María Dolores agudiza la polarización entre oficialismo y oposición, tras cruce entre Viera y Da Silva
La sesión del Senado del miércoles 14 de agosto, en la que se interpelaba al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra del establecimiento María Dolores que concretó el Instituto Nacional de Colonización, fue suspendida tras un incidente entre los senadores Nicolás Viera (Frente Amplio) y Sebastián Da Silva (Partido Nacional), que derivó en el levantamiento de la instancia.
El Frente Amplio resolvió suspender la sesión por desorden, lo que impidió que se votara la moción para declarar insatisfactorias las explicaciones del ministro.
En un comunicado, la bancada frenteamplista expresó su “total respaldo y solidaridad” con Viera, a quien acusó de haber sido “increpado y agraviado con insultos homofóbicos” por Da Silva, y condenó “estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario”.
Además, anunció que evaluará todas las acciones parlamentarias previstas en el Reglamento y en la Constitución para denunciar lo ocurrido.
Por su parte, las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron su “más enérgico rechazo” a la conducta de Viera, a quien acusaron de provocar directamente la reacción de Da Silva y “alterar el normal desarrollo de la sesión”.
Calificaron la suspensión como una decisión que “no se ajusta a los antecedentes ni a las prácticas históricas” de la Cámara de Senadores y reafirmaron su compromiso con el derecho de los senadores a debatir y votar “sin que provocaciones o maniobras dilatorias” obstaculicen la labor constitucional.
Desde el Partido Nacional señalaron que “provocaciones o maniobras dilatorias obstaculizan el cumplimiento de nuestra labor constitucional” y que “la suspensión no se ajusta a las prácticas históricas del Senado”.
Por su parte, el Frente Amplio afirmó que “es inadmisible que en el año 2025 un senador amedrente y agravie en Sala con insultos homofóbicos” y que “estas prácticas violentas y discriminatorias atentan contra la calidad del diálogo político en el Uruguay”.
