Países de la UE acuerdan aplazar un año la aplicación de la ley contra la deforestación y aprueban simplificaciones

Los gobiernos de los países de la Unión Europea decidieron este miércoles 19 de noviembre aplazar por un año la aplicación del Reglamento de la UE contra la Deforestación (EUDR), en medio de las negociaciones climáticas de la COP30 en Belém. Se trata del segundo aplazamiento de esta normativa, cuya implementación genera preocupación entre gobiernos y empresas por la complejidad técnica y operativa de sus requisitos.
Según comunicó el Consejo Europeo, la aplicación del EUDR para operadores medianos y grandes quedará fijada para el 30 de diciembre de 2026, mientras que para las pequeñas y microempresas el plazo se extenderá hasta el 30 de junio de 2027. La prórroga aprobada supera la propuesta de la Comisión Europea, que había recomendado solo seis meses, y fue impulsada por Alemania y Dinamarca, con el apoyo de Francia. Bélgica, Países Bajos y España votaron en contra, de acuerdo con información de Euractiv.
La normativa exige que las empresas que venden soja, carne vacuna, madera, café, cacao y caucho, así como sus derivados, demuestren mediante procesos de debida diligencia que los productos no provienen de áreas deforestadas después de 2021. Sin embargo, el sector privado había manifestado dificultades para cumplir con los plazos, sumado a problemas en el sistema informático previsto para procesar las declaraciones de debida diligencia, según informó Globo Rural.
El Consejo deberá ahora negociar con el Parlamento Europeo para que el aplazamiento quede aprobado antes de la fecha límite vigente —30 de diciembre de 2025—. Según Euractiv, la propuesta será votada por el Parlamento la próxima semana.
Además del aplazamiento, los países de la UE acordaron introducir simplificaciones. Determinaron que la obligación de presentar documentos de debida diligencia recaerá únicamente en los operadores que introducen los productos por primera vez en el mercado europeo, evitando así que fabricantes y comerciantes tengan que presentar declaraciones por separado. Los operadores iniciales deberán conservar y transmitir el número de referencia de la declaración original. Para pequeñas y microempresas, se prevé una declaración simplificada.
El Consejo también estableció que la Comisión Europea deberá reevaluar el impacto del EUDR sobre los operadores, especialmente los más pequeños, y presentar antes del 30 de abril de 2026 una propuesta legislativa con ajustes si fueran necesarios.
La decisión generó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas. Desde Mighty Earth, Isabel Fernández calificó el aplazamiento como “una escandalosa propuesta”, y afirmó que podría permitir la destrucción de otras 70.000 hectáreas de bosques, en momentos en que la UE participa activamente en las discusiones climáticas de la COP30 en Brasil.


