ARU reclama un análisis profundo de la institucionalidad agropecuaria

Propone una revisión periódica de los distintos institutos, para realizar los ajustes que requieran, atendiendo las necesidades de la producción, con énfasis en la transferencia.

La Asociación Rural del Uruguay (ARU), sostiene su propuesta de hacer una revisión profunda sobre el funcionamiento de la institucionalidad agropecuaria. “Siempre estuvimos arriba del tema de la institucionalidad. Desde hace un tiempo pretendemos que se haga un análisis, que no necesariamente quiere decir que entendamos que haya cambios necesarios para hacer”, dijo a VERDE el presidente de esa institución, Gonzalo Valdés. 

Plantean que se haga un análisis “para ver cuál es la situación de la institucionalidad en Uruguay, siguiendo lo que hacen los países con los que competimos, como Australia y Nueva Zelanda, que tienen actualizaciones periódicas de sus instituciones, con evaluaciones para realizar los ajustes que correspondan”, explicó.

Valdés sostuvo que “la institucionalidad uruguaya tiene muchos años, y si bien no tenemos puntos concretos donde podría ser actualizada, entendemos que necesita un profundo análisis y lo conversamos con las autoridades”. 

El presidente de ARU recordó que “cuando asumió Fernando Mattos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), planteó un análisis y un plan estratégico. Tomamos como una buena noticia ese análisis del MGAP y de la institucionalidad, así como el plan estratégico. Es un proceso largo, que no es fácil de resolver a corto plazo. No tenemos novedades de su inicio, pero hemos tenido reuniones e hicimos planteamientos de algún análisis, para hacer un estudio con profesionales externos. Estamos esperando noticias”. 

Esos planteos consistían en formar un equipo entre quienes integran la gobernanza de los institutos, el MGAP y las instituciones que tienen gobernanza. “Las gremiales que tienen delegados pueden aportar personas que hayan estado vinculadas en los últimos tiempos, que pueden hacer muy buenos aportes, buscando alguna figura profesional, experta en temas de reorganización, para hacer ese análisis que nos va a permitir tener determinadas conclusiones y tomar medidas”.

Al ser consultado sobre si hay demasiadas instituciones en el agro uruguayo, el dirigente respondió que “no se trata de cantidad, no es un número. Lo primero que pretendemos es que no haya superposición de acciones entre las instituciones. Hay que buscar eficiencia, basar esa eficiencia en austeridad de gastos y lograr que el trabajo de cada una de esas instituciones llegue a los productores”.

Enfatizó que “los productores son quienes aportan gran parte de los fondos para el presupuesto de las instituciones” y por eso es fundamental que todas las investigaciones y tecnologías “tengan un alto grado de extensión en territorio”. 

Sobre la brecha tecnológica entre la investigación y lo que les llega a los productores, analizó que varía dependiendo del rubro productivo. Destacó que hay sectores que tienen mayor cercanía con la investigación, otros que no la tienen y otros que están a medio camino.

“Venimos de un tiempo en el que la investigación se basó puramente en trabajos a publicar. El objetivo era tener un artículo científico (paper) publicado en una revista internacional. Está muy bien que se hagan esas investigaciones, pero es importante que los resultados lleguen al sector productivo, a través de trabajos de extensión”, reclamó Valdés.

Consultado sobre cuáles son los rubros con mayor y menor nivel de transferencia de tecnología, señaló el arrocero, por su fuerte interacción con la investigación; y en el otro extremo puso a la agricultura de secano, donde los productores no reciben investigación suficiente de la institucionalidad, sino más bien  de las empresas privadas. “Eso también hace cuestionarse cuáles son los programas que se justifican que existan y cuáles no”, agregó. 

Sostuvo que “dentro de todos los planes de extensión e investigación hay muchas cosas que hay que poner en la balanza y ver si se justifica seguir haciéndolas”.

En cuanto a la ganadería, dijo que “tiene cierta cercanía con la investigación. Estas directivas del INIA y del Plan Agropecuario se alinearon un poco más para hacerle llegar la investigación ganadera a los productores. Están en eso, viene mejorando el aspecto de transferencia, pero esta mejora no quita que mantengamos la idea de revisar”. 

Analizó que en ganadería “está la parte genética, que está muy bien llevada; la parte de investigación con el rodeo de la estación De palo a pique, en Treinta y Tres, está muy bien. Pero todos los resultados de esas investigaciones tienen que llegar al productor”.

