Promoción de inversiones: riego se sostiene, encalado desaparece, se incentiva campo natural y genética

El Poder Ejecutivo reglamentó el nuevo decreto del Régimen General de Promoción de Inversiones, que fue publicado el jueves 8 de enero en la web de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), junto con los criterios generales que regirán los proyectos que se presenten al amparo de la Ley de Promoción de Inversiones. El Decreto Nº 329/025 comenzará a regir a partir del 1º de febrero, con un período de transición que se extenderá hasta el 30 de abril.

El nuevo decreto introduce numerosos cambios respecto al régimen anterior y “no puede calificarse en términos generales como mejor o peor, ya que su impacto dependerá de cada proyecto en particular”. En algunos casos, las modificaciones pueden resultar favorables, mientras que en otros implican mayores restricciones frente al esquema previo, indicó el contador Juan Dalmás, director del Estudio Terrasol, en el programa Punto de Equilibrio de Carve y verdenews.com.uy

Uno de los cambios más relevantes se da en materia de inversiones elegibles, ya que el nuevo régimen reduce el horizonte para incorporar inversiones futuras de 10 a 5 años, lo que acota sensiblemente el plazo disponible para estructurar los proyectos. Además, en el caso de inversiones ya realizadas, “solo podrán computarse aquellas efectuadas en los últimos seis meses, con un tope del 20% del total del proyecto, cuando anteriormente se admitían todas las compras realizadas dentro del ejercicio”. Desde este punto de vista, indicó Dalmás, el cambio resulta claramente “más restrictivo”.

En contraste, el nuevo decreto introduce “mejoras para las pequeñas y medianas empresas”. Las pequeñas empresas, definidas como aquellas con menos de 19 empleados y una facturación inferior a US$ 1,5 millones, pasan de contar con un beneficio adicional del 10% al 15% de exoneración del IRAE.

A su vez, por primera vez se incorpora un beneficio específico para las empresas medianas, con menos de 50 empleados y hasta US$ 12 millones de facturación, que accederán a un 10% adicional de exoneración, “algo que no estaba contemplado en el régimen anterior”, acotó.

En tanto, el decreto también crea un beneficio particular para los proyectos de gran dimensión, aquellos que superan los US$ 29 millones de inversión. En estos casos, las inversiones realizadas por encima de ese monto podrán acceder a una exoneración del 100% del IRAE, siempre que se ejecuten antes del 31 de diciembre de 2029. Si bien el beneficio “es relevante, el plazo para concretar las inversiones queda claramente acotado”.

En cuanto a los indicadores, Dalmás informó que el empleo continúa siendo uno de los ejes centrales del régimen, aunque “con cambios significativos”. El compromiso de generación de empleo pasa de tres a cinco años, lo que eleva la exigencia para las empresas. Como contrapartida, “se otorgan puntos adicionales cuando la contratación se orienta a colectivos vulnerables, como jóvenes menores de 29 años, mujeres, personas con discapacidad y exreclusos”.

Respecto a la descentralización territorial, Dalmás señaló que, “si bien el objetivo de promover inversiones fuera de Montevideo se mantiene, el nuevo esquema otorga menos puntaje ponderado en todos los departamentos” en comparación con el decreto anterior. Montevideo directamente no puntúa, y en el resto del país la ponderación es inferior, lo que implica un efecto negativo frente al régimen previo.

Uno de los puntos que generó mayor sorpresa fue la exclusión del encalado de suelos como indicador de los proyectos de inversión. El nuevo decreto “elimina completamente este componente”, que deja de generar puntos o beneficios fiscales, pese a que existían señales previas de que sería mantenido o incluso reforzado. En este contexto, Dalmás recomendó que “los productores que estén evaluando proyectos con encalado los presenten antes de que el nuevo régimen quede plenamente operativo”.

En contraste, el riego se mantiene dentro del esquema de beneficios, con condiciones muy similares a las del decreto anterior e incluso, en algunos casos, “algo más favorables. A mayor peso de la inversión en riego dentro del proyecto, “mayores serán los beneficios fiscales, con un impacto positivo adicional para las pymes”, resaltó Dalmás.

El nuevo decreto comenzará a regir el 1º de febrero, aunque establece un período de transición hasta el 30 de abril, durante el cual los proyectos podrán optar por presentarse bajo el régimen anterior o el nuevo, “lo que sea más beneficioso”. Además, los proyectos presentados desde el 1º de agosto de 2025 tendrán la posibilidad de migrar al nuevo decreto “si les resulta más conveniente”, acotó el especialista.

Entre otras novedades, el decreto incorpora puntos adicionales para la protección del campo natural, cuando más del 50% del predio se mantenga bajo esa condición por al menos tres años, y suma incentivos específicos para la cría ganadera, habilitando proyectos orientados a inversiones en genética, como semen y toros, “cuando tengan como objetivo la mejora en la tasa de nacimientos o aumento del rodeo de cría”.

Finalmente, el director del estudio Terrasol informó que desaparece la matriz simplificada, por lo que todos los proyectos “deberán presentarse en adelante bajo el régimen general”.

Escuche a Juan Dalmás