 214 y 220 del proyecto de ley en cuestión y representan uno de los cambios más relevantes en la estructura institucional del INIA, desde su creación en 1989.
Uno de los aspectos centrales es la redefinición de los cometidos del instituto. El artículo 214 establece que el INIA deberá preparar y ejecutar planes, programas e instrumentos de generación de tecnología para el área agropecuaria, alineados con los lineamientos de política agropecuaria, científica, económica y tecnológica definidos por el Poder Ejecutivo. A diferencia de la ley original, en este artículo se incluyen “programas e instrumentos” y que sean “definidos por el Ejecutivo”.
El artículo 215 habilita al instituto a “crear, adquirir y/o integrar sociedades comerciales, participar en consorcios, fideicomisos u otros instrumentos destinados a promover, generar o transferir tecnología aplicada al sector agropecuario, alimentario y de la bioeconomía, previa autorización del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria”.
Este artículo incorpora estos nuevos cometidos, que representan una diferencia importante respecto al alcance de los mismos. Al respecto, si bien valoró el espíritu del artículo, el presidente de la FR advirtió que «hay que ver la letra chica, porque estas cosas son delicadas.»
La iniciativa avanza en el artículo 216, donde se faculta al INIA a “constituir empresas, adquirir y administrar acciones de compañías privadas vinculadas a sus cometidos institucionales”. Estas actividades deberán ajustarse a los lineamientos estratégicos definidos por el Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria, salvo cuando dichas investigaciones sean financiadas por instituciones ajenas al INIA, indica.
Establece que “el Poder Ejecutivo podrá requerir información periódica respecto de la gestión, resultados, ejecución financiera y actividades de investigación de las referidas sociedades, pudiendo exigir desvinculación del INIA de las mismas, en caso de disconformidad”.
El proyecto incorpora también la posibilidad de que el instituto participe en sociedades instrumentales capaces de transformar desarrollos tecnológicos en emprendimientos con llegada al mercado. Las utilidades que generen deberán destinarse a prioridades y directrices que establezca el Poder Ejecutivo en materia de innovación, investigación y desarrollo agropecuario.
En materia tributaria, el artículo 218 mantiene la exoneración de tributos nacionales para el instituto y extiende ese beneficio a las sociedades instrumentales cuya propiedad corresponda íntegramente al INIA.
El artículo 219 redefine el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA). Estará orientado a financiar programas y proyectos de terceros vinculados a investigación, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia tecnológica para el sector agropecuario. El INIA podrá participar activamente en la ejecución de esos proyectos, aunque sin percibir retribuciones directas del fondo. Para Normey, se trata de un reconocimiento largo tiempo esperado: señaló que en la práctica la participación de equipos del INIA en el FPTA ya sucedía, «pero sucedía en forma ilegal y no estaba bueno.»
El artículo 220 regula la participación del personal técnico del instituto en emprendimientos derivados de investigaciones propias. La participación estará limitada a tres años, requerirá autorización de la Junta Directiva y deberá garantizar la protección de la propiedad intelectual, la ausencia de conflictos de interés y el acceso amplio a los resultados de investigaciones financiadas con recursos públicos.
En paralelo a los cambios legales, Normey planteó una reivindicación política de Federación Rural: el doble voto a favor de los productores en la Junta Directiva del INIA. «Ahora más que nunca es necesario, porque el Estado ya está asumiendo que va a haber cada vez menos aporte y vamos a tener esta novedad de asociarse con privados, que amerita un control muy estricto«, planteó.
El titular de la gremial ruralista fue cauteloso respecto al alcance final de las modificaciones. «Estamos hablando de un espíritu que queda plasmado. Ahora se verá cómo sigue«, consideró.
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