Fondos ganaderos impulsan cambios regulatorios en el BCU; proponen nuevos instrumentos de inversión
El Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley que modifica su Carta Orgánica con el objetivo de fortalecer la protección del inversor y crear un marco más dinámico y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos.
El principal cambio es la ampliación del perímetro regulatorio, de modo que el BCU pueda supervisar a entidades que, sin emitir valores, capten recursos del público ofreciendo una rentabilidad futura gestionada por un tercero. La idea es cerrar vacíos que permitieron la existencia de esquemas financieros fuera del control oficial, como los llamados “fondos” ganaderos.
En materia de supervisión, la iniciativa refuerza las potestades de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), que podrá exigir información con atribuciones similares a la Dirección General Impositiva, realizar inspecciones sin que sea oponible el secreto profesional, y ordenar el cese inmediato de actividades irregulares o de campañas publicitarias que promuevan la captación de fondos.
El anteproyecto también contempla un marco sancionatorio específico para proteger el ahorro público frente a quienes operen fuera del perímetro regulatorio o tomen depósitos sin contar con licencia adecuada.
Junto con la regulación, el BCU plantea una estrategia de comunicación y educación financiera que incluye campañas digitales en redes sociales, un micrositio educativo sobre inversiones y cursos e-learning. El objetivo es informar de forma oportuna y prevenir conductas fraudulentas, promoviendo decisiones de inversión más seguras.
Otro aspecto clave es la incorporación de nuevos vehículos de inversión, entre ellos las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding), los contratos de inversión para inversores calificados, y un régimen escalonado de oferta pública —simplificado y general—. Además, se prevé habilitar fondos de inversión cerrados como alternativa para canalizar capital hacia proyectos productivos.
La estrategia, según el documento, busca consolidar un mercado de valores más profundo y escalonado, que combine adaptación a la realidad nacional, eficiencia de costos, mayor protección al inversor y la eliminación de vacíos regulatorios.
