En INAC creen que los compromisos ambientales “cercenan” la ganadería

Integrantes de la cadena consideran que el cumplimiento de las metas llevaría a un estancamiento o caída del stock vacuno, por un beneficio escaso en quita de intereses

En la del Instituto Nacional de Carnes (INAC) hay profunda preocupación por el efecto que podrían tener los compromisos ambientales firmados por Uruguay en el futuro de la cadena cárnica, generando un estancamiento o caída de la producción e impidiendo el cumplimiento de su plan estratégico. Fuentes consultadas, tanto del sector productivo, como industrial y técnicos, aseguraron a Agro de Búsqueda que el país está “cercenando” su producción y desarrollo, a cambio de beneficios muy acotados en términos económicos. 

Se planteó que cumplir las metas ambientales le generaría al país un beneficio de apenas US$ 12 millones en quitas de intereses, mientras que lograr los objetivos del plan estratégico del INAC permitiría incrementar la facturación en US$ 1.000 millones.

Primer compromiso 

Todo comenzó en 2017, cuando Uruguay suscribió la primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN1), que tenía como objetivo atender las disposiciones establecidas en el Acuerdo de París y promover la adaptación y mitigación en Uruguay bajo la Política Nacional de Cambio Climático. 

El Acuerdo de París establece que las partes presentarán cada cinco años sus CDN, detallando los esfuerzos que se plantea realizar en términos de mitigación y adaptación, así como las necesidades de apoyo (desarrollo de capacidades, transferencia de tecnologías y financiamiento) para alcanzar el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, para reducir los riesgos y efectos adversos del cambio climático.

Allí se planteó reducir 32% las emisiones de metano (CH4) y 34% las emisiones de óxido nitroso (N2O) de la producción de carne por unidad de producto (carne vacuna en peso vivo) con respecto a 1990. 

Los objetivos tenían una base relativa, o sea que estaban ligados a la eficiencia de producción, ya que la huella ambiental se medía en relación al kilo producido. Dicho de otra forma, eran considerados menos contaminantes aquellos sistemas de producción más eficientes, que producían más carne en menos tiempo, aumentando la tasa de extracción. Aquel compromiso fue considerado lógico por parte de los actores de la cadena cárnica de Uruguay.

Segundo compromiso

Pero en 2022 se presentó la CDN2, con características que generaron gran preocupación en el sector. Con un horizonte temporal a 2030, el gobierno uruguayo planteó que los objetivos específicos de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a la producción de carne vacuna cubren el 62,1% de las emisiones brutas de GEI. En CH4 el objetivo es reducir 35% la intensidad de emisiones por unidad de producto (de carne vacuna en peso vivo), y reducir 36% las emisiones de N2O. 

La discordia

En este segundo compromiso voluntario Uruguay se compromete a reducir las emisiones en términos absolutos, pero en la cadena cárnica se considera que el techo de desarrollo planteado es “muy bajo”, ya que podría permitir que la producción cárnica de Uruguay solo creciera en unas 50.000 toneladas. 

Además, se advierte que la CDN2 toma como base el stock ganadero de 2019, el menor de los últimos años en Uruguay. Por lo tanto, se plantea que este compromiso está hecho sobre la base de una proyección que limita o disminuye el stock vacuno del país. 

“Son decisiones que toman tecnócratas en una oficina, sin siquiera hacer un análisis de lo que esto implica para la economía nacional o el desarrollo del Uruguay”, dijo una de las fuentes consultadas. Mientras que otra consideró que se tomaron decisiones de forma apresurada, sin medir las consecuencias que esto podría generarle al sector y al país. 

Desde la cadena cárnica sostienen que estos compromisos ambientales “ofrecen muy poco a cambio”. Se estima que los descuentos que obtendría Uruguay en intereses financieros significarían unos US$ 12 millones, mientras que alcanzar los objetivos del plan estratégico del INAC generaría unos US$ 1.000 millones extras en facturación al país. “Creo que el Ministerio de Economía estuvo mal asesorado en este tema”, opinó una de las fuentes.

Plan estratégico de INAC

El objetivo general del plan estratégico del INAC, elaborado durante la presidencia de Fernando Mattos –actual titular del MGAP–, es “la defensa y promoción del sector”, por su “positivo aporte a la calidad de vida de las personas que procuran una dieta saludable, y también por su amplia contribución a la sociedad en los aspectos económicos, sociales y ambientales”. 