También señaló que la pandemia generó un mayor uso de las herramientas de comunicación a distancia, con las transmisiones de conferencias por Zoom, YouTube y demás plataformas. “Se generó mucha actividad virtual, que tuvo un buen alcance. Es una de las formas de comunicación que se puede utilizar más”, planteó el presidente de ARU.

El INBA, un capítulo aparte

La Ley de Urgente Consideración creó el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). “Hasta el momento no se han visto acciones suficientes. Somos conscientes de que hubo un bloqueo muy importante por las diferencias que mantuvo la comisión directiva del INBA con el director ejecutivo (Gastón Cossia), que posteriormente renunció. Pero llegó el momento de actuar”, enfatizó Valdés.

Cuando VERDE consultó al presidente de ARU, las gremiales agropecuarias preparaban una reunión con la presidente del INBA, Marcia del Campo, y sus delegados, con el objetivo de “ponernos en acción y empezar a ver resultados en esto que tanto nos aqueja, que es la problemática de los perros. Queremos empezar a ver resultados”, insistió Valdés.

Si bien la función del INBA es el bienestar animal, tanto de animales de compañía como productivos, “el problema que aqueja a Uruguay es la amenaza que tienen los animales productivos. La junta directiva del INBA está con unanimidad, firme sobre este tema”, valoró el presidente de ARU. 

La especie más amenazada es la ovina, y debe ser prioridad, pero al mismo tiempo hay que trabajar en la tenencia responsable de los perros y animales domésticos, afirmó. 

Y agregó que tampoco hay que olvidar que el INBA tiene otras tareas, como el bienestar animal en los sistemas de producción. “Ahí ya no estamos hablando de un animal que ataca al otro, sino del bienestar animal a nivel de campo, de faena, de traslado, que es otra fase, que todavía no entramos ni a pensarla”, planteó.

Erradicación de la mosca de la bichera

De parte de ARU “queda absolutamente descartado crear un nuevo organismo para gestionar la campaña de erradicación de la mosca de la bichera. Siempre estuvimos en contra de esa propuesta”, sostuvo Valdés. Y agregó que “hoy, por suerte, tenemos entendido que el MGAP no lo tiene previsto”. 

Comentó que está planteado que será un programa que funcionará dentro del MGAP. “A fin de año se llegó a un acuerdo sobre la parte técnica, y ahora estamos analizando el financiamiento y la gobernanza”, informó. 

Las gremiales solicitaron al MGAP que les informe concretamente cuál es el presupuesto que necesita la ejecución del programa, para que puedan trabajar en determinar cuáles serán las fuentes de financiamiento. 

“Aún no acordamos cómo se financiará,  porque no sabemos cuánto dinero se necesita.  Siempre se habló de entre US$ 40 y US$ 45 millones, pero hubo modificaciones en el plazo. Se mantendrá la barrera sanitaria más allá de la dispersión de moscas en todo el país. En el entendido de que el proyecto fuera exitoso y se lograra erradicar la mosca, tendrá que haber una barrera permanente en la frontera, hasta que Argentina y Brasil se unan al programa. Y todo eso va a influir en el presupuesto”, explicó el dirigente gremial.

Pero desde ARU descartan la opción del aporte del 1% de la venta de semovientes. “Entendemos que dentro de los aportes que hacemos los productores rurales, aún más ahora que aumentó mucho el ingreso de divisas por la exportación de carnes y la recaudación es cada vez mayor, ya se nos cobra lo suficiente a los productores como para destinar a este programa”, sostuvo. 

Valdés consideró que mejorando la gestión de toda la institucionalidad se pueden conseguir esos recursos. “Siempre pensamos primero en el Instituto Nacional de Carnes (INAC), porque tiene muchos recursos y además está muy bien gestionado; pero también hay recursos en INIA; en el Fondo de Enfermedades Prevalentes, que fue pésimamente manejado en el gobierno anterior, se fueron fortunas y hoy eso se está corrigiendo; también está el Fondo de Inspección Sanitaria. Son muchos los aportes de los productores, y en varios rubros, donde un presupuesto de US$ 40 o US$ 45 millones en cinco años podrían ser soportados perfectamente”, detalló.

En cuanto a la gestión de esa campaña sanitaria, expresó que ARU está abierta a la propuesta que le haga el MGAP. “No tenemos una opinión al respecto porque no tenemos una propuesta”, concluyó Valdés.

Nota de Revista Verde N°99