Europa exige cadenas libres de deforestación: ¿cómo se posicionan Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, EE.UU. y Australia?
La Unión Europea activará en diciembre de 2025 su Reglamento contra la Deforestación (EUDR), que obligará a las empresas a demostrar que productos como carne, soja, cacao, café, madera, caucho o aceite de palma no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Las pequeñas empresas tendrán plazo hasta junio de 2026 para cumplir.
Para facilitar la implementación, la UE clasificó a los países de origen en tres niveles de riesgo (bajo, estándar y alto), lo que define el nivel de control oficial: 1% para países de riesgo bajo, 3% para riesgo estándar y 9% para riesgo alto.
Uruguay, Australia y Estados Unidos fueron catalogados como países de riesgo bajo, lo que simplifica los procedimientos de verificación. Uruguay se apoya en su trazabilidad ganadera obligatoria y georreferenciación predial. Australia adaptó su sistema nacional (NLIS) para cumplir con la normativa. EE.UU., con baja deforestación reciente, solo deberá aportar coordenadas de origen, sin controles adicionales.
Argentina, Brasil y Paraguay fueron clasificados como de riesgo estándar. Deben presentar geolocalización precisa para certificar que las exportaciones no están asociadas a deforestación. Argentina avanza con la plataforma VISEC para carne y soja. Brasil combina monitoreo satelital (INPE) con su registro rural (CAR) y coopera con la UE vía el Fondo Amazonía. Paraguay creó una mesa interinstitucional, lanzó un visor forestal satelital y firmó convenios técnicos con la UE.
El EUDR también impulsa herramientas como el Observatorio Europeo de Deforestación, que pone a disposición mapas satelitales para respaldar las evaluaciones de riesgo, aunque su uso no es obligatorio. La iniciativa “Team Europe” complementa con cooperación técnica y 70 millones de euros en asistencia directa a países socios.
La primera revisión del sistema de clasificación está prevista para 2026. Hasta entonces, los países exportadores deberán acelerar la adecuación de sus sistemas productivos para asegurar el acceso al mercado europeo, cada vez más exigente con el origen de lo que consume.
