FR advierte por desequilibrios en inversiones, pérdida de competitividad y reclama cambios en la gobernanza del INIA
El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, analizó el nuevo decreto del Régimen General de Promoción de Inversiones y señaló que “si bien se trata de una herramienta necesaria en el actual contexto económico, deja en evidencia fuertes desequilibrios entre el estímulo a las grandes inversiones y la situación de las empresas medianas y chicas del país”.
Normey sostuvo que el régimen tiene como contracara la falta de competitividad estructural que enfrenta Uruguay, lo que obliga a recurrir a incentivos especiales para atraer inversiones. El análisis fue realizado en el programa Punto de Equilibrio en Carve y verdenews.com.uy.
En ese marco, cuestionó que los grandes proyectos —generalmente de capital extranjero y con montos superiores a US$ 30 millones— accedan a exoneraciones del 100% del IRAE, mientras que el resto del entramado productivo nacional continúa enfrentando una alta presión fiscal que limita su capacidad de invertir. “Eso genera una sensación de injusticia y de desequilibrio”, afirmó.
Dentro del capítulo de competitividad, el dirigente puso el foco en el comportamiento del precio del gasoil durante 2025, al que calificó como una de las principales preocupaciones del sector productivo.
Durante 2025, el precio internacional del petróleo cayó 22%, mientras que el precio de paridad de importación del gasoil bajó 23%, en línea con esa evolución. Sin embargo, el precio del gasoil en Uruguay apenas descendió 2% en todo el año, puntualizó.
Para Normey, esta diferencia evidencia un desacople que termina trasladándose como un sobrecosto al sector productivo. “Empezamos otra vez con una situación en la que el productor paga un sobreprecio que no corresponde, asociado a ineficiencias que terminan siendo un lastre directo para la competitividad”, señaló.
Por último, el presidente de la Federación Rural se refirió a la situación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y recordó que el espíritu original del instituto establecía un esquema de financiamiento: 50% productores y 50% Estado, que comenzó a desvirtuarse a partir de 2012.
Explicó que actualmente los productores aportan entre 60% y 70% de los recursos, mientras que la contribución estatal queda claramente por debajo del 50%. “Con el agregado que en la Ley de Presupuesto se plasma que durante este periodo de gobierno, INIA recibirá en torno al 30% del Estado y en torno a 70% de los productores”.
En ese contexto, Normey planteó que si no se restablece el equilibrio original en los aportes, debería avanzarse en un cambio en la gobernanza del INIA, otorgando doble voto a los representantes de los productores en la Junta Directiva. “Cuando los productores aportan cerca del 70% de los recursos, es lógico que tengan mayor peso en las decisiones”, sostuvo, y aclaró que esta modificación requeriría un cambio legal y un acuerdo parlamentario.
Desde la Federación Rural afirmó que seguirán impulsando estas discusiones. “Si hay aunque sea un 1% de chances, la vamos a pelear, porque estamos para defender a los productores”, concluyó.
Escuche a Rafael Normey