En ese marco se establece que “se buscará expandir la producción de carnes, respetando sus compromisos ambientales internacionales, desde los niveles actuales, de 700.000 toneladas, hasta un nivel de equilibrio de 1 millón de toneladas en 10 años (2021-2030)”.

Metidos en una trampa 

El Acuerdo de París establece que las CDN deben presentarse cada cinco años –Uruguay deberá elaborar su CDN3 para presentarla en 2027– y además de ser un compromiso voluntario es incremental. Uruguay tiene un sistema de producción con muy pocas emisiones, que significan apenas 0,03% del total a nivel global, pero el 75% de esas emisiones corresponden al sector agropecuario, por sus características de país no industrializado. 

Productores e integrantes de la industria frigorífica consideran que “esto es una trampa”, porque de esta forma el país “accede a cercenarse la única fuente legítima de generación de riqueza”, integrada por la ganadería, la agricultura y la forestación. 

“Preocupa que nos hayamos cercenado con una cuestión vinculante. Porque antes si no se llegaba no había problema, pero ahora si no se logran los objetivos no se accede a la quita de intereses y además se compromete la imagen del país. Nos cercenamos la única fuente de riqueza legítima, mientras que las grandes potencias no asumen estos compromisos”, dijo una de las fuentes consultadas. 

Falta discusión 

Desde el gobierno afirman este proceso fue desarrollado en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y contó con una etapa de consulta pública y un proceso implementado a través de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital, diseñado e implementado para articular un conjunto de acciones orientadas a potenciar la participación e involucramiento de los actores y sectores, y a lograr una mayor ambición y compromiso en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Sin embargo, varios integrantes de la cadena cárnica reclaman que debió haberse dado “una base de discusión más amplia” y una consulta pública sobre estos temas que consideran “relevantes” y que no solo afectan al sector sino a toda la sociedad, por su aporte a la economía. 

Si bien se considera que “las intensiones son muy buenas”, porque “es positivo” que Uruguay se muestre como un país responsable en el desarrollo de una producción agropecuaria sustentable, “hay que saber cómo poner las bases sobre las que nos vamos a proyectar”, en referencia a que se tomó como punto de partida el año de menor stock ganadero. 

Por otra parte, también se reclamó que estas decisiones se tomaron “de espaldas a un plan estratégico”, en referencia a la hoja de ruta del INAC. 

Función del INAC

El INAC es un organismo asesor del Poder Ejecutivo en materia de políticas cárnicas, pero se considera que en estos temas hay un área gris, ya que no siempre se piensa en ese instituto cuando se habla de temas ambientales. A propósito, varios de sus integrantes consideran que en estos asuntos vinculados con el impacto ambiental que afectan a la política ganadera debió haberse consultado al organismo. 

“La función del INAC es la construcción de visiones compartidas entre los principales agentes económicos de la cadena, para formular, asesorar y ejecutar políticas sectoriales que mejoren la competitividad de las empresas, contemplando el contexto macroeconómico vigente”, se establece en el plan estratégico.

Bonos verdes

En octubre de 2022 Uruguay realizó la primera emisión de bonos soberanos asociados a indicadores ambientales, que alinean la estrategia de financiamiento público con los compromisos nacionales de sostenibilidad y desarrollo económico bajo en carbono. 

En ese momento el gobierno destacó que “pese al contexto de incertidumbre a nivel global, Uruguay logró conseguir financiamiento a gran escala, a plazo intermedio, con un instrumento innovador y que fortalece los compromisos y el posicionamiento del país en cuanto a los objetivos y acciones de política para la sostenibilidad ambiental”.

Las metas de los indicadores propuestos se refieren al año objetivo 2025, que corresponde al plazo de vigencia de la CDN1 de Uruguay. La emisión total fue por US$ 1.500 millones, de los cuales US$ 1.000 millones fueron a cambio de efectivo y los restantes US$ 500 millones se destinaron a recomprar otros títulos con vencimientos próximos en el tiempo (2024, 2027 y 2031). La demanda total por el instrumento fue casi tres veces mayor a la esperada.

Nota de Revista Verde N°111